El exjefe del Gobierno de transición de Perú Manuel Merino y quienes fueron su primer ministro y el titular de Interior están bajo investigación de la fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, por graves delitos de violación a los derechos humanos. La jefa del ministerio público ha admitido una denuncia presentada por una red de organismos de la sociedad civil como consecuencia de los dos muertos, 68 heridos y, al menos, cinco desaparecidos que causó la violencia policial contra las protestas pacíficas la noche del sábado.
Ávalos ha informado de que ha abierto una investigación preliminar contra la cúpula del Gobierno interino que renunció el domingo por “abuso de autoridad, homicidio doloso en agravio de Bryan Pintado e Inti Sotelo, lesiones graves y lesiones leves y desaparición forzada en agravio de personas a determinar, delitos cometidos en el contexto de violación de derechos humanos”. Las pesquisas alcanzan a Merino, quien dimitió tras el baño de sangre; Antero Flores Aráoz, quien fue el primer ministro del interinato; y Gastón Rodríguez, el ministro de Interior que negó que se produjeran actos de violencia de las fuerzas del orden.
Las manifestaciones masivas contra el Gobierno interino comenzaron la noche del pasado lunes, después de que el Congreso destituyera al presidente Martín Vizcarra, basándose en una investigación fiscal por supuestos sobornos recibidos cuando era gobernador regional en 2014. Una alianza de grupos políticos en el Congreso buscaba deponer de su cargo a Vizcarra porque obstaculizaba sus pretensiones de controlar el Tribunal Constitucional para bloquear investigaciones de corrupción y por lavado de activos contra sus líderes. Además, pretendían quitar las atribuciones a la entidad que supervisa la calidad de las universidades y aprobar proyectos de ley favorables a redes de traficantes de terrenos y de minería ilegal.
Las protestas contra Merino han sido protagonizadas por jóvenes antes indiferentes con la vida pública, pero que no transigen con la corrupción y el uso de la política para intereses irregulares. La manifestación del sábado en el centro de Lima contra el interinato fue brutalmente reprimida y, además de la muerte de los ciudadanos Inti Sotelo y Bryan Pintado por disparos de la policía, también hubo personas desaparecidas y disparos a corta distancia a periodistas, especialmente fotógrafos.
La Asociación Nacional de Periodistas ha documentado en seis días de protestas 40 ataques a informadores, 33 de ellos a manos de agentes de la policía. “Hemos sido testigos de lamentables hechos que enlutan hasta el momento a dos familias peruanas y mantienen en zozobra aún a otras por el desconocimiento del paradero de sus familiares. Frente a ello la Fiscalía expresa su profundo rechazo”, comentó la fiscal general en un vídeo difundido la mañana del lunes.
De acuerdo con la denuncia presentada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos contra la cúpula del Gabinete provisional, estos “emitieron un conjunto de disposiciones y órdenes hacia la Policía Nacional con la finalidad de que impida y permita el desarrollo y avance de las movilizaciones”. La muerte de los dos manifestantes ha llevado a cientos de jóvenes a colocar letreros de pésame y petición de justicia en la avenida donde fueron atacados en el centro de Lima. Las vigilias con velas y flores continúan este lunes. “Se llamaba Inti como el sol y nunca se apaga”, “Somos peruanos pacíficos y venimos a defender nuestra patria, no a que nos maten”, “Gracias hermanos, nosotros continuamos”, “No seas policía, estudia”, dicen algunos de los mensajes colocados en los tres altares formados en la calle. Los jóvenes, que esperaban saber en el exterior del Congreso quién sería el próximo gobernante interino, son denominados “la generación del Bicentenario”.
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