El presidente de Perú Martín Vizcarra ha designado este jueves al quinto ministro de Interior desde marzo de 2018, cuando asumió el cargo. Para evitar que el Congreso aseste otro golpe al Ejecutivo, el mandatario aceptó tardíamente la renuncia de Jorge Montoya, luego de que el 1 de septiembre el funcionario asegurase que había sido engañado por un oficial y por eso, según dijo, había dado información falsa sobre la operación policial que causó 13 muertos por asfixia durante el desalojo de una discoteca que operaba ilegalmente en la pandemia.
La noche del 22 de agosto, en el distrito de Los Olivos, en Lima, un grupo de policías del Escuadrón Verde, especializado en delitos comunes, entró a Thomas Restobar por violar la prohibición de reuniones sociales durante la pandemia. El establecimiento tenía solo una vía de escape, al final de una escalera estrecha. La madrugada del domingo 23, el comunicado del Ministerio del Interior aseguraba que “los asistentes a la fiesta intentaron escapar por la única puerta de ingreso, atropellándose y quedando atrapadas entre la puerta y una escalera”. Sin embargo, seis días después, un canal de televisión difundió el vídeo del circuito cerrado del restobar que mostraba a un policía en control de la puerta, cuando las personas aún no desalojaban el local.
72 horas más tarde de aquel operativo, el entonces ministro Montoya informó de que el responsable de la operación policial le dio información falsa sobre lo ocurrido. “Lo que hice fue transmitir y dar cuenta de lo que el jefe del operativo me había manifestado en ese momento”, dijo Montoya en una comparecencia desde Palacio de Gobierno a inicios de este mes.
“De los resultados de la investigación realizada por la oficina de integridad institucional del ministerio, se ha evidenciado irregularidades en el recojo, custodia y conservación de la evidencia, se acreditaría que se ha brindado información falsa mediante documento oficial, y se habría omitido u ocultado información”, añadió el funcionario, un militar en retiro de la Fuerza Aérea. Montoya reconoció, además, que la alteración de las pruebas obstaculizaron la investigación.
Un par de semanas antes, el Congreso había interpelado al ministro de Educación, Martín Benavides, y luego de la nueva información sobre la tragedia, parlamentarios anunciaron que interpelarían al ministro de Interior y a la ministra de Economía, María Antonieta Alva. Alva respondió preguntas en el Parlamento el viernes y el lunes; este miércoles, 36 congresistas de cuatro bancadas presentaron una moción para censurarla.
Desde que en marzo se instaló el Parlamento que reemplazó al disuelto en septiembre del año pasado, no ha cesado el enfrentamiento entre poderes del Estado en Perú. El Ejecutivo busca la aprobación de normas de reforma política que permitan elecciones limpias en abril de 2021, mientras que el Legislativo promueve leyes para simpatizar con las grandes mayorías afectadas económicamente por la crisis económica derivada de la crisis del coronavirus. “El presidente sostenía al ministro en la medida que le era útil y la situación política no se le complicara, pero Montoya era el siguiente candidato para la interpelación y una posible censura”, comenta a este diario Ricardo Valdés, exministro de Interior y analista.
“La salida del ministro se da por presión política por las irregularidades que no se comunicaron inicialmente en el operativo de la discoteca. Es una decisión impulsada por la responsabilidad del operativo y la polémica desatada por los recientes hallazgos”, añade Stefano Corzo, investigador de seguridad ciudadana de la ONG Instituto de Defensa Legal.
En una ceremonia de tres minutos, este jueves ha prestado juramento como nuevo titular de Interior César Gentille, un general en retiro de la Policía Nacional, exjefe de la región policial de La Libertad. “Tiene conocimiento técnico de la operatividad policial y la seguridad ciudadana pero muy mala fama en el manejo de los recursos”, anota Valdés acerca del nuevo ministro del gabinete Vizcarra. Cuando Gentille fue invitado al retiro tenía una investigación abierta por más de 50 contrataciones a un mismo proveedor durante su gestión como jefe policial.
Source link