El Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Ciudadanos y Vox al proyecto de la nueva ley educativa elaborado por el Gobierno. La votación ha despejado el camino a la tramitación de la norma y ha puesto de manifiesto que en la Cámara existe una mayoría partidaria de derogar la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), conocida como ley Wert, aprobada hace siete años por los populares en medio de una fuerte polémica. Pero las intervenciones de los grupos parlamentarios también han dejado patente que reunir la mayoría necesaria para sacar adelante el nuevo texto, que sería la octava ley educativa desde 1978, requerirá un esfuerzo de consenso.
El PP y Ciudadanos han tildado al Gobierno de “irresponsable” por tramitar el proyecto en un contexto de excepcionalidad educativa derivado de la epidemia de coronavirus, cuando lo que preocupa a las familias es saber en qué condiciones va a iniciarse el nuevo curso. La diputada popular Sandra Moreno ha acusado a la ministra de Educación, Isabel Celaá, de llevar al Congreso “una repetición exacta de la LOE [Ley Orgánica de Educación]”, la penúltima ley educativa, aprobada por los socialistas en 2006, y de “asestar un golpe mortal a la calidad del sistema educativo”, al tiempo que ha anunciado que en los próximos meses presentarán una propuesta de ley alternativa. La parlamentaria de Ciudadanos Marta Martín ha considerado que el proyecto presenta “grandes sesgos ideológicos” y que la ley “nacerá muerta, porque será derogada en cuanto cambie el color político del Gobierno”. La diputada de Vox Georgina Trías ha sostenido que la norma será utilizada para enseñar a los menores “ideas descabelladas sobre el sexo”.
La ministra Celaá ha afirmado, en cambio, que la “extraordinaria prueba de estrés” a la que la covid-19 ha sometido a la enseñanza hace urgente actualizar el marco legal. El proyecto de reforma (Ley Orgánica de Modificación de la LOE, Lomloe) fue aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez por primera vez en febrero de 2019, pero la dificultad para formar Gobierno retrasó un año su llegada al Congreso.
Repeticiones excesivas
Celaá ha defendido que la reforma educativa persigue seis grandes objetivos que pueden servir de base para un acuerdo amplio: reducir el abandono escolar temprano, que España encabeza en la UE con un 17,3% frente al 10,6%; reformar la carrera docente; cambiar el currículum para hacerlo “menos enciclopédico y más competencial”; afianzar la autonomía de los centros; mejorar los sistemas de evaluación; y atajar el “abuso de la repetición”, cuya tasa (el 29% de los estudiantes de 15 años estaba repitiendo algún curso de la ESO en 2018), es también mucho más elevada que la media comunitaria (13%) y, según la ministra, “no mejora el aprendizaje y genera más problemas de los que resuelve”.
El proyecto de la Lomloe reduce el peso de la asignatura de Religión, que ya no computará para el acceso a la Universidad, y la obtención de becas. La asignatura no tendrá, además, una materia espejo que deban cursar quienes no la eligen, como sucede ahora. Elimina los itinerarios, que derivan a la Formación Profesional Básica a alumnos segundo y tercero de la ESO que no consiguen promocionar. Suprime la obligación de las autonomías de planificar la oferta de plazas escolares de las redes pública y concertada en función de la llamada “demanda social”, lo que significaba que las Administraciones tenían que ofrecer una escuela concertada a los padres que la prefieran a la pública. Además, devuelve poder a los consejos escolares frente al director como “único órgano de gobierno en los centros”. Redistribuye el poder entre el Gobierno y las comunidades a la hora de establecer los contenidos mínimos de las materias, en línea con el reparto competencial anterior a la Lomce: el Ejecutivo central decidirá el 55% en las autonomías con lengua cooficial y el 65% en las demás; sobre el resto de los temarios decidirán las autonomías.
