El Ejército es probablemente una de las instituciones más importantes de Colombia. En un país que estuvo más de medio siglo en guerra con las FARC, que sigue enfrentando a grupos insurgentes, bandas criminales integradas por paramilitares y organizaciones de narcotraficantes, las Fuerzas Armadas son un engranaje decisivo no solo para la seguridad sino para el mismo funcionamiento de la democracia. La fuerza terrestre ha afrontado en el último año una sucesión de escándalos, que van de una polémica directriz, ya retirada, que pedía mejorar resultados poniendo en riesgo a la población civil, una trama de espionaje hasta las recientes denuncias de abusos sexuales y violaciones de menores. En este tiempo cayó un ministro de Defensa por ocultar un bombardeo contra guerrilleros disidentes en el que fallecieron al menos ocho niños y en Navidades renunció alegando motivos familiares el cuestionado jefe del Ejército Nicacio Martínez Espinel. Su sucesor, el general Eduardo Zapateiro, compareció este miércoles ante los medios para informar de las investigaciones sobre los casos de violencia sexual cometidos por uniformados.
El comandante afirmó que desde 2016 se han identificado “118 integrantes de la fuerza relacionados en casos de presuntos actos sexuales abusivos y violentos contra menores de edad”. “Todos estos hechos son conocidos por la Fiscalía General de la Nación y cuentan con investigación disciplinaria, alguna de ella adelantadas por la Procuraduría”, agregó el alto mando. “De los 118 vinculados, 45 de ellos han sido retirados del Ejército Nacional, porque no son dignos […]. El restante de los investigados, 73 hombres, se están revisando de manera detallada”. Zapateiro enmarcó esos crímenes en “factores humanos individuales que no siempre pueden ser controlables”. Pero al mismo tiempo reconoció: “Esto nos obliga a revisarnos internamente y a fortalecer los diferentes procesos”.
El Ejército lleva años impulsando, en colaboración con el Ministerio de Defensa, programas y cursos de protección de niños y adolescentes. En septiembre de 2019 firmó un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ha puesto en marcha varias iniciativas de prevención a largo plazo. Sin embargo, esta política no ha impedido que se perpetraran unos crímenes sexuales que empezaron a trascender hace una semana y que han estremecido a Colombia.
Primero se conoció la violación colectiva de una niña indígena de 13 años en una comunidad embera del pequeño departamento de Risaralda (centro-occidente del país), por la que han sido detenidos siete soldados que, según la denuncia, aprovecharon “el aislamiento y la situación generada por la pandemia” para perpetrar el crimen. Días después el Ejército reconoció otra violación de una menor de la etnia nukak de 15 años, secuestrada durante días por soldados en Guaviare, a las puertas de la Amazonía.
Eduardo Zapateiro se mostró tajante al condenar los hechos y también en la defensa del Ejército ante las sospechas de que los abusos sexuales representen una conducta sistemática de los soldados. “Quiero ser enfático. Ningún soldado, colombianos.. Escúchese bien, quiero ser enfático. Ningún soldado es entrenado en la institución para atentar contra los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes”, incidió, haciendo referencia a las palabras de Ernesto Samper.
El expresidente, que gobernó el país entre 1994 y 1998, escribió en Twitter: “Comparto la posición de mi hermano Daniel de que el problema de los militares violadores, además de ser un caso judicial que debe ser castigado ejemplarmente, es un problema de fondo por el hecho de que haya soldados entrenados institucionalmente para éste tipo de actos”. Y agregó: “Siguen apareciendo casos de abusos sexuales de miembros de las Fuerzas Armadas sin que hasta el momento exista condena. Me sigue pareciendo que, al margen de lo judicial, existe al interior de las fuerzas una desatención en la tarea de formación ética y en derechos humanos de soldados y policías”.
El comandante del Ejército, que hizo estos anuncios “en aras de las transparencia” después de que tanto el mandatario, Iván Duque, como el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, condenaran sin matices esos casos, aseguró que “se intensificarán las capacitaciones para el personal de la fuerza”. “Como comandante de este glorioso Ejército no toleraré ninguna conducta [que atente contra los derechos de los niños y adolescentes]”, reiteró. Mientras tanto, la fuerza terrestre sigue estando en el ojo del huracán.
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