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El enredo entre México y el Comité de Desapariciones de la ONU llega a la Suprema Corte


De los más de 60.000 desaparecidos que cuenta México, cuatro son hijos de la señora María Herrera. A los dos primeros se los llevaron en 2008. A los otros dos, en 2010. En todos estos años, dice Herrera, las autoridades no han dado con una pista útil. Desde hace una década, la mujer y otras víctimas de la violencia en México exigen la intervención del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Se lo pidieron al presidente Felipe Calderón, que gobernó de 2006 a 2012. Se lo repitieron a Enrique Peña Nieto, que le sucedió en el cargo. Los dos se negaron, así que Herrera buscó refugio en los juzgados. En 2018, promovió un amparo para forzar la llegada del comité. Ahora un tribunal ha remitido el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Herrera piensa que la participación de Naciones Unidas ayudaría en los casos de sus hijos. Por recursos e independencia. En todos estos años, las autoridades mexicanas no le han dado resultados. No es que la búsqueda se haya atascado en varios callejones sin salida. Es que a efectos prácticos ni siquiera empezó. “Es muy necesario que entre la ayuda internacional para que haya claridad”, argumenta Herrera. “Desde agosto, el presidente dijo que lo permitiría, ya llevamos seis meses así y no es justo que nos engañen de esa manera”

La señora Herrera ha recibido promesas de todo tipo en este tiempo. Es celebre aquel encuentro con el presidente Calderón en 2011, en que el mandatario se le acerca y le da un abrazo, delante de decenas de víctimas de la violencia. Ese día, Calderón le prometió que buscaría a sus hijos. Pero aquella promesa se convirtió en burocracia y los meses la empujaron escaleras abajo en la lista de prioridades del Ejecutivo. Con Enrique Peña Nieto, sucesor de Calderón, ocurrió algo parecido. No hubo abrazo, pero sí promesas que quedaron en nada.

En los últimos meses del Gobierno de Peña, los abogados de Herrera promovieron un amparo ante la justicia, con la intención de que el poder judicial obligara finalmente al Ejecutivo a reconocer al comité de Naciones Unidas. Herrera ganó el amparo, pero en febrero del año pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores impugnó la decisión.

La maniobra de cancillería sorprendió a los abogados. En diciembre, Andrés Manuel López Obrador había asumido la presidencia y Marcelo Ebrard, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pensaban que el cambio de Gobierno allanaría la llegada del comité, pero no fue así. Ni siquiera después de que el Gobierno dijera meses más tarde, en agosto, que México aceptaría finalmente la competencia de Naciones Unidas. De momento, nada. Hace unas semanas, un tribunal colegiado remitió el amparo de María Herrera al máximo tribunal del país, que deberá, primero, decidir si admite el caso y luego, en caso de hacerlo, resolverlo en los próximos meses.

Cuestionada al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha dicho: “El Gobierno de México colabora activamente con los organismos interamericanos y el sistema universal de derechos humanos. El Estado mexicano es parte de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y mantiene un fluido diálogo con los nueve comités y un subcomité de las distintas agencias de la Organización de Naciones Unidas (…) En el marco de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la cual México es parte, el Estado ha presentado distintos informes y ha atendido las acciones urgentes que le transmite el Comité creado por ese tratado”.

Guerrero y Veracruz

La decisión de acudir a los tribunales fue relativamente tardía, después de muchos años de búsquedas infructuosas. “En mi caso, no se ha movido nada”, dice Herrera. “Nosotros no buscamos culpables, solo queremos que nos apoyen para poder rescatar los restos de nuestros hijos. Hemos sido pacientes y esperamos que el Gobierno tome la batuta. Porque sin justicia no hay verdad. Sabemos que hay personas que saben, pero no quieren hablar por miedo”.

Originaria de Michoacán, la familia Trujillo Herrera se dedica a la compra venta de oro, plata y cobre. En agosto de 2008, tres de los hermanos viajaron a Oaxaca por trabajo. A la vuelta pasaron por Atoyac, en Guerrero. Uno de los hermanos, Raúl, de 19 años, tenía una novia allí. Las investigaciones que hizo posteriormente la familia revelan que varios grupos armados andaban peleando aquel día en la zona. Los hermanos Trujillo Herrera se vieron envueltos en la batalla. La familia no entiende muy bien qué pasó ni por qué. Raúl y Salvador, de 24 años, desaparecieron, igual que otras cinco personas, compañeros de trabajo. No han vuelto a aparecer.

Dos años más tarde, en septiembre e 2010, otros dos hermanos, Gustavo, de 28 y Luis Armando, de 25, viajaron a Veracruz, también por trabajo. A la altura de Vega de Alatorre, entre el Puerto de Veracruz y Papantla, pararon en un retén militar. Gustavo llamó a su esposa para decirle que les habían parado en el retén. No se volvió a saber de ellos.

En 2011, María Herrera se unió al Movimiento por la Paz, del poeta Javier Sicilia. Allá se encontró con el propio Sicilia. Su hijo había aparecido muerto en marzo de ese año junto a otras seis personas. Y se encontró con familiares de más víctimas de la violencia, caso por ejemplo de Julián Lebarón, cuyo hermano había muerto asesinado en Chihuahua. Tantos años después, Lebarón volvió a levantar la voz en noviembre, después de la matanza de seis niños y tres mujeres en una comunidad vecina a la suya, esta vez en Sonora.

El Movimiento por la Paz le permitió ver a Herrera que la violencia no era una excepción, sino que estaba afectando a mucha gente. En 2012 creó una red para integrar a los distintos colectivos de familiares de desaparecidos en México. Y ahora cada año se juntan todos en un punto del país para hacer búsquedas. Justo ahora, Maria y sus compañeras se encuentran inmersas en la búsqueda de este año. Es en Papantla, Veracruz. “Pensamos que aquí están mis hijos”, dice, en referencia a los que desaparecieron allá cerca, en 2010. “A mí me han asegurado que en 2010 había un lugar específico donde tiraban los cuerpos, un predio que se llama La Gallera. Ya hicimos dos búsquedas ahí el año pasado, por estas fechas también”.


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