El pasado 24 de diciembre, el Ministerio de Defensa declaraba desierto el concurso del nuevo Vehículo de Combate de Ruedas (VCR) Dragón 8×8, el más importante programa de la historia del Ejército de Tierra. Defensa declaró “no admisible” la oferta presentada por Santa Bárbara (propiedad de la estadounidense General Dynamics), con la que negociaba en exclusiva, por incumplir los requisitos del pliego de prescripciones técnicas (PPT). La decisión cayó como un bombazo en la industria militar española, especialmente la de vehículos y armamento, que veía como podía esfumarse su primer gran contrato en más de 15 años.
El órdago de Defensa pareció tener un efecto milagroso y el 25 de agosto pasado, solo ocho meses después del fiasco inicial, se firmaba la construcción de 348 blindados por 2.100 millones. Las mismas unidades por el mismo precio. Lo que en diciembre resultaba inviable se había convertido en factible e incluso deseable.
Fuentes conocedoras de la negociación explican que la posibilidad real de perder un contrato del que dependía la supervivencia de muchas empresas les llevó a apretarse el cinturón y ajustar al máximo sus márgenes. Además, las compañías implicadas (Santa Bárbara, Indra y SAPA, incluidas en la primera oferta, a las que se sumó Escribano Mechanical & Engineering en la definitiva) formaron una sociedad conjunta para la firma de este contrato: Tess Defence. Su cometido es adquirir todos los componentes ajenos a las cuatro compañías a beneficio 0, lo que permitirá ahorrar decenas de millones.
Los ajustes en la oferta no bastaban, reconocen fuentes del sector, para convertir en rentable un negocio ruinoso. La clave está en el nuevo PPT, cuyos detalles no conocen pero del que se sabe lo suficiente para concluir que no es igual al de diciembre pasado.
La diferencia está en que no todos los blindados van a venir con su equipamiento completo. Habrá dos versiones, una básica, sin complementos; y otra dotada de todos los accesorios. Según las fuentes consultadas, un tercio de los 348 blindados pertenecerán al modelo básico y el resto contarán con todas las prestaciones.
Además, las primeras unidades que se entreguen, en el segundo trimestre de 2022, serán todas de zapadores; y las siguientes, más de año y medio después, de infantería. El Ejército quería recibir simultáneamente las cinco variantes previstas para completar unidades operativas, pero eso encarecía el coste al obligar a mantener abiertas varías líneas de fabricación a la vez. Los primeros vehículos serán de una “preserie” que habrá que adaptar luego al modelo definitivo; lo que resulta llamativo, pues Defensa ha invertido 92 millones en el desarrollo cinco prototipos para probar y validar los nuevos sistemas.
Aunque el contrato incluye 58 vehículos de caballería, no está inicialmente previsto que lleven la torre tripulada con cañón de 30 milímetros, más cara y pesada que las demás, según fuentes conocedoras del contrato. Respecto a las otras dos torres, la de calibre 12,70 y la de 30 milímetros por control remoto, se espera que las fabrique Escribano, aunque la decisión final no se adoptará hasta junio del año próximo.
La incorporación de esta empresa, que en pocos años ha pasado de ser un taller de mecanizado a una high tech, ha sido la gran novedad del nuevo esquema empresarial. El problema es que su torre Guardian 30 aún no está certificada para un vehículo como el Dragon y, si no superase el examen en primavera, habría que buscar una alternativa extranjera y sería casi imposible alcanzar el 70% de nacionalización que pide Defensa.
Las torres no son la única incertidumbre que rodea el programa. Los sistemas de comunicación no están decididos y hay componentes del sistema de misión aún por desarrollar. Todavía se debe negociar el apoyo logístico y cerrar el calendario de entregas, aunque el último vehículo se recibirá en octubre de 2030.
El acuerdo negociado entre Defensa y Tess Defence califica los 2.100 millones de “precio provisional” y añade que, aunque no habrá revisión de precios, el presupuesto definitivo dependerá de los costes en que incurran los fabricantes, auditados por un grupo de evaluación. Según la normativa de contratos públicos, el importe podría incrementarse hasta en un 20% y el acuerdo incluye un fondo de contingencia de 60 millones para imprevistos. Lo único que está blindado es el beneficio de las empresas: 10% para SAPA; 9,15% Santa Bárbara; 6% Indra; y 2% Escribano. Esta fórmula, inhabitual en Defensa, está legalmente prevista para situaciones en que “la ejecución del contrato deba comenzar antes de que la determinación del precio sea posible”. Fuentes del sector defienden la “transparencia” de fijar de antemano el beneficio y sostienen que un margen de ganancias inferior a dos dígitos no resulta excesivo.
Las fuentes consultadas admiten que el presupuesto del programa (2.100 millones como máximo) deberá aumentar si el Ejército quiere completar el equipamiento de los blindados de la versión básica. Esa fue una de las líneas rojas que puso Defensa cuando reinició la negociación tras el fiasco de diciembre: no revisar el techo de gasto, pues eso suponía volver a pedir la autorización del Consejo de Ministros, donde podía tropezar con la oposición de Podemos.
La solución para evitarlo en el futuro podría ser solapar esa negociación con la segunda fase del programa: aunque se han contratado solo 345 blindados, el Ejército necesita a largo plazo casi 1.000 (por un coste estimado en 3.836 millones) para sustituir a sus viejos vehículos BMR, VEC o TOA y a los más modernos RG-31 y Lince. Además, está pendiente fijar la cuantía de la multa que deberán pagar Santa Bárbara, Indra y SAPA por el retraso en el programa de los demostradores para probar las nuevas tecnologías que incorporará el Dragón. De los cinco prototipos que debían haberse entregado en julio de 2019, el Ejército solo ha recibido hasta ahora dos.
La gestación del Dragón está resultando mucho más prolongada y costosa de lo esperado. Si culmina con éxito, sus padres aseguran que será uno de los mejores productos de su clase en el mercado internacional, con grandes posibilidades de exportación. De momento, ha ganado una batalla: salvar a la industria militar española.
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