Fernando García, miembro de la asociación Pedalibre, recibió este martes la respuesta del Defensor Pueblo, Francisco Fernández Marugán que llevaba esperando dos años. Le había pedido amparo en 2019, cuando nada más ganar José Luis Martínez-Almeida las elecciones municipales anunció que se eliminarían las multas y que acabaría, de facto, con Madrid Central. No pudo hacerlo entonces, pero el Tribunal Superior le dio la puntilla a la zona de bajas emisiones el pasado mayo cuando dio por buenos los argumentos del Grupo Municipal Popular de 2018 de que existía un error de forma en la ordenanza. García insistió de nuevo, ante la nueva normativa que los populares quieren sacar adelante. Y este martes le llegó la respuesta: “Sin necesidad de entrar en un análisis exhaustivo de la regulación de estas zonas, se advierte desde el principio que la aprobación de esta regulación supone un retroceso en la protección medioambiental respecto de la aprobada por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2018”. Como García, más de 500 personas recibieron este martes el mismo escrito de Fernández Marugán, que empezó a correr como la pólvora en Twitter.
En definitiva, el Defensor del Pueblo se posiciona claramente y asegura que la normativa que Almeida quiere sacar adelante en el pleno del próximo día 10 de septiembre es peor que la de su predecesora, Manuela Carmena. Aún así, Fernández Marugán explica que antes de emitir una resolución definitiva, ha pedido tanto al Consistorio madrileño como a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y las consejerías competentes en la materia que expongan ante su escrito lo que determinen oportuno. Todavía no ha recibido respuesta, puesto que se les remitió el escrito a la vez que a los ciudadanos.
El Defensor del Pueblo basa su argumento principalmente en dos razones. “La equiparación entre residentes y comerciantes a la hora de establecer las excepciones a la limitación de circulación y estacionamientos de vehículos” y la excepción relativa a los vehículos que entren en la zona de bajas emisiones para dejar o recoger a alumnos de educación infantil y primaria, “así como a los de secundaria cuyas necesidades lo exijan”. “Respecto a este último grupo, sin perjuicio de la ambigüedad de esta regulación (ya que se desconoce a qué hipotéticas necesidades se refiere) lo cierto es que se trata de una justificación de difícil justificación (…)”, explica el Defensor del Pueblo.
Fernández Marugán incide también en que “no existe ninguna relación entre el proyecto de Ordenanza de Movilidad y la reciente ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad del Ayuntamiento”, cuando, en su opinión, “tienen una relación intrínseca”.
Un portavoz del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento respondió que es “sorprendente” la petición del Defensor del Pueblo al ser una ordenanza que no está todavía aprobada. “Llama también la atención que en 2018 esta institución no solicitara ninguna información adicional sobre la Ordenanza de Movilidad Sostenible a pesar de que se había producido más controversia con la puesta en marcha de Madrid Central”, añade. El Consistorio “anima” a Fernández Muragán “a leerse por completo el texto de la ordenanza, más allá de dos artículos, pues contiene 245″ y de esa manera “podrá comprobar que en absoluto es regresivo, ya que contempla dos zonas de bajas emisiones de especial protección, en Centro y en Plaza Elíptica, donde nunca antes se había diseñado un plan para luchar contra la contaminación”.
Juan Bárcena, portavoz de la plataforma Respira Madrid, a la que pertenecen numerosas asociaciones como Ecologistas en Acción que defienden Madrid Central, celebró este martes la respuesta del Defensor del Pueblo porque va “en la misma sintonía de lo que nosotros decimos”. “En el contexto en el que estamos en la UE, lo que se pide es redoblar los esfuerzos y eso es lo que están haciendo las principales ciudades para evitar una multa. Y en Madrid vamos para atrás y lo hacemos peor de lo que ya existía”, insistió.
El problema de Almeida con Madrid Central viene de lejos. Hace dos años, el alcalde se presentó a las elecciones con la promesa de retirar la medida estrella de su predecesora. “#ConAlmeida, Madrid Central se acaba el 26 de mayo”, aseguraba en su campaña.
Dos años después, el alcalde llevó a su Junta de Gobierno el mantenimiento de Madrid Central con algunos cambios: una hora más para las motos —de 22.00 a 23.00 de la noche—. Y la entrada de los vehículos de los comerciantes de la zona centro, alrededor de 15.000 nuevos coches al día. Sin embargo, el cambio más sustancial para el ciudadano será el nombre, pues pasará a llamarse Distrito Centro.
Otro de los cambios claves e inminentes llegará a la zona de la Plaza Elíptica, donde en 17 calles —y con un perímetro 15 veces menor que Madrid Central— no podrán circular los vehículos sin etiqueta desde el momento de su aprobación.
PP y Ciudadanos —que suman 26 concejales, a cuatro de la mayoría absoluta— necesitan sí o sí los votos de cuatro ediles de la oposición para sacar adelante la normativa el 10 de septiembre. Tras el no rotundo de Vox, del PSOE y de Más Madrid a esta normativa medioambiental, el alcalde encontró un apoyo inesperado en cuatro concejales del Grupo Mixto. Sin embargo, ese grupo mixto ha quedado suspendido de forma temporal este mismo martes. La Justicia ha aceptado la solicitud de medidas cautelarísimas solicitadas por la formación que lidera Rita Maestre, según ha podido avanzar Abc. El juez ha dado tres días a los concejales de Recupera Madrid para responder a los argumentos de su antigua formación.
Más Madrid interpuso el pasado lunes un recurso contencioso administrativo contra la resolución de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de la capital que permitía a los cuatro concejales formar un grupo municipal independiente. Si el juez da finalmente la razón a Más Madrid, el Distrito Centro de Almeida corre peligro.
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