Patrick trabaja detrás del mostrador de la carnicería Clooney Meats, en la zona protestante de Londonderry (Derry, para los católicos), Irlanda del Norte. No se puede ser más británico, con su sombrero de paja y delantal a rayas, como todos los carniceros del Reino Unido que se precien de su oficio. El más indicado, sin duda, para opinar sobre la “guerra de las salchichas” que ha enfrentado a Londres y Bruselas en los últimos meses. La renegociación del Protocolo de Irlanda, que ha vuelto a agriar sobremanera la relación entre los dos bloques.
–”¿Guerra? ¿Qué guerra? Si todos nuestros productos son locales”, se extraña ante la pregunta.
–¿No les ha afectado en nada el protocolo?
–”Eso más bien habría que preguntárselo a los de la acera de enfrente, los del supermercado Tesco”, sugiere.
Los problemas en torno al protocolo, que amenazan ahora con desatar una guerra comercial entre Londres y Bruselas, y con despertar de nuevo en las calles de Irlanda del Norte la violencia sectaria, empezaron realmente con fricciones muy prosaicas, casi irrelevantes. Con el Brexit, la República de Irlanda se convirtió en el único territorio comunitario fronterizo con el Reino Unido (Irlanda del Norte, al noreste de la isla, es británica). Había que preservar el preciado mercado interior de la UE sin volver a establecer en Irlanda una frontera dura que pusiera en peligro la paz alcanzada en el Acuerdo de Viernes Santo de 1998.
Los ciudadanos de la isla atraviesan cada día una frontera invisible que evita el recuerdo de la partición y alimenta la agradable ficción de que todos son, simplemente, irlandeses. A cambio, el Protocolo de Irlanda, un documento anejo al Acuerdo de Retirada de la UE –y con la misma fuerza legal de tratado internacional– estableció que Irlanda del Norte permanecería dentro del espacio aduanero y el mercado interior de la UE. La nueva frontera, los nuevos controles aduaneros, se fijarían en el mar de Irlanda, el espacio de agua que separa a Irlanda de Gran Bretaña.
Fue cuando las grandes cadenas de supermercados británicas, como Tesco, descubrieron los farragosos trámites aduaneros que debían realizar para enviar productos y llenar las estanterías de sus establecimientos en Irlanda del Norte, cuando comenzaron los nervios y las protestas. O cuando el Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés) experimentó dificultades para enviar a sus instalaciones norirlandesas algunos medicamentos genéricos. “Es verdad que el Protocolo presentó desde el principio algunos problemas a la comunidad empresarial, como ha reconocido la Comisión Europea. Por eso [Bruselas] ha presentado propuestas de flexibilidad muy importantes –para evitar problemas o dificultades inesperadas con productos como los alimentos o las medicinas–, a la vez que protege el mercado interior de la UE”, señala a EL PAÍS Thomas Byrne, secretario de Estado irlandés para Asuntos de la UE. “Por cierto, el acceso a ese mercado interior es muy importante para Irlanda del Norte”, recuerda.
Todo eso se lo intentaba explicar esta semana a los diputados unionistas norirlandeses con los que se reunió en el Instituto Tecnológico de Dundalk, una ciudad pegada a la frontera –si uno se deja llevar por el mapa– o a medio camino entre Dublín y Belfast –si uno se contagia de la mentalidad de los isleños–. El Ejecutivo irlandés intervino con habilidad hace poco más de una semana para que las negociaciones entre Londres y Bruselas no se fueran por la borda. El Gobierno de Boris Johnson, más llevado por la ideología que por el pragmatismo, despreció la generosa oferta de Bruselas, se sacó de la manga una nueva excusa y amenazó con suspender unilateralmente el Protocolo, a través de una interpretación forzada de su artículo 16.
