El decreto de evaluación y promoción que está previsto que el Gobierno apruebe próximamente elimina los exámenes de recuperación en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a partir de este curso. La norma sí mantiene dicha convocatoria, en cambio, para el Bachillerato.
Las pruebas de recuperación, que tradicionalmente eran en septiembre y las comunidades han tendido a ir trasladando a junio, desaparecen en el marco de un cambio profundo en el sistema que regula cómo se pasa de curso y se obtienen los títulos oficiales. Como ya establece la nueva ley educativa, la Lomloe, el borrador de decreto prevé que la repetición de curso ya no esté vinculada directamente con el hecho de haber suspendido un número determinado de materias, sino a lo que el equipo de profesores del alumno considere, de forma conjunta, que será mejor para su evolución académica. El borrador de la norma también establece que los refuerzos para los estudiantes que vayan mal deben ponerse “tan pronto como se detecten las dificultades”. En ese nuevo contexto, la importancia de poder recuperar asignaturas en una convocatoria extraordinaria para evitar la repetición de curso pierde gran parte de su relevancia.
El texto no contempla las pruebas de recuperación extraordinarias en ESO, pero tampoco impide expresamente que las comunidades, o los propios centros en aplicación de su autonomía, puedan establecerlas. Preguntado por si podrán hacerlo, el ministerio se limita a señalar de momento que los borradores todavía no están terminados. Baleares, donde gobiernan los socialistas, ya ha comunicado a los centros educativos que la convocatoria extraordinaria desaparece para que organicen el curso sin contar con ella, según ha informado el periódico local Última Hora. Si el borrador se mantiene como está, la Comunidad Valenciana también quitará dichos exámenes, señalan fuentes de la Generalitat, que creen que la retirada será, además, generalizada en todos los territorios.
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El nuevo decreto subraya, igual que la ley de educación, que la repetición debe ser una medida excepcional. Ello responde a la constatación de que, como ha venido insistiendo la OCDE, la repetición de curso es una medida ineficaz y cara para los sistemas educativos (especialmente para España, donde un 28,7% de los alumnos de 15 años ha repetido al menos una vez, casi el triple que la media de los países desarrollados). La previsión del Gobierno es que los fondos que no se destinen a hacer repetir a los alumnos se destinen a programas de refuerzo, que según la mayor parte de los expertos resulta más eficaz para el progreso educativo del alumnado.
El artículo 9.5 del borrador de nuevo decreto señala, en referencia a la ESO: “Las decisiones sobre promoción y titulación serán adoptadas colegiadamente por el equipo docente tras una convocatoria de evaluación que tendrá lugar al finalizar el curso escolar”. El decreto de evaluación aprobado en 2014 por el PP, y que ahora será derogado, preveía, por su parte, la celebración de “pruebas extraordinarias” para “la recuperación de las materias con evaluación negativa”.
Fuentes del Ministerio de Educación aseguran que el cambio fue trasladado a las comunidades autónomas durante el proceso de elaboración del decreto (cuyo trámite de audiencia pública ha concluido) y estas “no manifestaron desacuerdo”. Las mismas fuentes añaden que, aunque no es previsible, podría cambiar algún matiz del borrador de decreto antes de ser publicado.
La convocatoria extraordinaria sí se mantiene en Bachillerato, donde el número de suspensos seguirá siendo clave para poder conseguir el título. En principio, los alumnos tendrán que aprobarlas todas, aunque el borrador contempla que el equipo docente pueda decidir dárselo con una materia pendiente, siempre y cuando el estudiante cumpla una serie de condiciones, como no haber faltado a clase, tener una nota media superior al aprobado y haberse presentado a los exámenes de la asignatura.
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