“La pugna por el agua se ha recrudecido”, escribe Leticia Merino.
Por Leticia Merino/ SUSMAI, UNAM
La propiedad de la nación sobre las aguas del territorio es uno de los pilares del pacto social que dio base a la Constitución. El carácter público de la propiedad del agua es una condición fundamental para garantizar su distribución y uso en función del bien público, asegurando, en primer lugar, el acceso de los más vulnerables. La misma Constitución reconoce derechos históricos de pueblos y comunidades indígenas y dotar también de tierras y aguas a los ejidos.
Décadas más tarde, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el marco de la firma del TLCAN, se impusieron profundos cambios a la legislación, con lo que el pacto constitucional se modificó drásticamente. A lo largo de las tres pasadas décadas si bien la propiedad pública de las aguas y el subsuelo se mantuvo formalmente, perdió su sentido de bien común. Sobre las aguas y los recursos minerales se impusieron sistemas de concesiones. En el caso del agua 70% del volumen concesionado está en manos de 7% de los concesionarios: agroindustrias, mineras, refresqueras y cerveceras. El sistema de concesiones desconoció los derechos de pueblos, ejidos y comunidades, imponiéndoles la obligación de solicitar concesiones sobre sus propios recursos o correr el riesgo de ser despojados de esos derechos en favor de concesionarios autorizados por Conagua.
Treinta y cinco años de neoliberalismo han generado un incremento en la desigualdad y un deterioro ambiental sin precedente. En lo que se refiere al agua, desde la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales de 1994, la desigualdad en el acceso al agua y la ineficiencia y corrupción en la gestión hídrica y en el sistema de concesiones es tal, que ha sido considerada insostenible por la Auditoría Superior de la Federación.
Entre los indicadores del desastre hídrico están: 8 millones de mexicanos sin acceso a agua potable; 191 cuerpos de aguas superficiales contaminadas; sobrexplotación de acuíferos (el agua que se extrae equivale a 160% de la recarga); más de 40% de las cuencas están contaminadas con metales tóxicos, sustancias radioactivas, plásticos y micro-plásticos; 43% de las aguas residuales no se tratan y se utilizan para riego; hay un grave sobreconcesionamiento, descuido y corrupción en las más de 500,000 concesiones otorgadas a la fecha; Conagua no puede administrar, medir, inspeccionar y sancionar las concesiones; 71% del agua concesionada no se mida; sólo se revisa 1.7% de las aguas concesionadas y 95.2% de las concesiones no pagan derechos.
La crisis hídrica tiene graves consecuencias para la salud, la seguridad alimentaria, los ecosistemas, la provisión para todos y para las actividades productivas. En respuesta a esta crisis, las acciones de la Conagua y los concesionarios han sido reiteradamente objeto de crítica por parte de cientos de movimientos populares.
En 2012 el Congreso de la Unión incluyó en el artículo 4º de la Constitución el derecho humano al agua y mandató al Congreso de la Unión a publicar en un plazo máximo de un año una legislación coherente con este derecho. Sin embargo, las propuestas del Ejecutivo en 2015 y del diputado Pichardo en 2018 buscaban profundizar las prebendas a los concesionarios: querían un derecho humano al agua con 50 litros de agua diaria por persona, mientras se impulsaba un modelo de trasvases y reventa por parte de concesionarios y se impulsaba el fracking, entre otras aberraciones. Ambas iniciativas encontraron fuerte resistencia social y no fueron aprobadas.
La respuesta del gobierno federal y de los intereses económicos consistió en impulsar otras medidas que van en el mismo sentido: la emisión, en 2017, de lineamientos para el fracking; la modificación de leyes estatales para privatizar el suministro; la asfixia financiera de los organismos operadores, reduciendo el presupuesto hasta 72% en 2016, y la eliminación de las vedas para concesionar hasta 65% del agua de 300 cuencas, equivalentes a 55% de lagos y ríos del país.
Estas medidas han sido objeto de un extenso rechazo social que en 2018, llevó al entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador a comprometerse a cancelar los decretos.
Al iniciarse la Cuarta Transformación la pugna por el agua se ha recrudecido. La Ley General de Aguas, pendiente desde 2012, es tema central. Los grandes concesionarios del agua buscan ahora posicionarse como portavoces de la sociedad. Usuarios como: MABE, Nestlé, Grupo Carso, CEMEX, Grupo Modelo, Grupo Lala, Constellation Brands, Coca-Cola, Cuauhtémoc-Heineken, Rotoplas y Alfa Corporativo, agrupados en el Consejo Consultivo del Agua y responsables en buena medida de la crisis hídrica promuevan hoy un “Pacto Social por el Agua” que en sus palabras es un “instrumento de diálogo e interacción social para la generación de una visión compartida que buscará orientar y conducir las acciones del gobierno y de la sociedad en su conjunto a favor de una gestión sostenible del agua y la seguridad hídrica de largo plazo para México”. Estos actores carecen de la legitimidad para establecer las condiciones de un acuerdo, mucho menos para representar los intereses de pueblos y comunidades.
Responder a los reclamos sociales de quienes apostaron por el cambio en México y revertir el neoliberalismo en el terreno del agua, es responsabilidad ineludible del Estado. Proponemos que el pacto real que debe asumir tanto el poder ejecutivo, como el Congreso y el Senado, tenga como ejes: la garantía de la gestión pública del agua sin fines de lucro; la democratización de las decisiones sobre el agua y las cuencas; condicionar el acceso a aguas nacionales al cumplimiento de la normatividad, la eliminación de tóxicos, el pago de derechos, la inspección y la sanción; reducir progresivamente los volúmenes extraídos para usos no asociados con los derechos humanos hasta restaurar cuencas y cuerpos subterráneos; reducir al máximo la energía consumida en la gestión del agua; requerir un Dictamen Socio-hídrico independiente para la autorización de cualquier proyecto en territorios de comunidades, ejidos y pueblos indígenas; no permitir el uso del agua en la minería tóxica, ni la fracturación hidráulica; garantizar el pleno acceso público a la información sobre el agua y su gestión; lograr recursos públicos suficientes para las obras locales de agua y saneamiento y para la gestión de cuencas; establecer contralorías ciudadanas y defensorías del agua para poner fin a la corrupción e impunidad que han imperado en la gestión del agua durante las últimas tres décadas.
El pacto real entre la sociedad mexicana y el gobierno de la cuarta transformación debe expresarse en una Ley que responda efectivamente al derecho humano al agua, no sólo en términos de volumen, sino de calidad y derecho a la participación en la gestión de este vital recurso, como derecho ciudadano irrenunciable.