El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves con una amplia mayoría, por 207 votos a favor frente a 57 votos en contra y 86 abstenciones, una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a regular la retirada de medallas y condecoraciones a personas y autoridades de la época franquista que hubieran tenido comportamientos y actitudes propias de torturadores. La proposición fue negociada por el PSOE y Unidas Podemos y apoyada por Ciudadanos, que introdujo algunos cambios, e incluye la posibilidad de que se puedan eliminar esos premios incluso a personas fallecidas, como es el caso del policía franquista Antonio González Pacheco, Billy el Niño, que murió el pasado 7 de mayo por coronavirus.
El PP ha decidido abstenerse pero su diputado Adolfo Suárez Ilana, hijo del expresidente del Gobierno, ha decidido votar no junto a Vox. “Tras el parapeto de hechos lamentables, manipulando los sentimientos de los españoles, se pretende ―con esta propuesta― hacer saltar la Constitución”, ha asegurado el hijo del expresidente del Gobierno. Es así, explica, porque “se pretende meter en el mismo saco todas las decisiones” que quienes alumbraron la Carta Magna adoptaron para “lograr el mayor período de paz y prosperidad” de la historia de España. Suárez Illana considera que con esta proposición no de ley, iniciativas que son pronunciamientos políticos sin rango legislativo, “se pretendía iniciar un camino de destrucción de la convivencia entre españoles”. Dice más adelante en un comunicado que no puede dar su visto bueno a “un atropello semejante”, del que destaca la “capacidad destructiva” de “la escasa concordia” que “lamentablemente” queda en España.
El Gobierno buscó finalmente la vía más lenta y menos expeditiva para conseguir que se puedan retirar esas condecoraciones concedidas a autoridades o funcionarios del aparato franquista que hubieran mostrado “conductas incompatibles con los valores democráticos y los principios de protección de los derechos humanos”. La propuesta, que forma parte de los acuerdos de la coalición gubernamental, se debatió este miércoles en el Congreso, en un formato de proposición no de ley más lógico para la oposición que para una iniciativa del Gobierno.
El debate el miércoles en el Congreso sirvió también para retomar los argumentos ya clásicos esgrimidos por los dos bandos ideológicos existentes en la Cámara cuando se abordan asuntos relacionados con la memoria histórica y el franquismo. Los portavoces de los dos partidos proponentes ensalzaron que el Gobierno diera así un paso adelante para, “por vergüenza democrática, retirar honores a los que abochornaron a nuestro país”, como apuntó Martina Velarde, de Podemos, que también admitió que la medida llegaba un poco tarde, por lo que pidió perdón.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, este miércoles en el Congreso. En vídeo, Errejón pide la retirada de medallas a autoridades de la época franquista que hayan tenido comportamientos de torturadores.
Felipe Sicilia, del PSOE, abundó en esa línea y también en que no se entendería que a estas alturas aún se rindiera algún tipo de homenaje a quien atentó en su momento contra los valores democráticos. Sicilia recordó a las Trece Rosas, jóvenes izquierdistas fusiladas por el franquismo en agosto de 1939, y presumió de que gracias al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el Ejecutivo había preparado en la anterior legislatura un proyecto de ley para acabar con esos agravios. Sicilia reiteró que el Gobierno tiene la intención ahora de revisar la ley de memoria histórica y actualizarla con medios y financiación pública para las exhumaciones en una nueva ley de memoria democrática.
La posición contraria del PP, de Vox y en parte incluso del portavoz en ese debate de Ciudadanos a revisar el pasado, incluso ante las actuaciones más sangrantes, provocó a su vez que algunos diputados que no tenían previsto siquiera intervenir salieran al atril a exponer sus visiones, incluso las más personales. Los portavoces de otros partidos habitualmente socios del Gobierno, como Más País, ERC, BNG o incluso Bildu, cuestionaron que se haya tardado tanto en promover esta reparación, que se haya quedado corta y que no se hubiera tenido el valor de plantearla con urgencia vía decreto o como proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros.
Errejón habló así de su caso personal: “Les confieso que no tenía muy claro si tenía que intervenir en este punto o no y me alegro de haberlo pedido porque me estaríais viendo la sangre hirviendo después de la intervención del señor de Ciudadanos si no lo hubiera hecho. ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar al que le haya pasado…? Sí, mi padre, señor de Ciudadanos. Tenía 23 años, lo detuvo Billy el Niño y lo torturó. Militaba en el PCE (I) [Partido comunista español internacional] y que luego fue el PTE [Partido del trabajo de España]. Ni usted ni el señor de Vox pueden decir que esto es por molestar a los españoles. ¿Mi padre no es español? ¿Mi padre es menos español que usted? Es tan español que luchó por la libertad de España. Y la sangró. Y ahora dan todas las vueltas y todas las piruetas: que si nos remontemos un siglo, que nos remontamos un siglo y medio. La cosa es muy sencilla: vivimos en democracia. Y una democracia solo honra a los demócratas. Y, por tanto, un Gobierno democrático tiene que saldar esa deuda y garantizar que no se honra a los que torturaban. Tan sencillo como eso”.
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