La patronal venezolana, Fedecámaras, organizó el martes su Asamblea Anual con una novedad particularmente notoria: la presencia de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, como invitada especial, y el desarrollo de una jornada en la cual abundaron las reflexiones sobre el reconocimiento mutuo y el trabajo en función de los intereses de la nación. Es la primera vez en 20 años que un alto representante del gobierno chavista participa del evento que reúne a los directivos de las principales empresas del país.
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La presencia de Rodríguez en Fedecámaras —tildada por el chavismo de “burguesía parasitaria”— es resultado de un esfuerzo subrepticio de políticos y empresarios de ambos bandos para acercar posiciones y estructurar acuerdos mínimos, reconstruir el tejido económico nacional y consolidar la estabilidad del país. Esta iniciativa, en pleno desarrollo, tiene su correlato en el campo político.
En el campo oficialista, han estado particularmente activos en la empresa los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, y el vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami. Del lado de la disidencia, hay algunos partidos políticos, medios de comunicación y empresarios de larga tradición en el país, como Alberto Vollmer, presidente de Ron Santa Teresa, y Horacio Velutini, del Fondo de Valores Inmobiliarios.
“Este es el camino: la participación de los sectores económicos privados para desarrollar las altas potencialidades productivas que tiene Venezuela”, afirmó Rodríguez, quien centró la mayoría de sus comentarios en colocar a las sanciones internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro como responsables del derrumbe de la nación.
“Es importante profundizar en cómo ha afectado al sector privado la aplicación de las sanciones”, subrayó Rodríguez. “En apenas cinco años, somos el sexto país con mayor cantidad de personas públicas, jurídicas y privadas sancionadas ilícitamente”, añadió la vicepresidenta. Lo afirmado no impidió a Rodríguez expresar que “los empresarios del mundo ven con envidia a los de Venezuela.”
Rodríguez hizo continuas referencias a la necesidad de estabilizar el país y felicitó públicamente a Cusanno y a Vollmer —quien fue galardonado en la jornada como “empresario del año”— por haber manifestado públicamente su intención de votar en las elecciones regionales que organiza el régimen y que son cuestionadas por parte de la oposición política.
Por su parte, el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, expuso su preocupación por el futuro de las relaciones con los empresarios. “Me gustaría que cortemos la tensión, queremos construir soluciones, queremos reencontrarnos”, puntualizó. “Teníamos 20 años que no nos encontrábamos en un escenario como este, con profundas diferencias. Pero esto no es casual. Desde hace dos años decidimos recuperar nuestra independencia de cualquier ideología”, agregó. En su discurso, Cusanno predijo que la intransigencia de “los radicales de ambos bandos” condenaría cualquier tentativa de acuerdo que coloque por delante el interés general.
La actitud y el tono del empresariado en este acto fue duramente cuestionada por políticos y actores civiles de la oposición, y por muchísimos usuarios de las redes sociales, que interpretaron una capitulación en medio de un estado de extrema necesidad.
Durante más de 15 años, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se han dedicado a hostilizar de forma sistemática al empresariado venezolano, expropiando sus bienes, limitando sus mercados para favorecer a sus aliados internacionales, ocupando sus espacios y responsabilizándolos por la hiperinflación y la escasez. Fue Hugo Chávez el primero en afirmar, en 2010, que Fedecámaras había declarado a su gobierno “la guerra económica” por no plegarse a sus políticas y no aceptar las regulaciones de sus ganancias.
Aislar a Voluntad Popular
Mientras Delcy Rodríguez asistía a Fedecámaras, su hermano Jorge, presidente del legislativo chavista, culminaba las Jornadas de Paz Diálogo y Reconciliación con algunos sectores opositores presentes en el parlamento. Jorge Rodríguez busca consensos para la organización de las elecciones regionales de finales de año a cambio de algunas concesiones, pero en los términos del chavismo.
Al mismo tiempo, el régimen de Maduro endurece el asedio contra Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó y Leopoldo López, que lleva adelante las riendas de la negociación política planteada entre ambas fuerzas con la intermediación de Noruega. El partido está al borde de la ilegalización tras el arresto de Freddy Guevara –meses antes, el del periodista Roland Carreño- y las acusaciones a otros cinco de sus dirigentes nacionales.
Las conversaciones políticas entre chavismo y posición –gestadas a partir de la propuesta del Acuerdo de Salvación Nacional hecha por Juan Guaidó- y que auspiciaban la Unión Europea, Canadá y los Estados Unidos, están en este momento en suspenso tras la captura de Guevara. El trabajo en dos frentes que llevan adelante los hermanos Rodríguez como alfiles de Maduro tiende a acorralar y debilitar aún más a Juan Guaidó.
Voluntad Popular pertenece al 6-4, o Gplus, alianza que le presta soporte a Juan Guaidó y agrupa a los partidos opositores más relevantes. Juan Guaidó no se opone a participar en las elecciones regionales de noviembre, aún a pesar de los reparos hechos a la institucionalidad chavista. Antes de las medidas judiciales y las amenazas de Miraflores, Voluntad Popular había evaluado la posibilidad de sumarse a la contienda electoral.
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