Empujado por las sanciones, el Kremlin emprendió en 2014 un ambicioso plan económico para sustituir las importaciones por productos nacionales. El castigo de la Unión Europea y Estados Unidos contra las personas y firmas que participaron en la anexión de Crimea, en 2014, y la guerra del Donbás fue respondido por el Kremlin con un veto general a la compra de alimentos a Occidente. En los años sucesivos, y bajo más acusaciones de represión e injerencia en elecciones extranjeras, la lista de sanciones creció mientras que Moscú redobló su apuesta, con mayor o menor éxito, por el “fabricado en Rusia”.
Las ordenes para sustituir las importaciones por productos rusos abarcan todos los sectores imaginables. El Ministerio de Industria creó un portal en el que aparecen todos los planes de sustitución, desde la industria pesada a los medicamentos y el comercio minorista. Por ejemplo, la importación de ropa para niños debía ser reducida del 85% del total en 2016 al 65% en 2021; y los discos de freno de los automóviles del 60% al 20%, respectivamente.
En algunos casos se han logrado avances notables. Las compañías de gas y petróleo, muy castigadas por las sanciones, habrían reducido las importaciones de su equipamiento del 60% al 43% entre 2015 y 2020, según el Ministerio de Industria. Este sector ha sido uno de los objetivos de las medidas punitivas de Washington “para ejercer una presión económica a largo plazo sobre el país”, según reconoció el Congreso de Estados Unidos en un informe de enero del 2020.
En otros casos nada ha cambiado en el mercado. Según un estudio de la Escuela Superior de Economía, al terminar 2020, las importaciones del comercio minorista superaban el 75% del total, con ropa y juguetes por encima del 90%.
“La sustitución de ciertas importaciones no es, per se, proteccionismo. En los años setenta, Japón y Corea del Sur compraron licencias y medios a los extranjeros para empezar a producir ellos mismos y tuvieron éxito”, afirma Alekséi Portanski, profesor de la Escuela Superior de Economía y exjefe de la Oficina para la Adhesión de Rusia a la Organización Mundial del Comercio (OMC), a la que se incorporó Moscú en 2012. “Sin embargo, esto debe ser estrictamente planificado: qué sectores concretos queremos cambiar y en qué plazo de tiempo”, subraya Portanski.
Siete años después de lanzarse este plan, las empresas rusas todavía se topan con enormes problemas para equiparse con diseños nacionales. “El principal obstáculo fue, y sigue siendo, la ausencia de alternativas rusas de cualquier calidad”, cuenta Serguéi Tsujlo, jefe del departamento de Encuestas Empresariales del Instituto de Política Económica Gaidar. Según los sondeos del organismo, un 80% de las firmas del país se encontraban con ese obstáculo el pasado septiembre, el porcentaje más alto desde que se comenzó a realizar esa encuesta, en enero de 2015.
“Este factor está muy asociado con la ampliación de las restricciones impuestas tanto por nuestros ‘socios occidentales’ como por las autoridades rusas”, señala Tsujlo. “Con los problemas logísticos globales, y a medida que crece el desgaste de los equipos, los fabricantes rusos no encuentran lo que necesitan en el mercado interior”, agrega. El segundo problema, según el sondeo, es “la baja calidad de los productos rusos” que manifiestan más de la mitad de las empresas, frente al 25% que decía lo mismo en 2016.
Uno de los problemas para incentivar la producción nacional es que su desarrollo exige importantes inversiones de tiempo y de dinero, especialmente si se quiere ser competitivo para exportar, porque el mercado interno del sector no es suficientemente grande para compensar el gasto. Y a ello se suma el coste de importar materiales para la producción: la moneda rusa se ha devaluado de 45 rublos por euro en enero de 2014 a 85 rublos por euro actualmente.
“La sustitución de importaciones no ha dado resultados. Dicen que ha triunfado, pero no es verdad, manipulan las cifras”, asevera Portanksi. “Los alimentos rusos han aumentado su cuota en los mercados, sí, pero mirémoslo desde el punto de vista del consumidor, que es el que nos interesa. Han aparecido productos rusos, pero son más caros y la calidad no muy buena, ¿Por qué? Antes los supermercados tenían más oferta, ahora nuestros productores son monopolistas”, afirma el experto.
