La Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, ha señalado la necesidad de una reforma legislativa y jurídica de gran calado en Países Bajos para evitar nuevos escándalos como el de los subsidios familiares, que provocó la dimisión en bloque del Gobierno de centro derecha el pasado enero. Así lo indica el borrador del informe elaborado por la Comisión, que ha sido publicado este martes por la prensa holandesa. En el mismo, se apunta al Gobierno, y también al Congreso, por incumplir las funciones que tienen encomendadas. El primero, por falta de transparencia y por no brindar a los diputados la información solicitada a los distintos ministerios. El otro, por no fijarse bien a la hora de aprobar leyes que puedan mermar la protección del ciudadano. Las ayudas fueron recibidas entre 2014 y 2019 por más de 30.000 familias, en su mayoría de origen inmigrante, acusadas sin motivo de fraude por la Agencia Tributaria. Solo un 10% ha recibido hasta la fecha una compensación.
La investigación sobre los fallos registrados en este caso fue pedida por la propia Cámara baja holandesa y sus conclusiones, confidenciales por ahora, han sido filtradas al diario Trouw y la cadena televisiva RTL. Ambos medios destaparon el escándalo de los subsidios. Según publican, el informe indica que Países Bajos debe reforzar el papel del Congreso para que este pueda supervisar adecuadamente al Ejecutivo. La Comisión de Venecia señala asimismo que debe considerarse “aceptable y normal que los diputados de partidos de la coalición en el poder ejerzan su labor de escrutinio del Gobierno, sin que ello sea visto como una deslealtad”. El escándalo de las ayudas familiares fue denunciado por la abogada española Eva González Pérez, que pidió ayuda al diputado democristiano ―uno de los grupos del Gobierno hoy en funciones― Peter Omtzigt. Ella actuó desde los tribunales y él preguntó al Ejecutivo desde su escaño provocando hondo malestar en el seno del Gabinete.
La Comisión de Venecia ha elaborado otros informes críticos sobre el estado de la democracia en Polonia o Hungría. En el dedicado a Países Bajos, pide más fondos y apoyo para que las distintas comisiones parlamentarias puedan trabajar. También, el refuerzo del “derecho a la información por parte del Congreso, fijado por la Constitución”. Al mismo tiempo, señala que la Cámara baja también puede reclamar una investigación parlamentaria “incluso si lo solicita una minoría de diputados”. Por otro lado, dice que las voces críticas dentro del Gobierno no deben ser sofocadas, sino deben ser escuchadas al más alto nivel.
El Consejo de Europa llama la atención sobre el funcionamiento del Congreso “en su calidad de colegislador”. En este punto, describe la falta de atención puesta a la hora de redactar las leyes tributarias que han abocado al desastre financiero a miles de familias inocentes. Para evitar repeticiones, propone la inclusión de cláusulas de protección que permitan desviarse de la legislación “cuando esta pueda perjudicar al ciudadano”. En este contexto, se advierte sobre el uso de algoritmos y de la inteligencia artificial por parte del Gobierno a la hora de tomar decisiones. Los algoritmos aplicados por la Agencia Tributaria para marcar un posible riesgo de fraude acabaron por discriminar a familias con apellidos extranjeros. Como punto positivo, el informe recoge que ya se han anunciado reformas para evitar casos similares.
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