El Ejército etíope, comandado en persona durante dos semanas por el primer ministro, Abiy Ahmed, ha logrado recuperar el control de varias ciudades del país que habían caído en manos de las fuerzas rebeldes, forzando la retirada de los insurgentes hacia posiciones más al norte, pese a que una contraofensiva rebelde llevada a cabo este domingo ha permitido a las fuerzas tigrayanas hacerse de nuevo con la célebre ciudad de Lalibela, en la región de Amhara. Mientras el Gobierno etíope asegura que se trata de una “humillación” infligida al enemigo, el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF) explica que la situación responde a “un repliegue táctico”. En todo caso, la amenaza de un avance rebelde sobre la capital, Adís Abeba, parece hoy más lejana que hace un mes.
La guerra en Etiopía sigue su curso. En las últimas dos semanas, el Ejército federal, con la ayuda de aliados como la milicia amhara Fano, ha conseguido hacerse con al menos cinco ciudades clave de las regiones de Amhara y Afar que habían sido ocupadas por las fuerzas del TPLF. Se trata de Dessie, Kombolcha, Chifra, Hamusit e Istayish, según fuentes próximas al conflicto. Pese a que el Gobierno federal logró también recuperar Lalibela de manos rebeldes a comienzos de diciembre, una contraofensiva liderada este domingo por el TPLF ha permitido a los milicianos tigrayanos entrar de nuevo en la ciudad sin disparar un solo tiro, según aseguraron varios testigos a Reuters y France Press. Los combates se centran este fin de semana en la zona de Gashena.
Este viernes, Human Rights Watch publicó una investigación en la que denuncia que milicianos del TPLF ejecutaron sumariamente a 49 civiles entre los meses de agosto y septiembre en las ciudades de Chenna y Kobo, pertenecientes a la región de Amhara, ocupadas por ellos. El informe de esta ONG también revela que, según las propias víctimas, los rebeldes usaron a civiles como escudos humanos para protegerse de los disparos procedentes del Ejército etíope. La guerra, que estalló en noviembre de 2020, ha provocado miles de muertos, unos dos millones de personas desplazadas de sus hogares y una crisis humanitaria con unos 9,4 millones de etíopes necesitados de ayuda, según Naciones Unidas.
El pasado miércoles, Abiy Ahmed, premio Nobel de la Paz 2019, volvió a Adís Abeba y retomó sus funciones de primer ministro tras pasar dos semanas en el frente de guerra. “Regreso al trabajo porque ha terminado la primera fase”, aseguró Ahmed a través de un comunicado. “La lucha no ha terminado todavía. Hay zonas que no han sido liberadas. Tenemos que proponer una solución sostenible para asegurarnos de que el enemigo que nos ha puesto a prueba no se convierta otra vez en un peligro para Etiopía”, añadió.
En los últimos días, la comunidad internacional ha redoblado los esfuerzos para tratar de buscar una salida negociada al conflicto. El jueves, Jeffrey Feltman, enviado especial de Estados Unidos para el Cuerno de África, comenzó una nueva gira que incluye a Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Egipto, a los que distintas fuentes señalan como suministradores de armas para este conflicto, en los dos primeros casos al Ejército etíope y en el último a los rebeldes tigrayanos. A todos ellos Feltman ha hecho llegar el mismo mensaje de que no hay una solución militar a la guerra.
Sin embargo, el Gobierno etíope ha acusado a Estados Unidos y a sus aliados occidentales de “perpetuar un discurso destructor” después de que este Gobierno y los de Australia, Canadá, Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido hayan firmado un comunicado conjunto en el que advierten sobre las detenciones de ciudadanos tigrayanos en Etiopía. “Estamos profundamente preocupados por las recientes informaciones según las que el Estado etíope ha detenido a un gran número de ciudadanos etíopes sobre la base de su pertenencia étnica y sin cargos”, asegura la nota.
En respuesta a estas acusaciones, Billene Seyoum, portavoz del Gobierno etíope, aseguró en rueda de prensa que dichas detenciones “no tienen como objetivo ningún grupo de personas en particular en razón de su identidad étnica”. Billene añadió que los arrestos se basan en “pruebas y testimonios creíbles”. El pasado 2 de noviembre Adís Abeba declaró el estado de emergencia en todo el país ante la gravedad del conflicto y ello abrió la puerta a la detención de miles de ciudadanos tigrayanos, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.
Las reformas introducidas por Abiy Ahmed desde que llegó al puesto de primer ministro en Etiopía en 2018 están en el origen de este conflicto. Los dirigentes del TPLF, que de facto controlaban la coalición gobernante en este país durante dos décadas, sintieron su poder amenazado a medida que se iban viendo desplazados en el nuevo escenario político. El conflicto fue subiendo de tono hasta que en 2020 el TPLF organizó unas elecciones regionales que Adís Abeba había prohibido con motivo de la pandemia de covid-19. En noviembre, Ahmed acusó a los dirigentes tigrayanos de haber ordenado el ataque contra dos bases militares en la región de Tigray, lo que provocó una declaración de guerra por parte del primer ministro etíope y el comienzo oficial de la guerra.
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