La policía especializada en delitos complejos ha detenido preventivamente, por siete días, a los tres exfuncionarios de Palacio de Gobierno más cercanos al presidente peruano, Martín Vizcarra, que dejaron sus puestos hace un par de semanas. Los detenidos están investigaciones por la contratación presuntamente irregular -por casi 50.000 dólares- de Richard Cisneros, un compositor musical amigo del jefe de Estado. La fiscal que pidió la medida argumentó que hay peligro de fuga y de obstaculización de las pesquisas. El mandatario rechazó la decisión judicial.
“Discrepamos porque una persona debe ser privada de la libertad solamente cuando tenga una sentencia condenatoria. Solo en casos excepcionales debería utilizarse esta opción que da la norma, cuando una persona se va a fugar o se trate de delito grave, pero en esta investigación no encontramos la proporcionalidad para la decisión que se ha tomado”, ha dicho Vizcarra en la televisión estatal.
El presidente se salvó de ser destituido por el Congreso el 18 de septiembre. El proceso se inició luego de que un congresista difundiese, con la autorización del jefe del Legislativo, tres conversaciones grabadas clandestinamente referidas a este caso, conocidas ahora como “los audios del escándalo”. Varias bancadas del Parlamento esperaban sacarlo del cargo por “incapacidad moral permanente”.
En uno de los diálogos, registrado en junio, el presidente discutía con los ahora detenidos sobre lo que debían hacer con el registro de visitas de Cisneros al Palacio de Gobierno, y se ponían de acuerdo en la versión que darían al Ministerio Público y a la comisión investigadora del Parlamento.
En el diálogo participaban el primer mandatario; la secretaria general de presidencia, Miriam Morales; la asistente personal de Vizcarra, Karem Roca; y el asesor personal de comunicación, Óscar Vásquez. Los tres ex altos funcionarios que constituían el círculo de confianza del presidente han quedado recluidos este viernes.
“Estamos seguros de que cuando el Poder Judicial o el Ministerio Público concluya la investigación determinarán que no hay motivo de sanción, sin embargo ya las honras quedarán manchadas, porque (las personas) han sido sacadas del seno familiar”, añadió Vizcarra durante una actividad que solo era cubierta por el canal del Estado.
La orden de prisión preliminar abarca adicionalmente a otros seis funcionarios del ministerio de Cultura que tuvieron alguna responsabilidad en las contrataciones a Cisneros, entre 2017 -durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski- y 2018, con Vizcarra. El compositor fue contratado para dar charlas “de motivación” al personal de Cultura, pero según la Contraloría no cumplió con todos los servicios.
La investigación de la fiscalía determinó que hay hechos de “connotación penal” que involucran al jefe de Estado y a la exministra de Cultura Patricia Balbuena. El presidente termina su gestión el 28 de julio del próximo año y, después de esa fecha, podría enfrentar cargos por esta investigación.
El programa de televisión Cuarto Poder reveló el 20 de septiembre que más de 27.000 correos electrónicos y registros de visitas de Palacio de Gobierno fueron eliminados en mayo, un mes antes de una diligencia de este caso, que empezó como una denuncia en una emisión sobre la farándula. Los peritos informáticos del Ministerio Público lograron recuperar varios mensajes que pedían autorización de ingreso del artista a la sede del Ejecutivo.
Pese a ese intento de esconder información, el presidente afirmó este viernes que los funcionarios han colaborado con el Ministerio Público.
“Ya hemos dado toda la información por parte nuestra, como Poder Ejecutivo. Los que están en investigación -que han tenido relación con el Ejecutivo- se han puesto a disposición, han ido las veces que han sido requeridos, han dado toda la información, han allanado sus casas”, añadió el presidente.
Minutos después de las declaraciones de Vizcarra, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, repitió con el mismo tenor a las consultas sobre la eliminación de los correos electrónicos. “Creemos que debe haber proporcionalidad y no excesos. Cuando (el sistema de justicia) llegue a las conclusiones veremos qué cosas son verdaderas y qué cosas son suposiciones. Mientras no haya sentencia, todas las personas tienen derecho a la inocencia”, opinó el primer ministro.
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