México forma parte de los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU, que realizó esta declaración de forma consensuada.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reclamó el jueves la “liberación inmediata” de la líder ‘de facto’ de Myanmar, Suu Kyi, y el resto de políticos detenidos durante el golpe de Estado dado el lunes por el Ejército poco antes de que tomara posesión el Parlamento surgido de las elecciones legislativas de noviembre.
En una declaración consensuada, los 15 estados miembro del organismo -entre los que se encuentra México- mostraron su “profunda preocupación” por la declaración del estado de emergencia y la “detención arbitraria” de miembros del Gobierno, incluidos Suu Kyi y el presidente Win Myint, por lo que han reclamado su liberación.
Resaltaron la “necesidad de un apoyo continuado a la transición democrática” y defendieron la urgencia de “mantener las instituciones y procesos democráticos, evitar la violencia y respetar totalmente los Derechos Humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho”.
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En este sentido, los miembros del organismo abogaron por el “diálogo” y la “reconciliación”, en línea con “los intereses del pueblo de Myanmar”, al tiempo que mostraron su preocupación por las restricciones impuestas tras la asonada sobre la sociedad civil, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación.
El Consejo de Seguridad pidió además que se garantice un acceso humanitario “sin restricciones” a las personas que necesiten ayuda, incluido el reinicio de los vuelos humanitarios que opera la ONU, antes de apostar por “hacer frente a las causas subyacentes” de la crisis en el estado de Rajine (oeste) y crear “las condiciones necesarias” para un regreso “seguro, voluntario, sostenible y digno” de los cientos de miles de rohingyas desplazados y refugiados en Bangladesh y otros países de la región.
Por último, reafirmaron su “firme compromiso” con la “soberanía, independencia política, integridad territorial y unidad” de Myanmar, según un comunicado publicado por el Consejo de Seguridad de la ONU a través de su página web.
Foto: Reuters
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El texto fue publicado poco antes de que Win Htein, un alto cargo de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi, fuera detenido a primera hora de este viernes en la ciudad de Rangún (sur), la más poblada del país asiático.
Htein dijo a la cadena de televisión británica BBC que iba a ser trasladado a la capital, Naypidó, tras ser detenido bajo las leyes de sedición, por lo que se expondría a una pena de cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.
“No les gusta lo que he estado diciendo. Tienen miedo a lo que digo”, manifestó Htein, de 79 años y un firme seguidor de Suu Kyi. Durante los últimos días, el alto cargo de la NLD ha dado diversas entrevistas para condenar el golpe y criticar al jefe del Ejército, Min Aung Hlaning.
Manifestantes queman un retrato del general Min Aung Hlaing en protesta contra el golpe militar. Foto: Reuters
Protestas en Mandalay
Por otra parte, decenas de personas se manifestaron en la ciudad de Mandalay (norte) para protestar contra el golpe de Estado y reclamar el restablecimiento de la democracia en el país asiático.
Según las informaciones recogidas por el diario ‘The Myanmar Times’, la concentración, que se saldó con varios detenidos, tuvo lugar frente a una facultad de Medicina con pancartas y megáfonos. Los participantes reclamaron además la liberación de Suu Kyi y de Myint, así como la salida del Ejército del poder.
En los últimos días, parte de la población se ha organizado a través de redes sociales para llevar a cabo campañas de desobediencia contra el golpe. Facebook, muy popular en el país, ha sido una de las plataformas más utilizadas para ello, por lo que el Ejército ordenó a las empresas de telecomunicaciones que lo bloqueasen hasta el 7 de febrero, lo que provocó que los convocantes migren a redes sociales como Twitter o el servicio de mensajería Telegram, recoge ‘The Irrawady’.
Frente a la situación que se vive en el país, organizaciones como Amnistía Internacional han lamentado la detención de activistas y defensores de Derechos Humanos, mientras otros organismos como el Consejo Noruego para los Refugiados alertó del “desastre humanitario” que puede significar el golpe para un millón de personas en situación de vulnerabilidad (EP).