El cambio de la política penitenciaria puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez tras la disolución de ETA en mayo de 2018 se ha traducido en estos dos años un goteo de acercamientos al País Vasco y concesiones del tercer grado o régimen abierto a presos de la banda armada. Este lunes, el Ministerio del Interior anunciaba los dos últimos. Con ellos, ya son 41 los traslados de reclusos de la organización terrorista a cárceles más próximas al País Vasco, a las que se suman siete semilibertades. En total, 48 presos etarras han visto mejorada su situación en prisión, lo que representa el 22,7% del total de 211 miembros de ETA que permanecen encarcelados en España. De la medida también se han beneficiado dos internos de los GRAPO. En todos los casos, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha comunicado con antelación los movimientos a las asociaciones de víctimas.
En los dos últimos años, unos 120 presos de ETA han presentado escritos en los que acatan la ley con el fin de mejorar su situación penitenciaria. En ellos, reclaman cambiar su actual clasificación penitenciaria del primer grado por el segundo, lo que les permitiría solicitar permisos si cumplen otros requisitos y, sobre todo, optar a ser acercados a Euskadi. Este lunes, el lehendakari y cabeza de lista del PNV en las elecciones autonómicas vascas del próximo 12 de junio, Iñigo Urkullu, planteó en un acto público modificar la política penitenciaria para permitir el acercamiento de los presos a cárceles próximas a sus residencias, incluidos los de ETA. El pasado enero, su Ejecutivo ya pidió el acercamiento de todos los presos etarras a cárceles vascas aunque no hubieran renegado de la violencia terrorista. Interior ha rechazado cualquier acercamiento en masa. Francia, que también emprendió aquel año una flexibilización de la política penitenciaria con los reclusos de la banda, tiene ya en las dos prisiones más próximas a la frontera con España, las de Mont de Marsan y Lannemezan, a 23 de los 35 internos, un 66%.
Los dos traslados anunciados por Interior este lunes son los de Garikoitz Arruarte Santa Cruz y Gorka Lupiáñez Mintegi, y se producen 12 días después de que Interior decidiera una medida similar para otros cuatro presos de la banda terrorista. El primero, encarcelado en 2003 tras el intento de atentado con bomba contra el tren Intercity que unía San Sebastián con Madrid en la Nochebuena de aquel año, será trasladado del Centro Penitenciario de Almería a la prisión de Soria después de que la junta de tratamiento (órgano interno de las cárceles formado por profesionales penitenciarios) propusiera su pase desde el primer grado -el más duro- al segundo, en el que está la mayoría de los presos en España. Según fuentes penitenciarias, en la decisión se ha tenido en cuenta su buen comportamiento en prisión, que firmó un escrito rechazando la violencia y que ha aceptado la legalidad penitenciaria. Condenado a 2.775 años por el homicidio frustrado de los 184 pasajeros de aquel tren, su tiempo de condena efectiva es de 20 años, que cumplirá a finales de 2023.
En el caso de Gorka Lupiáñez, el traslado le va a llevar desde el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) al de Logroño, una de las cárceles que está recibiendo mayor número de presos de ETA beneficiados por la nueva política penitenciaria. En prisión desde diciembre de 2011, debía haber sido excarcelado en octubre de 2019 tras extinguir una primera condena, pero permaneció en prisión preventiva por otros delitos no juzgados. Tras una nueva condena por detención ilegal, robo y tenencia de explosivos, la junta de tratamiento de la cárcel de Topas ha propuesto ahora que sea clasificado en segundo grado (clasificación que ya le concedió el juez de vigilancia penitenciaria en su anterior condena) y su traslado a una prisión cercana a su entorno familiar. Lupiáñez también ha mostrado buen comportamiento en prisión, donde había conseguido un destino laboral. En los últimos años había escrito varias cartas arrepintiéndose de su actividad terrorista y reconociendo el daño y el dolor causado.
Los 211 reclusos de la organización terrorista que permanecen en cárceles españolas (a los que hay que sumar los 35 recluidos en Francia) son una cifra muy alejada de los 559 (más otros 114 en cárceles en el extranjero) que había cuando la organización terrorista anunció en octubre de 2011 “el cese definitivo de la violencia” o de los 243 (más 53 en Francia y uno en Portugal) que permanecían encarcelados al anunciar la banda su disolución en 2018. Al final del año previsiblemente quedarán en prisión 200 presos, ya que está previsto que una docena abandonen la cárcel tras cumplir sus condenas. Este goteo de excarcelaciones continuará en los siguientes cuatro años con la puesta en libertad de otro medio centenar de presos, según las estimaciones que hace Sare, una plataforma ciudadana de apoyo a los presos vascos. Pasados esos años, esta organización augura que las puestas en libertad se frenarán, ya que muchos reclusos de ETA fueron juzgados tras la reforma del Código Penal de 2003 que elevó el cumplimiento efectivo de la pena de los 30 a los 40 años.
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