La muerte de por lo menos una menor de edad en un bombardeo del Ejército de Colombia contra disidencias de la extinta guerrilla de las FARC en un paraje de difícil acceso en el selvático departamento de Guaviare, en el sur amazónico del país, se ha convertido en un nuevo escándalo para el Gobierno de Iván Duque. La operación amenaza con acorralar al nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, cuando apenas lleva un mes en el cargo.
La llegada de familias de varios lugares del departamento al casco urbano de San José del Guaviare, la capital regional, así como la información de organizaciones sociales, han permitido “establecer hasta el momento (…) que en dicho bombardeo llevado a cabo el 2 de marzo en la vereda de Buenos Aires habrían muerto aproximadamente 14 menores de edad”, denunció el periodista Hollman Morris, quien forma parte del movimiento político del excandidato presidencial Gustavo Petro. Morris, también excandidato a la alcaldía de Bogotá, incluso mostró en su canal de YouTube una “lista preliminar” de los menores que habrían muerto en la operación militar, con edades de hasta 9 años.
“Desde meses atrás se han perdido, se han desaparecido, varios niños de diferentes veredas. Hay un reclutamiento forzado que se ha convertido en una pandemia en el país, y en eso andan las disidencias, el narcotráfico, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia [un grupo heredero de los paramilitares], reclutando menores de edad”, explicó Morris la mañana de este miércoles a periodistas desde Villavicencio, la ciudad que es una puerta de entrada al sur del país. Cuando se produce la noticia del bombardeo, explicó, empezaron a aparecer familias campesinas preguntando por sus hijos. “Hemos podido establecer que hay tres menores heridos en el hospital de San José del Guaviare, que aquí en la morgue de Villavicencio hay alrededor de tres cadáveres identificados de menores de edad y que hay otros sin identificar”, aseguró.
Molano, el ministro de Defensa, ha respondido que se cumplieron todos los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en la operación militar diseñada contra la estructura encabezada por Gentil Duarte, un antiguo mando de las FARC que se apartó de la negociación que llevó al acuerdo de paz sellado a finales de 2016. “Son la Fiscalía y Medicina Legal las que determinan quiénes son, qué edad tienen”, le dijo el ministro a Caracol Radio en una de varias entrevistas sobre una acción que insistió en calificar como “legítima” contra un “criminal, narcoterrorista” que le ha hecho mucho daño a Colombia. En medio de la confusión sobre las cifras y edades precisas, el Instituto de Medicina Legal confirmó este mismo miércoles que entre los ocho cadáveres reconocidos –entre 12 cuerpos– encontró el de una menor de 16 años.
“Esas estructuras que están allí son jóvenes combatientes que protegen a un terrorista y que buscan afectar a la sociedad colombiana”, aseguró Molano –quien fue director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF– en unas declaraciones que han agitado el debate público. “La discusión aquí no es la legitimidad de nuestra fuerza pública para desarrollar estas operaciones, sino cómo las disidencias de las FARC siguen reclutando a estos jóvenes y los convierten en maquinas de guerra”, añadió el ministro. En su momento, reportó en sus redes sociales que habían sido “neutralizados” 13 integrantes de la disidencia de Gentil Duarte en el bombardeo.
El escándalo se conoce en medio de un clima de deterioro de la seguridad que incluye el incesante asesinato de líderes sociales, ambientalistas y excombatientes de las FARC que firmaron el acuerdo de paz, una reciente oleada de masacres y repetidos episodios de brutalidad policial que han despertado indignación ciudadana. El Ejército se ha visto golpeado en años recientes por una larga cadena de escándalos que van desde interceptaciones ilegales a periodistas y opositores hasta violaciones de niñas indígenas.
Molano, del Centro Democrático, el partido de Gobierno para el que la seguridad es una de sus principales banderas, es el tercer ministro de Defensa desde que Duque asumió el poder en agosto de 2018. Fue designado hace un mes para reemplazar a Carlos Holmes Trujillo, quien murió en enero a causa de la covid-19 en el Hospital Militar de Bogotá. Holmes Trujillo asumió tras la renuncia a finales de 2019 de Guillermo Botero, que enfrentaba una inminente moción de censura en el Congreso que obtuvo respaldo precisamente cuando el senador Roy Barreras denunció que había ocultado la muerte de ocho menores de edad en un bombardeo contra disidentes de las FARC. La oposición lo acusaba de propiciar el regreso del fantasma de las ejecuciones extrajudiciales –la administración Duque nombró a Botero este año como embajador de Colombia en Chile–.
A pesar de que el Gobierno ha consolidado las mayorías legislativas que antes le habían sido esquivas, las nuevas denuncias pueden tener un profundo impacto político. La operación en Guaviare tiene “trágicas similitudes con el bombardeo en el Caquetá que denuncié hace muchos meses”, señaló Roy Barreras al aceptar que “hay mucha confusión y algunas cosas claras”. Para el senador, el ministro de Defensa prácticamente ha reconocido que sí había menores en la zona, de manera que o bien no fueron reportados en los informes de inteligencia requeridos antes de estos operativos o habían sido reportados y a pesar de eso, como ocurrió en Caquetá, se siguió adelante con la acción. “La explicación del ministro es que los niños y niñas son maquinas de guerra”, valoró Barreras. Es una respuesta “absolutamente inaceptable”, añadió, pues “implica una ideología de la guerra y del enemigo que es la que hace que se cometan infracciones al DIH considerando a los niños objetivos militares”.
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