No se ha recuperado la normalidad ni se sabe cuándo sucederá. En los más de 100 días que han transcurrido desde que el 6 de enero una turba enfurecida —y jaleada por el entonces presidente Donald Trump— asaltara el Capitolio de Estados Unidos con el objetivo de impedir que se certificara el resultado de las elecciones que ganó Joe Biden, la capital estadounidense sigue mostrando sus heridas. Los alrededores del Capitolio siguen fortificados y las investigaciones, lejos de haberse terminado.
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Parecía que la ciudad recuperaba el pulso, que el estrés generado por las imágenes del asalto al centro del poder legislativo de la nación comenzaba a desaparecer. En las retinas seguían instaladas las instantáneas de los cristales rotos, de las puertas derribadas a golpes y a patadas, de los despachos allanados, de un Congreso ultrajado, y de los cinco muertos que dejó la violencia aterradora que obligó a los congresistas a correr y buscar refugio para salvar la vida.
En vídeo, simpatizantes de Donald Trump irrumpen en el Capitolio y obligan a suspender la sesión para ratificar a Joe Biden como presidente el pasado 6 de enero.
Pasados unos meses, se empezó a hablar de retirar las altas y largas vallas que rodean al Capitolio. Pero cuando despuntaba abril, la alerta se cernía nuevamente sobre la ciudad: un hombre armado con un cuchillo estrelló el coche que conducía contra los policías que custodiaban la fachada principal del Congreso. Moría un agente, otro resultaba herido y el atacante fue abatido cuando salió del vehículo blandiendo el cuchillo. Las vallas y los controles permanecen alrededor del Congreso.
Como parte de las investigaciones abiertas tras el 6 de enero, el director del FBI, Christopher Wray, reconocía ante el Comité Judicial del Senado que la amenaza del extremismo violento dentro de las propias fronteras de Estados Unidos estaba creciendo con rapidez, y más precisamente tras el asalto que quedará para la historia. A día de hoy, las autoridades investigan más de 2.000 posibles casos de terrorismo interno, muchos de ellos ignorados hasta el asalto al Capitolio.
El Departamento de Justicia informaba a finales de abril de que más de 410 personas habían sido detenidas tras el ataque y que planeaba presentar cargos contra otro centenar más, lo que elevaría el total de encausados a más de 500. Los fiscales consideran que el asalto al Capitolio supone un caso “sin precedentes” y, sin lugar a dudas, “la investigación más compleja jamás llevada a juicio por el Departamento de Justicia”.
Los cargos contra los detenidos van desde conspiración, asalto, pasando por el uso indebido de un arma de fuego o destrucción de propiedad del Gobierno. Los supuestos asaltantes —no ha habido todavía ninguna sentencia, solo han sido acusados— llegaron a Washington procedentes de 43 de los 50 Estados del país. Las autoridades aseguran que cerca de 60 detenidos tenían conexión con grupos extremistas como Proud Boys, Oath Keepers, Three Percenters o el más famoso, debido a sus teorías de la conspiración, QAnon. Casi todos los detenidos tras el 6 de enero son hombres, pero también hay 46 mujeres que afrontan cargos.
Trump, ya fuera de la Casa Blanca, tuvo que hacer frente a un juicio político en el Congreso bajo el cargo de incitación a la insurrección por lo sucedido en el Congreso y, aunque fue absuelto por un Senado controlado por los republicanos, el magnate neoyorquino pasará a la historia como el único presidente de EE UU en ser sometido a dos impeachment.
Apenas dos semanas después de aquellos sucesos, el presidente Biden tomó posesión del cargo y en su discurso de investidura llamó a dejar atrás la “guerra no civil” entre demócratas y republicanos. Sin embargo, tres meses después de llegar al poder, una encuesta de la revista The Economist revelaba que el 74% de los votantes conservadores no consideraban a Joe Biden el ganador legítimo de los comicios. ¿Hasta cuándo planeará la acusación de fraude? ¿Qué dice eso del Partido Republicano y sus líderes? ¿Qué hará Donald Trump, recluido en su mansión de Mar-a-Lago en Florida?
Pese a las investigaciones y los procesos en marcha, todavía no se ha podido poner en marcha una comisión como la que se instituyó en el Congreso tras los atentados de Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001. Y eso a pesar de que más de 140 importantes antiguos altos cargos de la Seguridad Nacional, que han servido bajo Administraciones tanto demócratas como republicanas, reclaman una vasta investigación. “Los fallos de seguridad que permitieron una violación letal del Capitolio por extremistas armados plantea serias preguntas y demanda soluciones inmediatas”, escribieron en una carta conjunta nombres como los antiguos secretarios de Defensa Chuck Hagel y William Cohen; los exresponsables de Seguridad Nacional Janet Napolitano, Jeh Johnson y Michael Chertoff; o el antiguo director de la Inteligencia Nacional James Clapper.
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