En tiempo récord, el caso de Sergio Aguayo ha escalado y enfila su llegada a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de México. Ante las fundadas sospechas de que exista un atropello del derecho de expresión, el máximo tribunal mexicano ha levantado la mano para pedir que sea él quien decida como garante de los derechos constitucionales. El martes se activaron las alarmas en el mundo jurídico y mediático tras la sentencia de un juez civil que, en segunda instancia, condenó al periodista y académico a pagar 10 millones de pesos —medio millón de dólares— al político Humberto Moreira por dañar su honor en una columna periodística. Este miércoles, el ministro Alfredo Gutiérrez pidió a sus colegas de la SCJ atraer el caso como última instancia.
La defensa de Aguayo, que había logrado en marzo pasado la absolución en primera instancia, había solicitado el recurso de amparo ante un tribunal federal al entender vulnerado el derecho de la libertad de expresión. La sentencia del martes ha acelerado los acontecimientos y ha sido directamente la SCJ, saltándose peldaños intermedios, quien ha intercedido. El movimiento del juez Gutiérrez, en todo caso, no significa que se conceda automáticamente el amparo, ni siquiera que el máximo tribunal vaya a entrar al fondo de la cuestión. Se trata, de momento, de abrir esa posibilidad dada la trascendencia del caso.
“Es importante que un ministro de la Suprema Corte haya solicitado la atracción del caso, porque cuando esto sucede es muy difícil que sus colegas la rechacen. El juez va a armar una argumentación muy profunda sobre si se ha atacado la libertad de expresión, si está o no por encima del derecho al honor y su modulación al tratarse de un funcionario público”, explica Ana Cristina Ruelas, abogada y directora de la organización en defensa de los derechos humanos Artículo 19.
A partir de ahora se abre un plazo de alrededor de seis meses para que el magistrado Gutiérrez prepare el proyecto con el que tratará de convencer al menos a dos de sus cuatro colegas de la Sala Primera. Una vez aceptada la atracción, quedarían al menos otro año y medio para conocer la sentencia final sobre el fondo del asunto. La defensa del académico y periodista confía en una resolución positiva a un pleito que se inició en enero de 2016, cuando en una columna en el diario mexicano Reforma denunciaba la pasividad de las autoridades mexicanas ante el combate a la corrupción en el caso del exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI. Tres días antes, Moreira había sido detenido en Madrid por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho —un mes después, fue puesto en libertad por falta de pruebas.
Numerosos organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han salido desde el inicio a la palestra para mostrar su fuerte rechazo ante una acusación que consideran infundada. La confianza de la defensa de Aguayo se basa también en la propia jurisprudencia del alto tribunal mexicano, que ha fallado en repetidas ocasiones a favor de proteger la libertad de expresión en su disputa con los derechos morales y de imagen de personajes públicos.
La abogada de Artículo 19 subraya uno de los argumentos medulares: el principio de real malicia. “Para que un periodista pueda ser sancionado por un tema de daño moral se tiene que demostrar la falsedad de la información y que la falsedad se hizo con la intención de atacar al sujeto. En este caso es aún más flagrante porque se trata de una opinión. Hasta ahora, estaba en juicio la información porque las opiniones estaban protegidos. Ahora se está atacando el pensamiento”, concluye.
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