Diosdado Cabello observa una marcha chavista contra las sanciones, este lunes en Caracas.Rayner Peña R. (EFE)
La advertencia de Diosdado Cabello de hace una semana se concretó. El número dos del chavismo presentó este martes un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para controlar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y que levanta las alarmas en la sociedad civil por las posibles restricciones que plantee a la libertad de asociación, la actuación en un contexto de crisis humanitaria y a la recepción de fondos de cooperación internacional que sostienen a la mayoría de esas asociaciones.
“Detrás de una ONG hay caras, partidos políticos, lo demás es una absoluta hipocresía. Estoy seguro que si nosotros revisamos los nombres de quienes están detrás de esas fachadas llamadas ONG viven a cuerpo de reyes porque se la pasan viajando por el mundo”, dijo el diputado y vicepresidente del partido de Gobierno (PSUV) durante el debate, en el que se aprobó la norma que ahora irá a una segunda discusión en un Parlamento totalmente controlado por el chavismo.
La propuesta legislativa para la fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las ONG y fines no se ha difundido públicamente, pero un borrador que circuló entre las organizaciones las obliga a registrarse ante la Contraloría General y presentar declaraciones juradas de patrimonio. Además, establece que no pueden realizar “actividades políticas” ni recibir fondos para ello, lo que abre una puerta a que el Gobierno determine a discreción qué labores pueden ser consideradas como tal.
En el debate, Cabello señaló directamente a una de las ONG con más trayectoria y alcance en Venezuela como es Provea, que defiende a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas, entre otras violaciones a los derechos humanos. También señaló a Súmate dedicada a la veeduría del sistema electoral y la promoción del voto.
El Gobierno de Nicolás Maduro viene criminalizando desde hace años la labor de las ONG con hostigamiento policial y detenciones a sus integrantes. Un caso emblemático es el de Javier Tarazona, director de la Fundaredes, quien permanece detenido desde el 2 de julio de 2021, acusado de instigación y terrorismo. Tarazona había documentado y denunciado violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado que ese año se produjo entre el Ejército venezolano y disidencias de la exguerrilla de las FARC en el sur de Apure, en la frontera del río Arauca. Se ha construido en Venezuela una narrativa que las vincula con agentes de gobiernos extranjeros, como también se hizo en la Nicaragua de Daniel Ortega, donde ya se sancionó una ley que ha llevado a ilegalizar más de 3.000 organizaciones.
El ecosistema de las ONG ha sido clave los últimos años para desplegar la ayuda y los fondos que han llegado a través de las agencias humanitarias de Naciones Unidas para contener la grave crisis alimentaria y de salud que viven gran parte de los venezolanos. Es el mecanismo que ha permitido atender en el terreno a las poblaciones más vulnerables. Esta nueva normativa puede poner aún más en suspenso la factibilidad del acuerdo firmado en octubre pasado en la mesa de negociación de México para el descongelamiento de 3.000 millones de dólares en cuentas del Gobierno en el extranjero para ser distribuidos por la ONU para atención sanitaria, educación y atención de afectados por las inundaciones y deslaves del año pasado.
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