Miembros del Consejo constitucional Francés, en una imagen oficial de la institución francesa.
Laurent Fabius y Alain Juppé, veteranos políticos franceses que soñaron durante años con ser presidentes de la República, tienen en sus manos el futuro de Emmanuel Macron. Fabius, Juppé y los otros siete miembros del Consejo Constitucional, el equivalente del Tribunal Constitucional, examinan desde la semana pasada el proyecto estrella del segundo mandato de Macron: la reforma de las pensiones, que ha desatado la mayor tormenta política y social de los años recientes en Francia.
Los sabios, como se les conoce en Francia, tienen de plazo hasta el 21 de abril para decidir si la ley que aumentará la edad legal de jubilación a los 64 años respeta la Constitución de 1958. Podrían enmendar la totalidad de texto. O limitarse a suprimir quirúrgicamente algunos artículos. La primera opción dejaría tocado a Macron para los cuatro últimos años en el poder. Y supondría una victoria para la amplia mayoría de franceses que se opone a la reforma. La segunda opción permitiría al presidente promulgar la ley e intentar pasar página.
A la espera de la decisión, el pulso en la calle continúa. Los sindicatos han convocado para este martes la décima jornada de huelga y manifestaciones.
Un sondeo del instituto Ifop, publicado este domingo, sitúa al Reagrupamiento Nacional, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, como el más beneficiado por la crisis. Si las elecciones legislativas se celebrasen ahora, el RN sería la formación más votada en la primera vuelta junto a la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES), la alianza de izquierdas liderada por el partido del anticapitalista y euroescéptico Jean-Luc Mélenchon. Ambas formaciones sacarían un 26%. En las últimas legislativas, el RN consiguió un 19,2% y la NUPES, un 26,3%. Los macronistas pasarían de un 26,9% a un 22%.
La reforma se adoptó en el Parlamento el lunes pasado tras un accidentado recorrido legislativo y entre protestas masivas que en los últimos días han terminado con choques entre manifestantes y policías y denuncias de abusos policiales.
El 16 de marzo, tras constatar que carecía de los votos suficientes para adoptar la reforma en la Asamblea Nacional, Macron recurrió al artículo 49.3 de la Constitución, que permite imponer una ley sin voto. La oposición respondió con dos mociones de censura, pero las perdió. Después presentó recursos ante el Constitucional.
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Laurent Berger, secretario general del sindicato moderado CFDT, ha sugerido una salida. “Podríamos pedir no la retirada de la ley, sino su suspensión”, declaró este fin de semana a la revista Le Grand Continent. “Esto nos permitiría buscar y encontrar un compromiso social más inteligente.” En Le Journal du dimanche, el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, aceptó la mano tendida, pero añadió: “No nos pondremos de acuerdo sobre al aplazamiento [de la edad de jubilación] a los 64 años”. Macron ha dicho que, después de que el Constitucional se pronuncie, promulgará la ley para que entre en vigor antes de final de año.
Objeciones
La principal objeción que plantean los recursos al Constitucional es que el Gobierno optase por incluir la reforma en una ley de financiación rectificativa de la seguridad social, en vez de redactar una ley clásica. Se trata, según los demandantes, de una triquiñuela legislativa que vulnera la Constitución. “Una manipulación del procedimiento”, según el recurso de la izquierda. “Un vehículo legislativo inadaptado para la reforma de las pensiones”, según el de la extrema derecha.
Otra objeción es que el Gobierno enmarcase el proceso legislativo en el artículo 47.1 de la Constitución. El 47.1 permite limitar el debate parlamentario a 50 días, con unos plazos estrictos para cada cámara parlamentaria. Lo que ocurrió fue que el plazo en la Asamblea Nacional venció antes de que los diputados hubieran podido votar. La ley fue entonces al Senado, que la aprobó. Al regresar a la Asamblea Nacional, Macron ordenó a su primera ministra que activase el 49.3 e impidió el votó final.
Que la reforma se presentase como una ley financiera facilitó también el uso del 49.3, pues este artículo puede usarse tantas veces como se quiera con las leyes financieras, pero solo una vez por curso con el resto. Todo esto, sumado a las informaciones incompletas que, según los demandantes, el Gobierno suministró a los parlamentarios, vulnera los principios de “claridad y sinceridad” de los debates parlamentarios. Otra objeción es que el Gobierno introdujese medidas que no encajan en una ley financiera. Por ejemplo, la obligación para las empresas de más de 300 empleados de difundir indicadores sobre el empleo de mayor edad.
Además de los recursos contra la reforma de las pensiones, el Constitucional examina una petición para organizar un referéndum nacional que limitaría la edad de jubilación a los 62 años. Esta vía requiere recoger casi cinco millones de firmas en un plazo de nueve meses.
Los miembros Consejo Constitucional son nombrados por nueve años a propuesta de los presidentes de la República, del Senado y de la Asamblea Nacional. De los nueve miembros actuales, seis son hombres y tres mujeres. Cinco son expolíticos y, de estos, dos macronistas, dos conservadores y uno socialista: Fabius, el presidente de la institución. Fabius, como Juppé, fueron ministros de Exteriores y primeros ministros.
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