El descubrimiento de las irregularidades urbanísticas de Monasterio y Espinosa de los Monteros comenzó en septiembre de 2019, cuando salió a la luz que el Ayuntamiento de Madrid ordenaba clausurar el chalé donde residen, y en el que ella tenía su estudio de arquitectura, por ser ilegal. Finalmente se precintó la oficina y se les dio un plazo de un año para legalizarlo. A partir de entonces EL PAÍS ha publicado 16 casos más en los últimos nueve meses. La cadena SER reveló uno más en otra de sus anteriores viviendas, en calle Menorca. En total, suman 18 casos con diversas anomalías o irregularidades. En el mapa adjunto se puede encontrar su localización en Madrid y una breve síntesis de cada caso, con enlaces a la información correspondiente.
La mayoría de las obras son transformaciones de sótanos, locales, naves o garajes en lofts pero también hay construcciones de nueva planta —los 26 lofts de la calle Albarracín en suelo industrial donde el propio vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, fue uno de los afectados— o reformas de chalés, la mayoría sin las licencias correspondientes. El modus operandi se repetía. Tras encontrar locales adecuados a su negocio, Espinosa de los Monteros solía actuar como intermediario de la venta del inmueble y el estudio de Monasterio hacía el proyecto; el matrimonio iniciaba los trámites legales en el Ayuntamiento pero en la mayoría de los casos se limitaba a eso, luego no aportaba ninguna documentación y simplemente hacían la obra. La denegación de la licencia por desistimiento llegaba a veces años después de terminados los trabajos. En dos casos –en las calles Andrés Bello y Aralar- las irregularidades afectan a inmuebles donde residieron ellos mismos y vendieron tras reformarlos. Todas estas obras se realizaron entre 2003 y 2008, en el momento del boom inmobiliario y hasta que un cambio normativo en 2007 frenó la moda de los loft con un cambio normativo que impuso severas limitaciones a la división de edificios industriales y oficinas. La crisis económica hizo el resto.
Otro aspecto del caso es que Rocío Monasterio tenía su propio estudio de arquitectura, Rocío Monasterio Asociados, pero en realidad no obtuvo su título de arquitecta hasta 2009, tal como reveló EL PAÍS. No obstante, se presentaba como tal en numerosas revistas y publicaciones. Además, en ese periodo incluyó su nombre como arquitecta en el membrete de planos en al menos cuatro obras, entre 2002 y 2004. Por este motivo fue denunciada en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), que en febrero archivó el caso porque los hechos habían prescrito. Sin embargo, la decana del colegio, tras guardar silencio cuatro meses, declaró sobre el hecho de que Monasterio firmara planos sin título: “Es una irregularidad, claro, no es otra cosa. Por supuesto. Yo creo que eso no se ha puesto en duda en ningún momento”. Comparó a Monasterio con “un médico que firma cuando no está titulado, o no está colegiado”.
El capítulo más grave, porque acabó en la Fiscalía, salió a la luz al revelar este periódico que Monasterio había tramitado en el Ayuntamiento planos con visados falsificados del Colegio de Aparejadores. Más Madrid presentó en enero una denuncia a la Fiscalía, porque los hechos no habían prescrito, y sigue bajo investigación. En marzo, la aparejadora que firmaba el visado original trucado, que era una antigua trabajadora del estudio de Monasterio, y el presidente del Colegio de Aparejadores presentaron otra denuncia por la falsificación. La Fiscalía las incorporó a las diligencias.
El Ayuntamiento ha ido abriendo investigaciones de los casos publicados por EL PAÍS desde septiembre, pero han avanzado con gran lentitud y hasta el momento solo ha confirmado la ilegalidad en tres. A finales de enero ratificó que toda la obra en Rodas 7 era ilegal, un loft del actor Arturo Valls por el que denunció a Monasterio y está pendiente de juicio. En febrero el Ayuntamiento abrió dos expedientes disciplinarios sobre los dos primeros casos destapados, en las calles Pedro Heredia y Villafranca, un total de 11 lofts, para restablecer la legalidad urbanística porque “el uso legalizado es el industrial”. La investigación del resto de casos sigue adelante, pero se ha visto ralentizada por la cuarentena.
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