El líder del Frente Polisario, Brahim Gali, es ciudadano español desde diciembre de 2004. En esa fecha, la magistrada del Registro Civil de Valencia, donde entonces residía, ordenó la inscripción de la “nacionalidad española de origen con valor de simple presunción” (una fórmula prevista para los nacidos en España de padres extranjeros y que no tengan otra nacionalidad) de Gali Sidi-Mustafa Abdelyelil. Lo hizo en aplicación del artículo 18 del Código Civil, que permite consolidar la nacionalidad a quien la haya utilizado durante al menos 10 años de buena fe.
Gali nació el 16 de agosto de 1948 en Esmara (Sáhara Occidental, entonces colonia española). En 1976, la colonia dejó de serlo y a sus habitantes se les dio un plazo de un año para optar por la nacionalidad española, pero Gali alegaba que él no pudo acogerse a esa posibilidad porque huyó a los campos de refugiados de Tinduf (Argelia).
La jueza valenciana interpretó que Gali cumplía el requisito del Código Civil por esos 28 años en los que fue español antes de 1976. El expediente del líder saharaui incluye un certificado que acredita que no tiene nacionalidad argelina. Al ser Gali legalmente un ciudadano español, el Gobierno no podía negarse a su entrada en España en abril, cuando fue internado en el Hospital San Pedro de Logroño (La Rioja) en estado muy grave para ser tratado de la covid-19.
La presencia en España del líder del Frente Polisario provocó una grave crisis diplomática con Marruecos y ha derivado en la imputación de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. El juez de Instrucción número 7 de Zaragoza, que investiga si su entrada sin someterse al control de pasaportes fue legal, ha tomado declaración como imputado a Camilo Villarino, que fue jefe de Gabinete de González Laya y ha citado como testigo al ex secretario general técnico del ministerio, José María Muriel Palomino. El PP ha pedido una comisión de investigación en el Parlamento para averiguar quién tomó la decisión de acoger a Gali en España.
Source link