La excusa era ahora el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Según Downing Street, una injerencia de un tribunal “extranjero” en soberanía británica. El Protocolo deja claro que el TJUE es el encargado de supervisar su aplicación en territorio norirlandés. “Ningún empresario en Irlanda del Norte había puesto sobre la mesa hasta ahora esta cuestión”, señala Byrne. “Irlanda del Norte tiene acceso al mercado interior, y el TJUE es parte integral de ese mercado interior. Pero en ningún momento se ha planteado que el tribunal pueda tener alguna jurisdicción en asuntos meramente norirlandeses. Confío en que no se convierta en el escollo de las negociaciones, porque no sería práctico”.
Práctico o no, el Protocolo se ha convertido en el caballo de batalla de los partidos unionistas norirlandeses. Consideran que la frontera del mar de Irlanda les aleja aún más del Reino Unido, creen que Londres les ha traicionado, amenazan con abandonar las instituciones de Gobierno autónomo si no se elimina el tratado, y utilizan una retórica salvaje que ha contribuido a que regrese a las calles, sobre todo en las zonas protestantes, el vandalismo juvenil y sectario.
En Shankill Road, la calle que simboliza como ninguna la resignación actual de la población protestante de Belfast, se percibe un especial abandono y pobreza. Carteles contra el Protocolo adornan sus paredes. En la oficina de ACT Initiative, la organización creada para rehabilitar en la sociedad a los “excombatientes unionistas” tras décadas de violencia sectaria, se ha comprado también la idea de la traición. “Para la gente, los problemas del día a día en la calle son mucho más importantes que lo que diga un documento que no van a leer. Es mucho más relevante el hecho de que no lleguen las medicinas, que los productos de los almacenes Mark&Spencer tengan que someterse a decenas de controles, o que las estanterías de los supermercados estén vacías”, explica Ian Shanks, coordinador de proyectos de la asociación. “Para mucha gente, todo esto es la gota que ha colmado el vaso. Su identidad ya estaba siendo usurpada por los nacionalistas republicanos, que cada vez impulsan más la idea de la unificación. Para los que votaron a favor del Brexit, era una cuestión muy simple: permanecer en la UE o salir. Que esta situación dure ya más de cinco años, y se siga prolongando, no hace más que generar nueva frustración, más rabia”.
Es la rabia que lleva a los jóvenes a quemar contenedores o autobuses en Shankill Road (Belfast), o Waterside (Derry). “Ni desprecio ni quiero ser condescendiente con los responsables de ese vandalismo, pero nadie va a convencerme de que esas personas se han puesto a quemar autobuses después de analizar minuciosamente los artículos del protocolo y detectar problemas constitucionales concretos”, ironiza John Finucane, diputado autónomo del Sinn Féin en la circunscripción de Belfast Norte. Este partido tiene cada vez más posibilidades de ser el más votado en las dos Irlandas. Ha sido una cuestión demográfica -hay cada vez más católicos que protestantes-. También coyuntural: casi un cuarto de siglo de paz ha borrado de la memoria de una nueva generación que el Sinn Féin era el brazo político de la organización terrorista IRA. Y de estrategia: la formación se opuso al Brexit pero abrazó las ventajas que ofrecía el Protocolo. “Creo que hay cuestiones de fondo que tienen que ver con privaciones económicas y sociales, y que el protocolo se está usando de un modo muy cínico para alimentar la tensión”, señala Finucane.
No tiene la menor duda al respecto Paul Dawney, uno de los coordinadores del centro juvenil Our Space, en Derry. Cree que son las organizaciones paramilitares protestantes, que aún perviven, las que están azuzando a los jóvenes para que ardan las calles. “Es lo de siempre, no soportan que el pasado se les vaya de las manos, y cualquier excusa es buena para recuperarlo”, dice.
Londres y Bruselas se han dado una nueva oportunidad para intentar negociar una solución práctica. El Gobierno de Johnson ha rebajado su retórica y la UE ha aparcado, de momento, la amenaza de una guerra comercial que nadie beneficiaba. En las próximas semanas -hay un consenso en que las Navidades son la fecha límite-, se verá si impera el pragmatismo, o si el fanatismo del Brexit vuelve a agitar la siempre inestable Irlanda del Norte.
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