Nikolas Cruz, con mascarilla, es conducido a la sala en el tribunal de Fort Lauderdale (Florida), este lunes.CARLINE JEAN (AFP)
Un jurado compuesto por siete hombres y cinco mujeres juzga a partir de este lunes a Nikolas Cruz, de 23 años, el autor confeso del tiroteo en el instituto de Parkland (Florida) que se cobró 17 vidas en 2018. El juicio, que está previsto se prolongue durante cuatro meses, se celebra en medio de una gran expectación mediática en Fort Lauderdale, cerca de Miami, por la propia dilación del proceso a causa de la pandemia y porque el eco de aquella matanza vuelve a resonar en reiterados ataques a centros educativos. El último, a finales de mayo en Uvalde (Texas), con un balance de 21 muertos -19 de ellos escolares-, se ha visto además envuelto en el oprobio tras constatarse los fallos que retrasaron la intervención policial, lo que contribuyó a engrosar la lista de víctimas.
El caso de Cruz, que tenía 19 años cuando blandió un rifle semiautomático en las aulas de su antigua escuela, es raro: en la mayor parte de estos ataques, el tirador es neutralizado por las fuerzas de seguridad. También sobrevivió el de la matanza de El Paso en 2019, con 23 muertos, y está a la espera de juicio. Pero el convulso proceso contra Cruz añade tensión a la causa. Sólo la selección del jurado llevó casi tres meses, casi tanto como la esperada duración del juicio, que ha comenzado este lunes con la intervención de la acusación. Cruz puede ser condenado a pena de muerte o a cadena de muerte en función de la ley de Florida. Una pena capital requeriría unanimidad por parte del jurado. Si uno solo miembro disiente, el joven pasará el resto de sus días en la cárcel.
Los hechos que rodearon la matanza de Parkland, que espoleó a una nueva generación de activistas en pro del control de armas, han sido revividos este lunes en la presentación de argumentos. El fiscal que dirige la acusación no ha escatimado detalles para recrear el terror vivido aquel día de San Valentín de 2018, enumerando cuántas veces y en qué lugar del cuerpo impactaron las ráfagas del rifle de Cruz en cada una de las víctimas mortales, a las que citó con nombres y apellidos. Varios familiares de los muertos se derrumbaron y uno se vio obligado a abandonar la sala.
Cruz había sido expulsado por indisciplina y problemas de conducta del instituto Marjorie Stoneman Douglas, y tres meses antes del tiroteo había perdido a su madre adoptiva, quedando a la deriva, sin arraigo. Factores que, junto con detalles sobre su salud mental, la infancia, la educación recibida o la terapia que seguía, constituirán la base de la defensa, formada por abogados de oficio. El fiscal principal, no obstante, ha dejado claro que Cruz no podrá beneficiarse “de ninguna circunstancia atenuante” dados todos los factores agravantes que concurren en su acción. La legislación estatal vigente contempla 16 posibles agravantes y, según la acusación, Cruz incurrió en siete de ellos, incluidas la premeditación y la especial atrocidad del hecho. El hecho de que el objetivo del ataque fuera interrumpir la actividad de un centro educativo es otro.
En octubre pasado Cruz se declaró culpable de la muerte de 14 alumnos y tres empleados del centro (un profesor, un director deportivo y un entrenador) aunque se enfrenta en total a 34 cargos: 17 por asesinato y otros tantos por intento de asesinato de los supervivientes. Según la acusación, Cruz disparó 139 veces con un rifle semiautomático, un arma habitualmente utilizada en este tipo de tiroteos masivos y cuyo uso vuelve a convertirse de nuevo en munición para el encendido debate político sobre la edad legal necesaria para la compra o la tenencia de este armamento. Algunos Estados con legislación más restrictiva, como Nueva York, han elevado a 21 años la edad mínima, mientras que otros casos recientes, como los de Búfalo, Uvalde o Chicago, demuestran cuán fácil resulta a jóvenes de 18 años dotarse de tan mortífero instrumento.
Un mes después de la asunción de culpabilidad de Cruz, en noviembre pasado, el Departamento de Justicia anunció que los 17 supervivientes y familiares de las víctimas mortales recibirán 127 millones de dólares porque el FBI no investigó al asesino a pesar de recibir una denuncia sobre su “comportamiento errático”. Otro hecho desgraciadamente habitual, siempre descubierto a posteriori, en la conducta de los autores de tiroteos masivos, como las amenazas previas proferidas por el asesino de Búfalo o el de Highland Park, el suburbio de Chicago que vio truncado el último desfile del 4 de Julio.
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El proceso ha sufrido considerables retrasos, primero a causa de la pandemia, pero también por el tiempo extra solicitado por la defensa y la fiscalía para elaborar mejor sus alegatos. En junio la defensa de Cruz trató de retrasar las deliberaciones argumentando que los tiroteos recién ocurridos en Búfalo, Uvalde y un hospital de Tulsa (Oklahoma), con 35 víctimas mortales en total, podían influenciar al jurado. La petición fue denegada.
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