La situación de los migrantes en el Mediterráneo se ha “deteriorado aún más y es motivo de gran alarma”, considera la comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović. En un informe publicado este martes, la responsable señala que las decisiones adoptadas por los Estados miembros del organismo, con el fin principal de limitar las llegadas, solo han contribuido a “un mayor sufrimiento humano”. En el documento, que analiza las prácticas de los países europeos en el último año y medio, un período lastrado en parte por los efectos de la pandemia de coronavirus, la comisaria se muestra muy crítica y señala que la respuesta “a los refugiados y migrantes que intentan llegar a Europa a través del Mediterráneo es uno de los ejemplos más evidentes de cómo las malas políticas migratorias socavan la legislación en materia de derechos humanos y han costado la vida a miles de seres humanos”.
A pesar de que en junio de 2019 la máxima responsable de Derechos Humanos del Consejo de Europa estableció una serie de recomendaciones para los 47 Estados miembros, la situación de los derechos humanos de los migrantes en el Mediterráneo “sigue siendo deplorable”. Los naufragios en este período suman más de 2.600 muertes, la gran mayoría en la ruta del Mediterráneo central.
La covid-19 también ha tenido un impacto directo en los derechos de refugiados y migrantes, con las limitaciones en el despliegue de barcos de organizaciones civiles y la adopción de medidas restrictivas. Un ejemplo claro ha sido la práctica extendida de desembarcar de un buque a otro (y no a tierra) a los migrantes que debían guardar cuarentena.
El informe reconoce que ha aumentado la conciencia de la necesidad de un mejor reparto de responsabilidades, pero critica que la creciente retirada de la capacidad naval de los estados del Mediterráneo y la obstrucción de las actividades de rescate de las ONG, junto con las decisiones de retrasar el desembarco y la imposibilidad de asignar puertos seguros, hayan socavado la integridad de los sistemas de búsqueda y salvamento.
Desde agosto de 2018, ningún buque militar realizó rescates en el Mediterráneo central en el marco de la Operación Sophia, la misión de la Unión Europea para combatir el tráfico de personas frente a las costas libias. Entre enero de 2016 y julio de 2018, sin embargo, más de 35.000 refugiados y migrantes fueron rescatados. Hace un año, lastrada primero por la negativa de Italia a permitir los atraques en sus puertos y privada de barcos más tarde, Sophia fue sustituida por la Operación Irini, cuya misión principal es hacer cumplir el embargo de armas hacia Libia decretado por la ONU.
“La Operación Sophia ya no podía reemplazar por completo los enormes esfuerzos realizados para salvar vidas de Mare Nostrum [el operativo lanzado por el Gobierno italiano en octubre de 2013 que en tan solo un año socorrió a 150.000 migrantes]”, explica a través de un correo electrónico Mijatović. Las dificultades de Sophia se incrementaron al suspenderse su capacidad naval y quedar solo la vigilancia aérea. “Ahora la situación es aún peor. Irini opera en una parte diferente del Mediterráneo, lejos de donde más se necesita la capacidad de rescate”, añade. “Mientras tanto, en el Mediterráneo central, el despliegue de embarcaciones en el mar ha sido reemplazado por patrullaje de aviones, lo que significa que estos pueden identificar un barco migrante, pero no recoger a las personas en peligro”. El informe constata esta tendencia, también en las operaciones de Frontex, la agencia europea de fronteras. La información recopilada por los aviones, drones y satélites de los países y las agencias de la UE se comparte con todas las autoridades pertinentes, incluidas las de Libia. Con la presencia limitada de los propios estados miembros en el mar, esta práctica propicia nuevas intercepciones y devoluciones por parte de la Guardia Costera libia a puertos inseguros, en contra de las leyes marítimas y de derechos humanos internacionales, señala el documento.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 20.000 personas han sido devueltas a este país entre 2019 y 2020. “Los estados europeos pueden y deben asegurarse de que las personas no estén expuestas a horribles vulneraciones de los derechos humanos en Libia, y hasta ahora no lo han hecho, especialmente al continuar su apoyo a la Guardia Costera de Libia a pesar de la clara evidencia de abusos”, valora Mijatović en su correo.
Recomendaciones
La Comisaria cree que hay una “necesidad urgente de actuar”, por lo que pide a los países miembros del Consejo de Europa que garanticen la presencia de una capacidad de búsqueda y salvamento en el mar adecuada y eficaz dirigida por el Estado, que proporcione una respuesta rápida a las llamadas de socorro, así como el desembarco seguro y pronto de los rescatados. Llama a dejar de obstaculizar las actividades de las ONG y pide poner fin a las devoluciones en caliente u otras actividades que conduzcan al retorno de refugiados y migrantes a áreas o situaciones en las que están expuestos a graves violaciones de derechos humanos. “Los países del sur de Europa se enfrentan a grandes desafíos para recibir e integrar a los migrantes y, al mismo tiempo, atender las necesidades de las poblaciones locales”, señala Mijatović por escrito. “Algunas situaciones son críticas, como la de las islas del Egeo y ahora la de Canarias, cuya ruta es particularmente mortífera [más de 600 fallecidos en 2020, según la OIM]. Esto muestra la necesidad de una mayor solidaridad europea, así como de más rutas seguras y legales para acceder a Europa”, concluye.
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