El Consejo de Estado ha avalado el borrador del decreto de bachillerato que el Gobierno prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros. El órgano consultivo no presenta objeciones relevantes a la nueva norma, que empezará a aplicarse el curso que viene, e introduce novedades como la de que el alumnado podrá obtener el título y presentarse a la Selectividad con una materia suspendida si se cumplen cuatro condiciones: que los profesores consideren de forma colegiada que ha alcanzado los objetivos generales de la etapa; no haber faltado a clase de forma continuada y sin justificar; haberse presentado a todas las pruebas de evaluación, y tener una calificación global superior a cinco. El Consejo de Estado sí formula, sin embargo, algunas críticas, la más importante de las cuales tiene que ver con la forma en que pasan a describirse ahora las asignaturas.
La nueva regulación cambia el planteamiento enciclopédico del decreto aprobado la pasada década por el PP (que incluye largos listados de contenidos) por el llamado enfoque competencial, en el que el principal objetivo es que los estudiantes sepan utilizar los conocimientos que han adquirido. Sin cuestionar el cambio, que el organismo consultivo del Gobierno considera insertado “en el marco de las tendencias educativas de nuestro entorno”, advierte en su dictamen de que su plasmación “se ha traducido en una progresiva abstracción de las descripciones de las materias”, una “creciente complejidad” y un “excesivo detalle que dificulta su accesibilidad para una importante porción de la sociedad a la que la norma va dirigida”.
El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, muestra preocupación por el “previsible impacto” de dicho “lenguaje abstracto” en “las posibilidades de las comunidades autónomas, y del correspondiente profesorado, de abordar con las suficientes garantías, y atendiendo a los calendarios legalmente impuestos, la adecuada adaptación de sus sistemas educativos a los sucesivos cambios normativos en la materia”.
El organismo se refiere, al hablar de los calendarios, al hecho de que los decretos de cada etapa educativa aprobados por el Gobierno todavía tienen que ser completados por las comunidades autónomas (a las que corresponde fijar en torno a la mitad del currículo). Y la ley de educación, la Lomloe, establece que deberán empezar a aplicarse en septiembre. Es decir, que queda poco tiempo, lo cual genera preocupación en los colegios y especialmente en institutos, donde el salto metodológico será mayor (porque la tradición enciclopédica está más arraigada) y su organización en múltiples disciplinas resulta siempre más compleja de adaptar.
La advertencia del Consejo de Estado solo va acompañada, sin embargo, de la sugerencia al ministerio dirigido por Pilar Alegría de “que la memoria que acompaña a este tipo de proyectos normativos contenga algunas reflexiones sobre dicha evolución [en la metodología], su enfoque y su incidencia, mayor o menor, en los contenidos que realmente se prevé impartir en esta etapa educativa”.
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