La Conferencia Episcopal Española (CEE) asegura que está investigando los 251 casos de abusos que EL PAÍS entregó a su presidente, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, quien ha comparecido esta mañana ante los medios en Roma para dar cuenta de las reuniones ad limina mantenidas con el papa Francisco (la reunión que los obispos de cada país hacen cada cinco años al Pontífice para rendir cuentas). Le acompañaban el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia; y Joan Planellas, arzobispo de Tarragona.
Omella no ha precisado cómo se hará la investigación ni cuándo se presentarán los resultados que arroje. Tampoco ha explicado por qué un mes después de haber sido entregado el informe solo 6 de las 31 diócesis afectadas (Santiago de Compostela, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Orihuela y Zamora) han intentado ponerse en contacto con las víctimas. “Hemos mandado a todas las diócesis y a los religiosos el informe que EL PAÍS nos entregó”, ha señalado.
El cardenal ha asegurado también que “todas las diócesis van respondiendo poquito a poco”. “Creo que hay más de cinco [obispados actuando]”, dijo. “Nos piden los datos porque en algunos no los hay. Si había una acusación a un sacerdote, pues diga de quién se trata y nosotros investigamos. Eso hemos contestado a EL PAÍS. Siempre con el deseo de esclarecer y llevarlo todo a término como está mandado por los protocolos de la Santa Sede y los tribunales civiles. Está el deseo de hacerlo. Y punto”, ha indicado el presidente de la CEE.
Los obispos se han reunido esta mañana durante dos horas y media con el papa Francisco. Una audiencia en la que se ha tocado el asunto de los abusos. La Conferencia Episcopal Española, después de un mes diciendo que es la Congregación para la Doctrina de la Fe la que debe investigar los casos, señala ahora que comenzará a revisarlos. “A nivel de Conferencia Episcopal hay un servicio de ayuda a las diócesis pequeñas que no tienen personas que puedan ayudar en esto. Nos parece más humano y cercano que cada diócesis tenga su organismo y le ha parecido bien a la Santa Sede”, ha apuntado Omella, antes de añadir que espera que el supuesto esfuerzo de la Iglesia se vea en otros lugares. “Ojalá tantas otras instituciones hagan ese camino que en la Iglesia hemos ido avanzando”. A su lado, en cambio, el cardenal Cañizares volvió a acusar a EL PAÍS de “falta de prudencia” por el informe hecho público y se revolvió contra las acusaciones. “Todas las diócesis se está actuando con la máxima prudencia”, afirmó, y reprochó a este periódico que no está haciendo lo mismo al haber entregado un informe, según él, sin los nombres concretos de las víctimas. “No es prudente denunciar sin dar datos”, lanzó airadamente obviando las explicaciones al respecto que contiene el documento.
Las víctimas del informe que EL PAÍS entregó a la CEE y al Papa están identificadas con nombres y apellidos. Este periódico no ha facilitado la identidad de las víctimas por respeto a su confidencialidad, pero se ha puesto a disposición del Vaticano y de la Iglesia española para facilitar el contacto con ellas, siempre que estas personas lo deseen, bien escribiendo ellos mismos a los investigadores o autorizando la entrega de sus datos.
El caso más antiguo del documento data de 1943, y el más reciente, de 2018. Todos son inéditos, salvo 13 ya publicados, que se han incluido porque han surgido nuevas denuncias contra esos clérigos. Si esos 251 se suman a los que ya se conocían hasta ahora y que ha contabilizado este diario, único registro existente en España ante la ausencia de datos oficiales de la Iglesia o las autoridades, ascienden al menos a 602 casos —cada uno hace referencia a un acusado— y 1.237 víctimas desde los años treinta. Para el cálculo se ha aplicado el criterio más estricto: solo los testimonios directos de afectados y testigos.
El presidente de la CEE, además, rechaza que se vaya a crear en España una comisión independiente que investigue todos los casos de abusos cometidos en la Iglesia católica. Según Omella, las herramientas de las que dispone la Iglesia española son suficientes. “No hace falta multiplicar entes. En cada diócesis hay la parte de los tribunales y el servicio de atención a las víctimas. Y eso es independiente. Portugal, Alemania y Francia [que han creado grupos de investigación específicos] hacen lo que creen conveniente. Y nosotros también, siempre de acuerdo a los protocolos de la Santa Sede. Y les ha parecido bien. Si hay alguna dificultad lo veremos sobre la marcha”, ha apuntado.
Los obispos se han reunido también estos días con el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe [sucesora de la Inquisición], el jesuita español Luis Ladaria, quien ha insistido en que son las diócesis las competentes para investigar los casos reportados por este periódico, ya que también recibieron la información. Hasta el momento, la Iglesia española aseguraba que debía ser dicho órgano vaticano el que investigase los casos. Preguntado acerca de por qué las víctimas tienen más confianza en la prensa que en la propia Iglesia para denunciar los abusos, Omella ha respondido que “a veces no se ha comunicado bien la oficina que teníamos”. “El periódico ha puesto su correo y la gente lo ha aprovechado. Dicho esto, abrimos el camino para que las víctimas se acerquen a las oficinas de cada diócesis”.
EL PAÍS publicó el pasado 19 de diciembre la información con los 251 casos inéditos de abusos por parte del clero de la Iglesia católica española en los últimos 70 años. Las denuncias afectaban a 31 diócesis y 31 órdenes religiosas. Una documentación que había sido previamente entregada al Papa y al arzobispo de Barcelona y presidente de la CEE, Juan José Omella.
El dosier de 385 páginas entregado al Vaticano hace referencia a abusos que, sumados a los casos conocidos previamente, afectan ya al menos a más de 1.200 víctimas. Todos son inéditos, salvo 13 ya publicados, que se han incluido porque han surgido nuevas denuncias contra esos clérigos. La Santa Sede, a través de un breve comunicado, mostró la “cercanía” y “atención” del Pontífice con todas las víctimas el mismo día que se publicó la información.
La respuesta de la CEE en su momento fue de un largo silencio, primero, y de un ataque a este periódico, después, achacando falta de rigor a la investigación y escudándose en el fallecimiento de muchos de los abusadores para no proceder a la investigación, como es su obligación de acuerdo con el Derecho Canónico. Ha pasado ya un mes desde la entrega del informe al presidente de la CEE, Juan José Omella, y solo cinco de las 31 diócesis afectadas por estos casos se han dirigido a EL PAÍS para pedir ponerse en contacto con los denunciantes. La mayoría de las órdenes religiosas, por el contrario, han abierto ya investigaciones.
Una vez conocido el dosier de EL PAÍS, el papa Francisco y el arzobispo de Barcelona y presidente de la CEE mantuvieron una conversación. El Vaticano, como acostumbra a hacer cuando las denuncias son tan numerosas y no pertenecen a una sola orden, diócesis o abusador concreto, supervisará a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe todo el proceso que lleve a cabo la Conferencia Episcopal. Roma esperará resultados, que, según su propio código, deberían llegar en no más de tres meses.
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