El domingo las autoridades de Trinidad y Tobago embarcaron en dos balsas a 29 venezolanos detenidos en las costas de Chatham Beach y los deportaron a Venezuela. Entre ellos iban 16 niños, uno de cuatro meses, sin sus padres. Sus familiares pasaron casi dos días sin saber su paradero, hasta que llegaron a Venezuela, a un islote en un caño del Orinoco en la costa de Delta Amacuro, en el oriente del país. Horas después, en medio de una creciente presión de la opinión pública, por una orden de la Corte Suprema de Trinidad y Tobago, que se había dictado antes de la deportación, fueron embarcados de nuevo hacia el archipiélago, donde se habían quedado sus familiares. Viajaron en las mismas balsas y llegaron el martes. Sin embargo, todavía esperan saber en qué situación legal quedarán.
El limbo de ida y vuelta en el que están estos migrantes ha levantado una ola de indignación y malestar sobre el maltrato hacia los venezolanos, que en los últimos años han protagonizado el movimiento migratorio más importante de la región, expulsados por la grave crisis política, económica y social y la emergencia humanitaria que se vive en el país sudamericano bajo el régimen de Nicolás Maduro. Más de cinco millones de venezolanos han emigrado en los últimos años, según Naciones Unidas.
Estos migrantes habían tocado las playas del sur de la isla de Trinidad el 17 de noviembre, cuando fueron detenidos por la policía trinitense. Los abogados que los asistieron habían introducido un habeas corpus para evitar la deportación. Sin embargo, poco antes de la audiencia fueron expulsados, informó el opositor David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. De acuerdo con la información que ha recabado, la mayoría de los padres de los menores de edad residen legalmente en Trinidad. Los niños han viajado con el objetivo de reunirse finalmente con sus familias.
En un video difundido por redes sociales, Eliecer Torres se identificó como representante de los familiares de los 16 niños y otras nueve mujeres que fueron deportados. Aseguró que desconocen las razones por las cuales fueron devueltos a Venezuela. “Los botes en los que los enviaron no tenían número ni registro ni sabemos quién es el capitán”, dijo el hombre, quien agregó que zarparon pese al mal tiempo. Con un cielo totalmente gris y cubierto de nubes regresaron en botes sin salvavidas ni mayor protección para la travesía.
La alerta sobre la situación de estos niños ha corrido hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exhortó este lunes al Gobierno trinitense a “garantizar el ingreso al territorio de personas venezolanas que buscan protección internacional por razones humanitarias urgentes, así como a respetar el principio de no devolución”. El diputado Julio Borges, que ejerce como representante del equipo del venezolano Juan Guaidó desde Bogotá, pidió a la Organización Internacional de Migraciones y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados intervenir en el caso.
Las tensiones de Trinidad y Tobago con los migrantes han sido reiteradas, aunque Nicolás Maduro —que sufre un intenso cerco internacional— mantiene buenas relaciones con el primer ministro del país caribeño, Keith Rowley. En Trinidad y Tobago hay actualmente cerca 40.000 venezolanos y el país ha limitado la recepción con la imposición de visados desde el año pasado. La deportación se ha vuelto un asunto cotidiano en Trinidad, un destino que está a apenas 45 minutos de navegación desde los llanos venezolanos de Delta Amacuro. La policía de ese país pide a sus ciudadanos reportar telefónicamente la presencia de inmigrantes en situación irregular. Más de 440 venezolanos fueron detenidos en 2018 por no tener papeles, sin la debida asistencia legal y médica, según Refugees International.
El ministro de Seguridad de Trinidad, Stuart Young, declaró este martes que desconocía la situación de los menores de edad deportados y puso en duda las denuncias, aun cuando están acompañadas con videos de los niños dentro de las embarcaciones. En una rueda de prensa arremetió con más amenazas. “Si un migrante entra a la isla de manera ilegal, inmediatamente se convierte en una persona indeseable y deberá afrontar consecuencias”, dijo el funcionario. “A los venezolanos legales en la isla les decimos: si se descubre que están ayudando a otros de sus connacionales sin documentos, su permiso será revocado y también serán deportados”.
Smolansky denunció que no ha podido visitar el país caribeño para conocer de primera mano la situación de los venezolanos, pese a haber pedido permiso al Gobierno de Rowley desde hace más de un año. “Se ha hecho recurrente en Trinidad y Tobago la detención, la negación de permisos, la violencia y el maltrato hacia las mujeres y la xenofobia”, afirma. Las rutas marítimas entre Venezuela y Trinidad y Tobago se ha convertido en un corredor de trasiego de las redes de tráfico de personas que algunos investigadores calculan en más de 4.000 venezolanos en los últimos cuatro años. El año pasado, dos embarcaciones con 71 migrantes venezolanos desaparecieron después de partir de Güiria, en el oriente del país.
En octubre, el senador demócrata estadounidense Bob Menéndez denunció que el Gobierno de Donald Trump estaba deportando venezolanos a través de Trinidad y Tobago. “Los nuevos documentos proporcionados a mi oficina confirman que las deportaciones de Estados Unidos a Venezuela continuaron a través de terceros países al menos hasta marzo de 2020, mientras que la Administración de Trump ha ofrecido pocas garantías de que no continuará devolviendo por la fuerza a los venezolanos a un régimen sobre el que Naciones Unidas declaró recientemente que ha cometido crímenes de lesa humanidad”, escribió Menéndez en una carta enviada al secretario de Estado, Mike Pompeo, y otros funcionarios en la que pedía explicaciones sobre estas denuncias. Hasta ahora ni la Cancillería venezolana ni Maduro se han referido a los niños deportados.
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