El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión sanitarias, que nace con el objetivo de blindar el acceso universal a la sanidad pública y eliminar nuevos copagos en el sistema sanitario. El texto será ahora remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación, por lo que puede sufrir aún cambios antes de su aprobación definitiva.
Aunque buena parte de las medidas recogidas en el proyecto de ley ya están en vigor ―bien porque han sido aprobadas por decretos-leyes, bien porque algunos copagos han sido eliminados mediante los Presupuestos Generales―, el texto pretende “ordenar legislativamente y dar mayor fuerza a medidas que estaban dispersas, y dar respuesta a algunos flecos que quedaban pendientes”, explican fuentes del Gobierno.
“Esta es una ley muy importante porque mejora y amplía derechos de los ciudadanos”, ha afirmado en su comparecencia tras el Consejo de Ministros la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien se ha felicitado de que la mejora de la situación de la pandemia permita volver a hacer frente a temas “tan importantes” que en los últimos meses habían quedado relegados.
La iniciativa legislativa es fruto de la promesa electoral del PSOE y Podemos de revertir una de las medidas más controvertidas del Gobierno del PP de Mariano Rajoy, tomada en 2012 a rebufo de la crisis económica, y que acabó con un derecho universal a la sanidad pública. El Real Decreto-ley 16/2012 “volvía a vincular el acceso al sistema sanitario con la cotización a la Seguridad Social, lo que era un grave retroceso a la situación anterior a la Ley General de Sanidad de 1986”, explica la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo.
En junio de 2018, poco después de la moción de censura que llevó al primer Gobierno de Pedro Sánchez, este aprobó el Real Decreto-ley 7/2018, con el que se pretendía regresar a la situación anterior a 2012. Aunque esta norma fue valorada como un paso importante, quedaron algunos flecos por resolver que han sido criticados por varias ONG en los últimos años y que afectaban a colectivos cuya situación legal en España no estaba regularizada.
“Quedaban sin acceso garantizado a la sanidad grupos como las embarazadas sin otros niños o las personas reagrupadas, entre otros”, explica un portavoz de Médicos del Mundo. Son casos delicados, porque se trata de personas a las que les resulta difícil incluso acceder a un seguro privado, como suele ocurrir con las mujeres gestantes o las personas mayores en los casos de reagrupación familiar. Es importante que la situación de estos grupos quede resuelta durante la tramitación de la ley en el Congreso”.
Darias no ha entrado en detalles sobre este punto en su comparecencia, aunque sí ha insistido en que la nueva norma “incide y fortalece los principios rectores del Sistema Nacional de Salud (SNS), como son la cohesión, la equidad y la universalidad”.
Fuentes del Gobierno afirman que el texto aprobado este lunes por el Consejo de Ministros es un “punto de partida” sobre el que trabajar para cumplir el compromiso de “volver a una plena universalidad de acceso a la sanidad pública”. Por ello, añaden, aunque alguno de estos grupos no quede recogido explícitamente en el actual proyecto, la previsión es que “se hagan los ajustes necesarios en el Congreso para alcanzar ese objetivo”.
En relación a los copagos, los Presupuestos Generales de 2021 ya eliminaron el farmacéutico impuesto por el PP a cerca de ocho millones de personas. “Hemos eliminado el copago farmacéutico a los colectivos más vulnerables: personas perceptoras del ingreso mínimo vital, pensionistas con rentas bajas, menores con discapacidad reconocida y personas de rentas bajas con hijo a cargo. Ahora, además, ampliaremos la eliminación del copago ortoprotésico a estos mismos colectivos”, ha anunciado Darias.
El proyecto de ley, sin embargo, llega sin consenso previo con Podemos y amenaza con abrir un nuevo frente en el Gobierno de coalición, aunque en este caso es por un tercer asunto: las nuevas fórmulas de gestión, aprobadas en 1997 por el Gobierno de José María Aznar (PP), que abren la puerta a la entrada de capital privado en la gestión de dispositivos de la sanidad pública y que Podemos quiere ahora derogar.
Tras la reunión técnica que mantienen semanalmente los subsecretarios de Estado para abordar los temas que se debatirán en el siguiente Consejo de Ministros, el partido que dirige Ione Belarra ya anunció el viernes que no apoyaría la propuesta socialista al considerar que mantiene “intacta” la ley 15/97 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. El acuerdo de gobierno firmado entre los socios al comienzo de legislatura recoge la “revisión” de esta norma, aunque no especifica cómo. El portavoz de la formación Pablo Fernández ha precisado este lunes que Podemos presentará enmiendas en el trámite parlamentario, aunque ha evitado entrar en la letra pequeña de su contenido.
Fernández “confía” en que el PSOE se abra a incluir sus aportaciones y “entre en razón”. El partido apuesta “sin ambages” por la sanidad pública y defiende llevar a cabo un proceso de desprivatización como el que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana. Entre otras medidas, aboga por la no renovación de aquellas concesiones de gestión indirecta a hospitales privados que caduquen, así como impedir que se otorguen otras nuevas.
En su comparecencia, Darias ha señalado que entre los objetivos específicos del proyecto de ley figura establecer “como fórmula de gestión preferente” la “gestión directa pública”. Pese a ello, lamentan desde Podemos, el texto prevé que los servicios podrán prestarse “mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas” y que también crea los llamados “consorcios sanitarios”, que permiten la participación de empresas privadas en la prestación de servicios.
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