El organismo creado por el Ejército de Myanmar ejercerá los poderes legislativo, ejecutivo y judicial durante el año que dure el estado de emergencia declarado tras el golpe de estado.
El Ejército de Myanmar anunció la creación de un organismo ejecutivo que estará en pie durante el estado de emergencia decretado tras el golpe de Estado militar dado el lunes poco antes de que se conformara el Parlamento surgido de las elecciones legislativas celebradas en noviembre de 2020.
El organismo, que ha recibido el nombre de Consejo Estatal Administrativo, está integrado por un total de once personas y encabezado por el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, quien lideró la asonada, según ha informado el diario ‘The Myanmar Times’.
Este órgano fue creado a raíz del artículo 419 de la Constitución, que contempla que “el jefe de las Fuerzas Armadas al que le haya sido transferido el poder tendrá derecho a ejercer los poderes legislativo, ejecutivo y judicial”.
Así, resalta que “podría ejercer el poder legislativo por sí mismo o a través de un organismo que le incluya”. “Los poderes ejecutivos y judicial pueden ser transferidos y ejercidos por un organismo apropiado o por una persona adecuada”, agrega.
El propio Aung Hlaing destacó a última hora del martes que las investigaciones en torno a las supuestas irregularidades electorales, en el fondo de la crisis, y la respuesta a la pandemia de coronavirus serán las prioridades de la junta, según informó el diario ‘The Irrawaddy’.
“Durante el periodo de un año del estado de emergencia tenemos que priorizar los asuntos relacionados con las elecciones y la prevención, el control y el tratamiento de la Covid-19“, sostuvo, en el marco de una reunión con el nuevo Gobierno, purgado de miembros de la gubernamental Liga Nacional para la Democracia (LND).
En este sentido, resaltó que “sobre los errores en las listas de votantes, se realizará un análisis por parte de alguien conocido por su justicia”. “Habrá acciones legales una vez se sepan las conclusiones”, remarcó Aung Hlaing.
Foto: Reuters
Informaciones que circulan en redes sociales apuntan a que los militares podrían estar sopesando imputar por traición a la hasta ahora líder ‘de facto’ del país, Aung San Suu Kyi, detenida durante la asonada, por lo que se expondría a una condena de entre 20 años de cárcel o la pena de muerte, según la agencia alemana de noticias DPA.
El golpe fue ejecutado tras las recientes tensiones a raíz de las elecciones generales de noviembre, en las que se impuso de forma aplastante la LND y tras las que tanto la oposición como el Ejército han denunciado posibles irregularidades.
Las quejas opositoras están encabezadas por el Partido Unión Solidaridad y Desarrollo (USDP), que mantiene lazos con el Ejército, si bien no ha presentado pruebas que demuestren un fraude. Pese a ello, las Fuerzas Armadas dejaron entrever su malestar por estas presuntas irregularidades.
El Ejército, que cuenta con el 25 por ciento de los escaños en el Parlamento, según la Constitución, elevó el tono y el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, llegó a afirmar que la Carta Magna podría ser “revocada” días antes de la asonada (EP).