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El día que Vox decidió gobernar


Por mucho que el Partido Popular quiera instalar el relato del cambio de ciclo, este no se ha producido. Las elecciones de Castilla y León han dado unos resultados muy similares a los de la repetición de elecciones generales el 10-N, con la novedad de la fragmentación de la izquierda en plataformas de la España vaciada que capitalizan buena parte del descontento progresista, lo que ha penalizado tanto al PSOE como, de forma especial, a Unidas Podemos. Todo apunta a que estamos en esa fase del fin de las pandemias en las que, según nos enseña la Historia, emerge el descontento y el cabreo que la enfermedad había silenciado, incrementado por dos años de miedo, incertidumbre y crisis.

El gran cambio que se produce el 13-F no viene tanto de las urnas como de la decisión anunciada por Vox de querer gobernar junto a los populares. Es probable que en el PP pensaran que iban de farol, pero en contra de lo que venían haciendo hasta la fecha, y de la experiencia que han obtenido sus homólogos europeos, la ultraderecha española ha decidido dar el paso, e imprime así un punto de inflexión al devenir político que va más allá de Castilla y León. Es la primera vez que se da, pero no será la única. Es más que posible que la veamos en Andalucía, en alguna otra Comunidad Autónoma, en Ayuntamientos, y quién sabe si en el Congreso de los Diputados.

¿Será capaz Pablo Casado de mantener su negativa a pactar con Vox en cada Comunidad Autónoma o Ayuntamiento en que se plantee esta situación, al menos, hasta las generales? No parece muy probable. ¿Es más realista, por tanto, dar vía libre a los acuerdos con la ultraderecha? Los populares saben que necesitan ocupar posiciones de centroderecha, liberales y democráticas si quieren gobernar, algo difícilmente compatible con la derogación de las leyes de violencia de género o de las políticas de reconocimiento de derechos LGTBI, entre otras, como le piden desde Vox. No se trata de pactar o no con Vox, se trata de lo que pactan con Vox y en qué medida eso les va a impedir recuperar votos del centroderecha.

Sorprende pensar que no tuvieran en mente este escenario cuando asumieron el riesgo del adelanto electoral, pero lo que Casado acaba de constatar es que sin los votantes del centroderecha no llegará a La Moncloa, y sin los votos de los diputados de la ultraderecha, tampoco. No es un asunto menor; es la gran decisión que divide a las familias conservadoras europeas. En España, además, puede ser el detonante que haga estallar definitivamente la crisis de liderazgo en el interior del Partido Popular.

En lugar de defender la legitimidad del quién, quizá a los dirigentes del PP les conviniera fijarse en el qué y el precio que supone, tanto en términos democráticos para el país, como electorales para su propio espacio ideológico.

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