Portando carteles con la leyenda “Free Alex Saab” finalmente la segunda ronda de negociaciones sobre la crisis venezolana comenzó la tarde de este sábado en Ciudad de México con la llegada de los miembros de la delegación del Gobierno bolivariano. La ronda de conversaciones comenzó con un día de retraso, cerca de las 2.30 de la tarde hora local, cuando el equipo encabezado por Jorge Rodríguez apareció en el hotel diluyéndose así el suspenso reinante en torno a esta nueva ronda de conversaciones.
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El encuentro estaba previsto para el viernes, pero la delegación de Nicolás Maduro retrasó su llegada un día en señal de protesta y lo hizo mostrando un acérrimo respaldo al empresario colombiano Alex Saab, que espera la extradición a Estados Unidos en Cabo Verde. El Gobierno de Venezuela, que ha pedido la incorporación de Saab a su delegación, trata de frenar que el supuesto testaferro de Maduro acabe sometido a la justicia estadounidense. Precisamente el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, ha sido el detonante de otra de las críticas del chavismo. El diplomático estadounidense dijo el jueves que su país estaría dispuesto a flexibilizar las sanciones económicas contra el Ejecutivo de Maduro si existen “cambios” hacia la democracia, lo que fue considerado por Rodríguez como una injerencia. “Esta declaración de Story insulta a la Mesa de Diálogo en México, pero sobre todo insulta a los delegados de la Plataforma Unitaria [oposición], a quienes parece darles órdenes. El Gobierno bolivariano jamás atenderá una agenda que intente imponer este personaje”, escribió. Finalmente Rodríguez aceptó que pese al desplante, seguiría el diálogo, aunque el discurso ha subido de tono en las últimas horas.
El chavismo ha endurecido su discurso las últimas semanas acusando a la oposición de violar reglas básicas de la negociación y robar activos del país a raíz de la crisis en Monómeros, una empresa pública venezolana en manos de la oposición. La Fiscalía abrió una nueva investigación judicial contra el líder opositor Juan Guaidó, luego de semanas de acusaciones de Nicolás Maduro. Pero también ha solicitado incorporar al empresario colombiano Alex Saab que espera en Cabo Verde la extradición a Estados Unidos en la delegación chavista, una jugada que ha introducido un enorme ruido, y que para algunos analistas augura un posible estancamiento del proceso.
Maduro ha acudido a este nuevo intento de conciliación impulsado por los noruegos con una sola idea en la cabeza: conseguir más dinero a través del levantamiento de sanciones y la recuperación del control sobre activos y recursos que le han sido congelados en el extranjero como parte del cerco diplomático que ha resultado de su deriva autoritaria. De las declaraciones del alto gobierno sobre el diálogo se desprende que en ese espectro de concesiones aspira a mantener las conversaciones.
Hace dos semanas, cuando se aprobó la creación de una mesa social para atender la crisis sanitaria y se reafirmó la posición de defensa del Esequibo —el territorio en disputa entre Venezuela y Guyana— un tema quedó encima de la mesa. El chavismo volvió a insistir en que las negociaciones conduzcan a que el Gobierno pueda disponer de los 5.000 millones de dólares que corresponden a Venezuela como parte de los derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional.
Desde agosto, el FMI comenzó a repartir estos giros a sus miembros en medio de la recesión que ha traído la pandemia, como parte de un auxilio financiero global de 650 millones de dólares (553 millones de euros). Este es un mecanismo creado en 1969 por el organismo multilateral para complementar las reservas internacionales de los países y apuntalar la liquidez mundial. En 2008 ayudaron a reflotar economías luego de la crisis financiera mundial. Pero la asignación de este año, según la propia directora del FMI, Kristalina Georgieva, ha sido “histórica”. “Es la mayor asignación de DEG en la historia del FMI y una inyección de ánimo para la economía mundial en medio de una crisis sin precedentes”, dijo a principios de agosto. El aporte significa dinero fresco y no implica deuda, sino una rendición de cuentas a los dos años.
Venezuela ha quedado por fuera de la asignación, por ahora. Sin embargo, entre el 7 y 8 de septiembre el Banco Central de Venezuela aumentó sus balances en las reservas internacionales sin ninguna explicación. De 6.200 millones de dólares en un día, el país con la mayor inflación del mundo, golpeado por una fuerte contracción económica y con sanciones internacionales, pasó a tener 11.300 millones de dólares al día siguiente. Un insólito incremento que los economistas han explicado con la suma a sus balances de los 5.000 millones de dólares de los DEG aunque realmente no los tengan.
