Las universidades españolas son sometidas a tal grado de fiscalización que el papeleo las asfixia en su día a día. Sin embargo, pocas saben cuánto cuesta la carrera de cada estudiante porque los cálculos no están bien hechos. Se estipulan los precios de matrícula a ojo de buen cubero por su grado de experimentalidad. Al ministro Manuel Castells, reputado sociólogo que asegura venir “de otra galaxia” [California], este hecho le asombra. En una intervención reciente en el Congreso, tras hablar de tasas y becas afirmó: “Todo esto se basa en un ente misterioso: el costo por estudiante. Soy científico, soy universitario, soy investigador y conozco estos temas. ¿De dónde sale el costo? ¿Quién lo define? ¿En función de qué? Hay un método complicadísimo pero serio: la contabilidad analítica”.
“¿Y qué pasa? Que pocas universidades tienen esta contabilidad analítica porque se necesitan unos criterios relativamente homogéneos. Lo he hablado con la CRUE [la conferencia de rectores], tiene que haber una común y coordinada para que se sepa más objetivamente qué pasa en cada universidad”, prosiguió Castells. “En este momento se están definiendo los criterios para efectuar esta contabilidad. Hay pocas universidades que la tengan implantada de forma rutinaria”, responde a estas palabras José Carlos Gómez-Villamandos, presidente de la CRUE y rector de Córdoba. Y lo argumenta: “Es difícil imputar los costes en cada actividad [docencia, investigación y transferencia de conocimiento] para conocer el coste de la educación”.
Hasta 1983, que se aprueba la Ley Orgánica de Universidades (LOU), el Ministerio de Educación atendía las obligaciones financieras de las universidades. Pero con la cesión de las competencias a las comunidades autónomas (1984-1996), que coincidió con un aluvión de estudiantes y un aumento de la oferta académica, el escenario cambió y los campus tuvieron que preocuparse de los números. En 2012 el ministro José Ignacio Wert (PP), para compensar la bajada en financiación a las universidades, obligó a que los estudiantes asumiesen entre un 15% y un 25% del coste de su matrícula y que el resto (hasta llegar a unos 6.00 euros) corriese a cuenta del Estado. ¿Un 15% de qué cuantía total? El “ente misterioso” al que alude Castells.
El pasado 7 de mayo el ministro anuló esta horquilla de entre el 15% y el 25% de la matrícula -con la intención de que las comunidades que más cobran bajen los precios-, pero el porcentaje que sale del bolsillo del alumno sigue ligado a un total opaco. Para saber cuánto cuesta realmente la carrera de un alumno, las universidades tienen que analizar el coste en profesorado, en personal de administración y servicios (PAS) y los gastos de mantenimiento de los edificios. Porque no cuesta lo mismo que el estudiante acuda a una facultad antigua sin eficiencia energética que a una nueva, aunque en ambos casos el inscrito abone lo mismo.
Las medidas urgentes de racionalización del gasto impuestas por Cristóbal Montoro en 2018 ya obligaban a implantar esta contabilidad, pero los años ha ido pasando con pírricas mejoras. “Solo tenemos publicada la contabilidad analitica la Universidad de Santiago de Compostela y nosotros, pero sé que otras tienen el informe muy adelantado”, explica Margarita Labrador, vicerrectora de Economía en la Universidad de Zaragoza. Su institución empezó a recopilar datos con su propio modelo en 2008 y los difundió en 2012. “Es un trabajo arduo, porque los sistemas informáticos dentro de las universidades en muchos casos no están bien conectados entre sí y es difícil juntar los resultados. Para paliar esto, hemos diseñado entre todas las universidades un modelo consensuado que afina el reparto de costes a través de CRUE”, prosigue Labrador, profesora de contabilidad. El compromiso de los campus es publicar los datos “en uno o dos años, cuando esté terminado”.
“Las universidades llevan en ello muchos años. Es una reivindicación histórica de sus consejos sociales. Es obligatorio por un real decreto de 2012. Esta contabilidad permite conocer el coste de los servicios, el grado de cobertura de la financiación -sobre todo la estructural, los gastos básicos- y facilita muchísimo la rendición de cuentas”, alaba Antonio Abril presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades -el órgano que controla las cuentas de los campus- y secretario general del gigante Inditex. “Si es muy conveniente, ¿por qué no se ha hecho? Hay una dificultad de falta de medios, personal especializado…Además, se quejan las universidades de que el sistema de contratación pública no se adecúa a ellas. Y hay una tercera razón: obliga a hacer muy transparentes los gastos y la rentabilidad de las universidades. Se retratan”.
El pasado febrero el Consejo de Cuentas de Castilla y León reprochó, como lleva haciendo desde 2016, a las cuatro universidades públicas de la región que no hagan una contabilidad analítica. El órgano recuerda a estas instituciones que con estos números se podría comprobar si la financiación de la Junta y el Estado es acorde a las necesidades y examinar si el sistema de becas complementarias de la región se ajusta a la realidad. “Es una herramienta muy útil a nivel interno -como para cualquier empresa- conocer el coste de las actividades que realizamos”, añade a la lista de beneficios la vicerrectora Margarita Labrador. El ente de Castells parece tener los días contados.
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