Antonio Gulene Banke tiene 58 años y siete hijos. Vivía en la aldea mozambiqueña de Namiteve hasta que en la madrugada del pasado 27 de abril insurgentes armados quemaron el lugar. “Nada más entrar mataron a una persona y al líder de la comunidad le golpearon y retuvieron junto a varias mujeres durante horas. Luego les obligaron a caminar varios kilómetros, hicieron que se detuvieran y mataron a otras cinco personas. Al final dejaron al líder y a las mujeres mayores libres y se quedaron unos días a las jóvenes”. Es el relato de Gulene Banke, aún sobrecogido, en el centro de desplazados de Quaia, en el distrito de Metuge, en el noreste de Mozambique, a donde llegó tres días después de haberlo perdido todo. Allí, unas 700 personas recuperan fuerzas para decidir qué hacer con sus vidas tras la ofensiva yihadista del pasado mes de abril perpetrada por el grupo local Al Shabab (Los jóvenes, según la traducción del árabe), también llamado Estado Islámico de África Central (ISCA, en sus siglas en inglés), ahora contrarrestada por el despliegue de fuerzas militares de varios países africanos.
El conflicto en la provincia de Cabo Delgado, situada en el norte de Mozambique, fronteriza con Tanzania y el océano Índico, se remonta a 2017, cuando el grupo Al Shabab —insurgencia yihadista de origen local—empezó a poner en su punto de mira actividades económicas de las que lucrarse, como la explotación de gas natural, minas de rubíes y oro, el comercio de maderas preciosas, y el tráfico de drogas. Los ataques han golpeado a una población sumida en la pobreza, que ve pasar de largo la riqueza de los recursos naturales y depende de un poder político señalado por abusos. Tres años de ofensiva yihadista se han saldado con alrededor de 3.000 muertos y 850.000 desplazados internos. Y según un reciente informe de Human Rights Watch, más de 600 mujeres y niñas han sido secuestradas y esclavizadas por Al Shabab desde 2018.
Los enfrentamientos han acabado por propiciar una actuación conjunta de varios países africanos. Ante la lentitud en la toma de decisiones de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC, en sus siglas en inglés), que incluye a 15 países del sur del continente, y la arremetida de Al Shabab sobre la ciudad costera de Palma (Cabo Delgado) en abril, el Gobierno ruandés desplegó en verano un operativo de un millar de soldados en la zona en apoyo de las fuerzas mozambiqueñas. Los primeros éxitos en el retroceso de los insurgentes en las principales ciudades de la zona se atribuyeron a la contundencia y preparación de los efectivos ruandeses, a los que se unieron poco después militares procedentes de Sudáfrica y Botsuana, entre otros, de la Misión en Mozambique de la SADC.
Entre los éxitos de la fuerza militar africana desplegada está la liberación de las ciudades de Palma y Mocimba da Praia, la muerte del líder religioso de Al Shabab Sheij Dr. Njile, la localización de una base de entrenamiento de los insurgentes, y la estabilización y control de partes del territorio donde está empezando a regresar la población desplazada por la violencia. “La llegada de fuerzas de seguridad externas a Cabo Delgado ha sido fundamental en la batalla por la región que reclama la insurgencia, pero hasta que no se aborden los problemas sociales, económicos y políticos, la insurgencia no desaparecerá. Mantienen cierta libertad de movimiento y son capaces de ejecutar ataques brutales a pequeña escala”, explica Jasmine Opperman, experta en terrorismo de la organización ACLED.
“No nos podemos limitar a decir que son grupos yihadistas que han cogido las armas y están matando a civiles”, apunta, por su parte, Quraysha Ismail Sooliman, del Centro de Mediación en África de la Universidad de Pretoria, “sin analizar cuál es la relación entre la ciudadanía y el Estado, si existe un compromiso social gubernamental, si los ciudadanos sienten que el Estado es legítimo, si está respondiendo a sus necesidades. Y lo más importante, si existe una relación de igualdad entre el Estado y la ciudadanía”. Una zona empobrecida, donde la explotación de los recursos económicos no redunda en la población, y los jóvenes afrontan un futuro con escasas expectativas, es un terreno fértil para que gane fuerza un movimiento yihadista.
Así, “el conflicto no ha terminado”, señala Litlhare Rabele, analista política de la radio Lesedi FM, “y llevará mucho tiempo decir que Mozambique es estable porque la SADC no está afrontando la raíz del conflicto, que es lo que trae la paz. El diálogo es necesario ante la elevada frustración entre los jóvenes mozambiqueños por el paro que sufren, el coste de la vida a pesar de los recursos naturales, cuyos beneficios no llegan a la población. Eso provoca que los jóvenes se unan a los grupos terroristas”. Además, afirma Rabele, “la colaboración de países que lideran la ofensiva como Sudáfrica, con una amplia capacidad militar, recursos y la experiencia de sus servicios secretos, ha dado buenos resultados, pero si el Gobierno de Mozambique no aborda los problemas políticos internos entre [los partidos mayoritarios] Renamo y Frelimo, para establecer una unidad que permita a la población beneficiarse de sus recursos naturales, no se avanzará”.
La hasta ahora eficaz intervención militar de los efectivos ruandeses y de la SADC en la recuperación del control de Cabo Delgado está permitiendo el regreso de parte de los desplazados, a menudo por la necesidad de cultivar las tierras para subsistir, ese al riesgo. Además, el Gobierno de Mozambique se plantea establecer corredores seguros en las carreteras que unen la región con la capital, Maputo, para que la empresa francesa Total —que ha regresado para abrir una oficina en la región— pueda retomar la explotación de un yacimiento de gas, un contrato con el que el país espera ingresar 20.000 millones de dólares (unos 17.712 millones de euros).
La contención de los insurgentes yihadistas y la “liberación, que no pacificación” de las poblaciones de Cabo Delgado, apuntan fuentes diplomáticas en el terreno, se ha traducido en la dispersión de los milicianos hacia regiones vecinas como Nampula y Niassa, donde se han infiltrado entre la población. No obstante, la perspectiva actual apunta al regreso de la población desplazada —un 70% son menores de 30 años— a las zonas controladas por fuerzas gubernamentales. El Gobierno intenta establecer un diálogo con los insurgentes, mientras la misión de la SADC, que contribuye a una frágil calma, se acerca a su fin, previsto para el próximo enero, si los participantes no deciden prolongarla.
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