El texto del proyecto de reforma, sobre el que ahora empezarán a negociarse las enmiendas parciales presentadas por diversos grupos, también reduce las posibilidades de repetición: en primaria solo será posible en los últimos cursos de cada ciclo de la etapa (segundo, cuarto y sexto), y no en todos como hasta ahora. En ESO podrá pasarse de curso con más de dos asignaturas suspensas, “de forma excepcional”, si el equipo docente así lo decide, y el título de bachillerato podrá conseguirse pese a tener un suspenso. El proyecto también quita las reválidas, unos exámenes que la Lomce estableció como condición para obtener los títulos de secundaria y bachillerato y que, debido a la oposición de la comunidad educativa, quedaron en suspenso. El proyecto los sustituye por pruebas diagnósticas cuyos resultados solo serán conocidos por el centro y la consejería y no podrán usarse para hacer clasificaciones escolares.
El octavo intento
En el actual periodo democrático que se abrió con la Constitución de 1978, en España han regido siete normas distintas la educación no universitaria, que serán ocho cuando se apruebe el actual proyecto de reforma. Este es un repaso a todas ellas:
Ley General de Educación (LGE, 1970). Aprobada en la última etapa de la dictadura franquista, fijó la estructura de sistema educativo hasta los años noventa: preescolar, educación obligatoria de los 6 a los 14 años (EGB), bachillerato (BUP) y el Curso de Orientación Universitaria (COU), además de tres niveles de FP.
Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares (LOECE, 1980). Con esta norma se abrió una confrontación ideológica que nunca se ha llegado a resolver, en torno a si debe primar la enseñanza pública sobre la privada o se debe proteger esta como un derecho para quien la prefiera. Impulsada por el Gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD), fue recurrida por la oposición ante el Constitucional, que eliminó varios puntos. Uno de los más conflictivos fue el que establecía la libertad de elección de centro de acuerdo con las convicciones religiosas y filosóficas de los padres.
Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE, 1985). Ya con un Gobierno del PSOE, estableció el actual régimen de conciertos, es decir, la subvención a los colegios privados para que impartan enseñanzas obligatorias gratuitas.
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990). Esta norma, con el PSOE ya totalmente asentado en el Gobierno en su tercera legislatura, supuso el cambio más profundo de la escuela en democracia y estableció la estructura hoy vigente de cursos y etapas. La escolarización obligatoria se elevó de los 14 a los 16 años.
Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 2002). Impulsada por el Gobierno de José María Aznar (PP), abrió itinerarios distintos dentro de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En el tercer curso de esa etapa implantó la división entre quienes quisieran después estudiar bachillerato y quienes optaran por la FP. La norma otorgó carácter asistencial a la educación preescolar (de 0 a 3 años) y estableció que todos los alumnos estudiaran Religión o una alternativa, Hecho Religioso, desde primaria a bachillerato.
Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006). Con el PSOE de nuevo en el poder, esta ley mantuvo la estructura básica del sistema de cursos y etapas de la LOGSE y obligó a los centros a ofrecer la asignatura de Religión como materia no puntuable y sin alternativa. El texto establecía que los alumnos eran libres de cursarla o no. Incluía también una asignatura de valores llamada Educación para la Ciudadanía, que fue el gran caballo de batalla de la fuerte oposición a la norma liderada por el PP y la Iglesia católica.
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013). Tras un fracasado intento de pacto de Estado por la educación del Gobierno socialista en 2010 y 2011 y la vuelta poco después al Gobierno del PP, este impulsó la ley que hoy está todavía vigente y que recuperaba en parte los itinerarios y la Religión como materia puntuable. Algunos de sus puntos más polémicos, como la reválida al final de la ESO, fueron rectificados antes de entrar en vigor por el propio Ejecutivo popular.
Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe, en tramitación). “Puede afirmarse que dicha ley [la Lomce] representó una ruptura del equilibrio que se había alcanzado en la LOE entre diferentes visiones y planteamientos acerca de la educación que deben necesariamente convivir en un sistema democrático y plural. […] parece necesario proceder a revertir los cambios promovidos por la Lomce, especialmente aquellos que encontraron mayor oposición”, explica de forma transparente la exposición de motivos del proyecto de la Lomloe. El texto también defiende la necesidad de actualización del sistema.
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