La detención del exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos en Los Ángeles no solo es el golpe más duro que las autoridades de Estados Unidos han dado contra un funcionario del país vecino; el arresto del general, al que se le imputan cinco cargos de narcotráfico, vuelve a cuestionar hasta qué punto las instituciones mexicanas están permeadas por el crimen organizado. Además, el hecho de que no hubiese una investigación abierta en México contra Cienfuegos y que EE UU no avisara de la misma a sus pares del sur evidencia la poca confianza que hay en que se depuren responsabilidades por parte de las autoridades mexicanas.
Con el arresto del general a petición de la DEA, la todopoderosa agencia antinarcóticos de EE UU, las Fuerzas Armadas mexicanas sufren el mayor golpe de su historia. Cienfuegos, un militar con un enorme prestigio entre la tropa, fue el encargado de liderar la lucha contra el narcotráfico al frente de las Fuerzas Armadas durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, previo al actual Gobierno. Era, de alguna manera, el encargado de continuar con la evidentemente fallida estrategia emprendida por el presidente Felipe Calderón en 2006, cuyo secretario de Seguridad, Genaro García Luna, fue detenido también en EE UU el pasado mes de diciembre. Ambos casos se dirimen en la misma Corte de Nueva York donde fue sentenciado Joaquín El Chapo Guzmán, el mayor narcotraficante del mundo.
Las capturas de García Luna y Cienfuegos ponen de manifiesto las alarmantes grietas que existen en las instituciones de seguridad de México, por las que ha permeado el narcotráfico en los últimos gobiernos. García Luna está acusado de colaborar con el Cartel de Sinaloa. La detención de Cienfuegos supone, también, un golpe a la línea de flotación de una de las apuestas más controvertidas de Andrés Manuel López Obrador. El actual presidente, que en campaña prometió que devolvería a los militares a los cuarteles, ha dado a las Fuerzas Armadas un poder casi omnímodo tras tomar posesión. López Obrador ha asegurado que depurará responsabilidades de cualquier cargo que se vea afectado por el proceso que afecta a Cienfuegos. Al tiempo, ha cerrado filas con el sucesor de este. El presidente mexicano debería, por el contrario, abrir un debate sobre el papel del Ejército en la vida pública de México.
El golpe de la justicia estadounidense evidencia la fragilidad del Estado mexicano. Que dos hombres encargados de la seguridad al máximo nivel hayan sido detenidos en otro país por vínculos con el crimen organizado no puede ser motivo de celebración plena hasta que las autoridades mexicanas sean capaces de asumir un trabajo del que, hasta ahora, solo se ha hecho cargo EE UU.
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