La quinta ola de la covid-19 está golpeando también con fuerza a las cárceles españolas pese al alto porcentaje de reclusos vacunados. Varios centros penitenciarios -hasta 11 según fuentes sindicales- han registrado en las últimas semanas brotes de coronavirus entre los internos, lo que ha obligado a aislar módulos enteros. Uno de los más rápidos en expandirse ha sido el de la prisión de Las Palmas II, ubicada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), en el que hasta este miércoles se contabilizaban 77 contagios entre la población reclusa, cifra que previsiblemente subirá en los próximos días cuando se reciban los resultados de las pruebas PCR que se han hecho a más internos, confirman fuentes de Instituciones Penitenciarias. El brote se ha conocido después de que un recluso que había rechazado inocularse la vacuna “porque no se fiaba” presentara la semana pasada fiebre alta. Fuentes penitenciarias cifran en menos de un 3% de los cerca de 47.000 reclusos que hay en España los que han rechazado inmunizarse.
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“El 100% de los funcionarios está vacunado, el 90% de los internos también, los que no lo están ha sido porque se han negado a recibir la vacuna, y ahí ha empezado el brote a través de las personas que no se han vacunado”, ha manifestado este miércoles el delegado de Gobierno en Canarias, Anselmo Pastrana, en referencia a esta prisión. Según detallan fuentes penitenciarias, el recluso que ha destapado el brote comenzó a sentirse enfermo el pasado jueves, lo que llevó a los servicios sanitarios de la cárcel a realizarle una prueba de antígenos que dio positivo. Para confirmar el diagnóstico, se le realizó un test PCR, cuyo resultado, al día siguiente, también fue positivo. “Ese mismo día se acordó aislar el módulo en el que estaba recluido”, afirman fuentes de la prisión. El recluso, actualmente ingresado en la enfermería del centro, no presenta síntomas graves, añaden estas mismas fuentes, que recalcan que el resto de los casos detectados son asintomáticos o presentan síntomas leves.
El brote de la prisión canaria no es, sin embargo, el más numeroso en estos momentos. Este está localizado en la prisión valenciana de Picassent, la más grande de España, con 155 contagios, todos leves o asintomáticos. Esta cárcel ya sufrió un brote importante el pasado enero, durante la tercera oleada del coronavirus. Entonces, se detectaron 133 positivos por la covid-19. Además, también ha habido repuntes de la enfermedad en los últimos días en las prisiones de Logroño (14 casos) y Madrid VI, en la localidad de Aranjuez (20), confirmados por fuentes de Instituciones Penitenciarias, y los sindicatos hablan de Tenerife (4). La semana pasada también se detectaron brotes en la cárcel de Fontcalent (Alicante), con 125 casos; Algeciras (Cádiz), con 80; Zaballa (Álava), con 16, y Madrid II-Alcalá, con 22. En las semanas anteriores hubo en las prisiones de Puerto III (Cádiz) y Soto del Real (Madrid), que se dan ya por controlados. “Las cárceles están siendo un reflejo de lo que ocurre con la enfermedad fuera de ellas. Si hay oleadas en la sociedad, también se producen dentro de las cárceles”, señalan desde el Ministerio del Interior.
El 95% de los presos ha sido vacunado con la pauta completa, en su mayoría con el suero de Janssen, de una sola dosis. Instituciones Penitenciarias no cuenta con un registro centralizado del porcentaje de funcionarios de prisiones que ha recibido la vacunación al tratarse de una competencia de las comunidades autónomas. Algunos gobiernos autónomos proporcionan los datos globales y otros no. La vacunación no es obligatoria en España. Hay funcionarios que han sido inmunizados en los propios centros penitenciarios, con personal propio o desplazado de los departamentos sanitarios correspondientes, y otros que han recibido las dosis en los centros de salud o puntos de vacunación convencionales.
Desde el estallido de la pandemia el pasado año hasta el 1 de julio del actual, habían contraído la enfermedad 1.854 funcionarios y 2.180 reclusos, según las estadísticas oficiales. De ellos, habían fallecido cinco funcionarios y 10 presos. En la actual ola no se ha registrado ningún muerto. Según el último estudio elaborado por Interior, hecho público el pasado abril, la tasa de incidencia de la enfermedad en la población reclusa fue casi dos veces inferior a la de la población general; la de hospitalización, cinco veces menor; y la de mortalidad, 8,5 veces más baja.
Alberto Téllez, responsable nacional de Salud Laboral de Acaip-UGT, el sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones, estima que entre el 90% y el 95% del colectivo profesional se ha vacunado con la pauta completa. Entre los presos, Téllez asegura que el porcentaje, que sitúa en el 90%, varía mucho en función de los módulos. Los presos con un perfil más conflictivo son los más refractarios a recibir la vacuna, asegura. El responsable sindical recuerda que las prisiones no son herméticas y todos días, además de los funcionarios, entran y salen trabajadores externos y voluntarios. También señala que los presos salen de permiso y que hay comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia con sus familias (conocidos como vis a vis), en los que hay contacto físico. Téllez considera que la adopción de medidas restrictivas, como las que se han impuesto desde que estalló la pandemia, es fundamental para atajar los brotes, pero advierte de que si son muy continuadas pueden contribuir a aumentar la conflictividad entre la población reclusa.
En aquellas prisiones enclavadas en provincias con una incidencia acumulada en 14 días superior a 500 casos por 100.00 habitantes, se exige a los trabajadores externos y voluntarios el certificado de vacunación. También se toman medias como la restricción de las visitas o la supresión de permisos y salidas programadas, siempre con el visto bueno del juez de vigilancia penitenciaria correspondiente. Hasta el pasado jueves, 56 de los 71 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior estaban sometidos a algún tipo de restricciones en las visitas de familiares a los reclusos. Dos de ellos, los de Melilla y Fontcalent (Alicante), estaban totalmente aislados.
A propósito de la situación del coronavirus en las cárceles, Alberto Infante, profesor emérito de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, asegura que “instituciones cerradas, con residentes dentro y trabajadores que entran y salen, además de visitas, es el escenario perfecto que ya conocemos para que los contagios proliferen”. “Si son antivacunas, habría que recomendar que, al menos, se pongan la mascarilla. Pero entiendo que manejar a presos que no quieren hacer cosas es muy difícil y no sé cómo los vas a convencer de que usen la mascarilla”, añade, informa Jessica Mouzo.
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