Tras años de una relación tensa con el FMI, Maduro está dispuesto a recoger el dinero que haya, así implique revertir las posiciones políticas de su antecesor. En 2007, Hugo Chávez amenazó con salirse del fondo, al que calificaba con frecuencia como un “instrumento del colonialismo”. “Señores del Fondo Monetario Internacional, chao con ustedes. Venezuela es libre”, dijo alguna vez el expresidente. Aunque nunca concretó la salida, sí forzó el cierre de sus oficinas en el país y el retiro de sus técnicos. Cuando la pandemia comenzaba, Maduro sorprendió con una inusual solicitud de un préstamo al FMI por otros 5.000 millones de dólares para atender la crisis del covid. El FMI rechazó la solicitud al reconocer que no está claro quién gobierna en Venezuela. Si es Maduro, reelecto en 2018 en elecciones desconocidas internacionalmente, o Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino en 2019.
Al nuevo impulso por pelear por los 5.000 millones de dólares del FMI se ha sumado el empresariado venezolano. En una carta enviada al negociador noruego Dag Nylander, Fedecámaras —la patronal empresarial— ha pedido que se acuerde en la mesa de negociación un mecanismo para usar los fondos ante a la grave crisis que vive el país. El documento que se filtró a los medios describe la situación del sector privado y el estado de postración del aparato productivo nacional. El Gobierno lo ha usado a su favor para decir que ya hay acuerdos para disponer de los fondos. La delegación opositora, sin embargo, ha aclarado que solo hay disposición a hablar sobre el tema.
Pero son otras las razones complican el acceso a los giros. El chavismo ha venido haciendo uso de las reservas internacionales para cubrir el gasto público sin ningún tipo de control. Desde el 2004 Venezuela viola el artículo IV de las reglas del FMI que obliga a los países a recibir anualmente misiones del organismo multilateral para validar en terreno sus cifras macroeconómicas. El Gobierno venezolano no publica ni aprueba ante la Asamblea Nacional el presupuesto de la nación ni las memorias y cuenta de los organismos públicos desde 2016 y los indicadores económicos salen esporádicamente con años de retrasos. Con las sanciones, el BCV se ha quedado sin bancos corresponsales que le permitan cambiar los DEG por divisas. El chavismo, además, lleva encima el fardo de haber despilfarrado, en poco más de una década, casi un billón de dólares en ingresos petroleros en corrupción y malos manejos. La opacidad y la desconfianza juegan en contra de que esta inyección de capital pueda llegar al país en el corto plazo.
El economista Ronald Balza ve con cautela el uso de los giros, ante la posibilidad de que se conviertan en un cheque en blanco. “Para qué te sirve tener más reservas para fortalecer una moneda con un régimen cambiario que no sirve, con un Gobierno en default que no va a tener acceso a créditos”, se pregunta el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Para Balza, tanto el Gobierno como los que piden el uso de los DEG no han planteado la prioridad del gasto ni presentado un plan con presupuesto para su uso. Simplemente han puesto la mira sobre el total de lo disponible. “No podemos olvidar que en este país hay hambre y crisis porque el dinero que hubo se usó muy mal”, agrega.
La nueva ronda de encuentros se extenderá inicialmente hasta el lunes y durante la misma se tiene previsto discutir sobre el sistema de justicia en Venezuela, severamente cuestionado en el segundo informe que la misión independiente de las Naciones Unidas presentó la semana pasada. El chavismo se ha preparado para ello. En las últimas dos semanas ha aprobado de forma exprés un puñado de leyes que tocan el poder judicial, cuyo contenido no es conocido todavía, pero que le permitirían encausar las discusiones a su favor y argumentar ante las graves fallas del poder judicial. Con la situación de Monómeros, la filial de Pequiven en Colombia que se ha acogido ahora a un plan de rescate colombiano, sumado a la inclusión de Alex Saab en la mesa y los derechos especiales de giro del FMI el gobierno tratará de llevar el ritmo de las negociaciones.
El supuesto testaferro de Maduro encara la extradición en medio de una glorificación del chavismo, que pretende evitar que llegue a manos de la justicia de Estados Unidos. El empresario señalado por EE UU por lavado de dinero vinculado al Gobierno de Nicolás Maduro perdió la primera semana de septiembre la apelación que sus abogados presentaron ante la Corte Suprema de Cabo Verde, donde está preso desde el 12 de junio de 2020. En el momento de su detención, Saab tenía una alerta roja en Interpol, requerido por la justicia de Estados Unidos por lavado de dinero y señalado como el presunto testaferro de Nicolás Maduro. Esta fue la última batalla perdida por la defensa del empresario, dirigida por el exjuez español Baltasar Garzón, para evitar su traslado.
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