El Gobierno catalán ha anunciado que las nuevas restricciones para frenar el coronavirus —que incluyen el cierre de bares y restaurantes durante 15 días— entrarán en vigor a la media noche de este jueves. En un comunicado que pone fin a horas de especulaciones que han mantenido en vilo al sector de la restauración, el Govern ha confirmado que las medidas se publicarán en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) alrededor de la una de la madrugada del viernes, momento en el que entrarán en vigor “de manera inmediata”.
La Generalitat pretendía obtener el aval judicial a sus medidas antes de aplicarlas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha comunicado a los servicios jurídicos que tendría lista una resolución al respecto este viernes. El Ejecutivo catalán ha decidido finalmente aplicar de manera inmediata aquellas medidas que no afectan a derechos fundamentales y que, por tanto, ni siquiera hacen aconsejable el paso por el filtro judicial. Eso incluye, entre otras medidas, el cierre de los bares y restaurantes, las restricciones de aforo (al 30% los locales comerciales y al 50% los gimnasios) y el cierre de parques de atracciones y servicios de estética que requieran contacto físico (excepto las peluquerías). Tras horas de incertidumbre, el Gobierno que preside de manera interina Pere Aragonès ha aclarado que las medidas deben tomarse “con urgencia” para hacer frente al incremento de contagios en Cataluña y “cortar la expansión lo más pronto posible”.
El secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, ha explicado este jueves en una rueda de prensa sobre la situación epidemiológica de la comunidad, que la curva de contagios en Cataluña crece muy rápidamente. En la última semana se han registrado cerca de 13.000 contagios, casi el doble que tres semanas atrás, y la incidencia acumulada a 14 días se sitúa, según los datos del Ministerio de Sanidad, 272 casos por 100.000 habitantes, ligeramente por encima ya de la media española. Argimon ha dicho que, desde el punto de vista epidemiológico, no contempla otra postura por parte del TSJC que no sea la ratificación de todas las medidas aplicadas.
La resolución que se publique en el DOGC, no obstante, incluirá una disposición que “dejará en suspenso”, hasta que se pronuncie el TSJC, los tres aspectos que, a criterio del Gobierno catalán, podrían afectar a derechos fundamentales: la prohibición de las reuniones de más de seis personas, la suspensión de la actividad presencial en las universidades y el aforo en las actividades de culto.
La decisión del TSJC, sea cual sea, no era en absoluto necesaria para que el Gobierno catalán apruebe el decreto con las nuevas medidas. Ni siquiera en las medidas que pueden afectar a derechos fundamentales. El ejecutivo, sin embargo, ha pretendido obtener el visto bueno de la justicia antes de activar unas medidas polémicas que han despertado la ira del sector de la restauración. Sus responsables ya han anunciado su intención de recurrir ante la justicia el cierre de los locales al considerarlo excesivo.
El escrito presentado esta mañana por el Gobierno al TSJC tenía diversas carencias. En primer lugar, contenía errores formales (no tenía “firma ni número de decreto ni fecha”, según el tribunal). En segundo lugar, no mencionaba cuáles de las concretas actividades suspendidas o cercenadas podrían afectar a derechos fundamentales. La sala de lo contencioso-administrativo del TSJC ha pedido a los servicios jurídicos, pasado el mediodía, que las aclarase. Y así lo han hecho, aunque tarde para obtener una resolución este mismo jueves.
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