Las Cortes Valencianas acogen, a partir de este lunes, el debate de política general de la Comunidad Valenciana, que servirá de meta volante tanto para el pacto del Botànic, que propició el Gobierno valenciano de coalición de izquierdas, como para la legislatura, tras dos años desde las últimas elecciones autonómicas de 2019.
El Consell, formado por socialistas, Compromís y Podemos, llega en un momento complicado, con claras tensiones entre sus miembros, y con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con la única intención de centrarse en la situación de la Comunidad una vez ha pasado lo más duro de la pandemia de coronavirus y con el propósito de exponer las líneas estratégicas de la acción del Consell: la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, el fortalecimiento del estado de bienestar valenciano, el impulso a la economía y la creación de puestos de trabajo y la transformación tecnológica y la apuesta por la investigación. Según fuentes de presidencia, los últimos enfrentamientos tras la propuesta de Compromís y Podem sobre una tasa turística el mismo día que Puig buscaba en Andalucía al PP como aliado a la reivindicación de la reforma de financiación autonómica, no ha modificado el discurso del President. El planteamiento será el mismo pese al enojo que provocó en el líder de los socialistas valencianos que sus socios de Gobierno ensombrecieran un encuentro en el que llevaba meses trabajando.
Los socialistas están a la expectativa ante la posición que adoptará Compromís en el debate. Querían llegar al mismo con un Consell pacificado. Así han neutralizado las dos minicrisis abiertas en el último mes con la renuncia del vicepresidente segundo y consejero de Podemos Rubén Martínez Dalmau, y el plante de la vicepresidenta primera, Mónica Oltra, al consejero de Hacienda, Vicent Soler, y la petición de esta de negociar los presupuestos de una forma global y no por consejerías. La afirmación “el presidente hará los cambios cuando lo considere oportuno”, respuesta de Presidencia ante la renuncia de Dalmau, mudó en 48 horas. Lejos de abrir una brecha entre los socios de Gobierno, en este caso con Podem, Ximo Puig accedió al relevo y a la designación de Héctor Illueca sin cuestionar la decisión. Días después el encontronazo fue con Compromís, cuando Mónica Oltra pidió una nueva fórmula para negociar el presupuesto. En 72 horas, el Consell aprobó la creación de una comisión para debatir las líneas generales de las cuentas, tal como pedía la vicepresidenta. El desafío de la propuesta de la tasa turística tuvo peor solución. Compromís y Podem mantienen que es posible y el PSPV considera que no es el momento. Pero, sobre todo, lo que molestó a los socialistas fue el día elegido para hacer pública la propuesta, durante la visita de Puig a Sevilla, distorsionando la alianza alcanzada con el PP andaluz en pro de un nuevo modelo de financiación. “Fue una deslealtad”, afirman fuentes de Presidencia. “Lo único que queremos es que no se olvide de qué es la cogobernanza”, aseguran fuentes de la vicepresidencia.
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El PSPV también es consciente de que, con la renuncia de Dalmau, ha perdido al aliado de Podem más cercano. La llegada de Illueca, en mayor sintonía con la coordinadora general Pilar Lima, y la visita de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que posó y se abrazó de forma ostentosa con Oltra, han sido señales más que suficientes.
El hecho es que unos y otros prefieren un debate tranquilo, a sabiendas de que la oposición utilizará cualquier roce, existente o no, para tratar de desgastar el pacto del Botànic.
El verdadero examen llegará tras el debate, con la elaboración del presupuesto, que debería estar aprobado antes del 31 de octubre. Será en esos días cuando se vea si el Botànic se mantiene lo suficientemente sólido en un momento clave, a mitad de legislatura.
En la oposición, el interés está en el PP, que estrena síndica, María José Catalá, brazo del presidente regional de los populares, Carlos Mazón. El líder de los populares valencianos no tiene escaño en las Cortes, institución que puede servir de trampolín a Catalá, en el caso de no funcionar el efecto Mazón. De momento, en la teoría, el PP asegura que será propositivo y planteará medidas concretas.
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