Portanski hace referencia a un estudio de 2019 de la Escuela Rusa de Economía que analizó cómo había funcionado la sustitución en el sector alimentario en su primer lustro. Salvo las categorías de aves, cerdo y tomates, cuyos precios reales bajaron, el resto se encarecieron para el consumidor. Según sus cálculos, los ciudadanos rusos pagaban un sobrecoste de 5.100 millones de euros al año frente a los precios de 2013. Y esto antes del coronavirus. Con la pandemia y la interrupción global en los suministros, la situación es aún peor, pues según Rosstat (la agencia rusa de estadísticas) solo el año pasado se encarecieron los alimentos un 10,6%.
“La Unión Europea es nuestro principal socio comercial, y nos interesa continuar con esta colaboración, con sus inversiones nos llega el know-how (los conocimientos prácticos) que nos hace falta”, recalca Portanski.
En pleno conflicto por las sanciones, Bruselas acusa al Kremlin de priorizar a las empresas rusas frente a las comunitarias en sus licitaciones y por ello anunció en noviembre que recurrirá ante la OMC, cuyo principio básico es que sus miembros no discriminen por procedencia. La Comisión Europea recalca que el impacto económico para sus empresas “es muy significativo”, puesto que las licitaciones rusas mueven miles de millones de euros cada año.
Bruselas denuncia en concreto tres normas del Kremlin. Primera, las corporaciones estatales rusas valoran el precio ofertado por las empresas nacionales como si tuviera una deducción de hasta el 30%. Segunda, las compañías rusas deben pedir autorización cuando van a importar ciertos productos de ingeniería. Y tercera, hay cuotas que garantizan el origen ruso en las licitaciones para numerosos artículos, como vehículos, equipos médicos y productos tecnológicos.
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso comentó las demandas de Bruselas a través de su canal de Telegram. “Es una estupidez porque la sustitución de importaciones fue una respuesta a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Bruselas dijo durante mucho tiempo que nuestro país había sido ‘duramente castigado’. Lo que es ‘duro’ es el ‘sadomasoquismo”, afirmó María Zajarova.
Un indicio de que no avanza el plan según lo previsto es que el pasado 24 de diciembre se enmendó el decreto de 2014 sobre las cuotas para las compras estatales de productos rusos. De los 100 artículos listados según la clasificación rusa, 41 han quedado exentos por no haber aún fabricantes suficientes. Entre ellos, lámparas médicas, ordenadores portátiles, tarjetas inteligentes, circuitos integrados y otros componentes electrónicos.
Por ley, los programas de los sistemas informáticos clave del sector público deberán ser sustituidos a partir del próximo 1 de enero, mientras que el resto tendrá que cambiarse por software ruso al acabarse su vida útil. Sin embargo, la resistencia mostrada por las empresas ha llevado al presidente ruso, Vladímir Putin, a apoyar la propuesta del ministro de Industria Digital para hacer legalmente responsables a los ejecutivos que no cumplan con este objetivo. El departamento que dirige Maksut Shadáyev llegó incluso a vetar a la petrolera Transneft una compra a Microsoft de siete millones de euros, aunque al final cedió ante la realidad: el pasado 29 de diciembre aprobó que la agencia nuclear Rosatom adquiera software de gestión empresarial de la alemana SAP por nueve millones.
Y en la sanidad, lo mismo. En 2015 se lanzó un programa a cinco años para que el 40% de los equipos médicos fueran nacionales, pero apenas ha avanzado, especialmente tras estallar la pandemia, y a finales de 2020 su cuota rondaba el 29%, según la Cámara de Cuentas. Los alicientes son pocos: largos plazos para registrar los productos y la depreciación del rublo, que encarece aún más la compra de materiales fuera, especialmente de China.
En enero de 2014, justo antes de las sanciones, el economista Víktor Ivánter (fallecido en 2019) abogaba en un artículo publicado en el diario oficial Rossískaya Gazeta por invertir en la industria nacional y poner fin también a la “dependencia crítica” en los alimentos. “Tras 20 años reformando, hemos logrado algo a lo que no queremos renunciar: la elección del consumidor, pero esto aún depende de las importaciones”, decía Ivánter. Ocho años después, la elección es menor y más cara en la cesta de la compra.
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