El escándalo de escuchas ilegales a periodistas, políticos y militares que persigue al Gobierno griego desde hace ocho meses registró este jueves un episodio significativo en el Parlamento. El primer ministro de Grecia, el conservador Kyriakos Mitsotakis, abandonó la Cámara después de que Alexis Tsipras, exgobernante y ahora líder del izquierdista Syriza, primer grupo de la oposición, le preguntara si los servicios secretos del país, conocidos por sus siglas griegas EYP, habían espiado al jefe del Estado Mayor, el general Konstantinos Floros. El opositor de izquierda advirtió al resto de diputados: “Su imagen saliendo sin dar una respuesta lo seguirá para siempre”. La escena se produjo durante el debate de un proyecto de ley sobre cuestiones de vigilancia y espionaje, con el que el Mitsotakis pretende atajar el polémico caso que comenzó con dos periodistas como primeros afectados.
Mitsotakis, líder del partido Nueva Democracia, afrontó en agosto los primeros embates del caso con la dimisión de dos colaboradores de su máxima confianza. Pero eso no bastó. Cada semana aparecen en la prensa local artículos sobre nuevas escuchas ilegales. Primero se difundieron los nombres de periodistas espiados, después aparecieron los de varios empresarios y políticos. Y la semana pasada el diario izquierdista Documento publicó la identidad de 14 altos mandos militares, supuestamente espiados.
El primer ministro, quien gobierna con mayoría absoluta desde julio de 2019, ha reconocido en varias ocasiones que en Grecia se ha espiado a personas mediante el programa de escuchas Predator, de origen israelí. Pero ha negado siempre tener conocimiento sobre el espionaje de cualquier político o militar. Y mucho menos sobre algunos de sus propios ministros, tal como han revelado algunos medios griegos de izquierda.
El periodista Thanasis Koukakis fue la primera persona que tuvo constancia en Grecia de ser espiada mediante el programa Predator. Fue alertado en abril por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, el mismo que ha investigado las infecciones en miles de teléfonos del programa Pegasus, también de origen israelí. El reportero cree que el primer ministro “no dimitirá”. Koukakis explica desde Atenas, en un intercambio de correos electrónicos, que Mitsotakis ha conseguido contar con el apoyo de los diputados de su partido. “Pero”, vaticina, “Grecia irá a las elecciones [previstas para el verano de 2023] con este asunto dominando el periodo preelectoral, porque la justicia griega no comenzó a participar activamente en las investigaciones del caso hasta las últimas semanas, a pesar de que el escándalo se destapó en abril de 2022″.
Una de las primeras medidas que adoptó Mitsotakis como primer ministro fue vincular a los servicios secretos —que dependían del Ministerio de Orden Público— con su oficina, dirigida por su sobrino, Grigoris Dimitriadis. La otra medida fue nombrar como jefe de la inteligencia a Panagiotis Kontoleon, el director de una compañía privada de seguridad.
El escándalo de las escuchas ilegales venía fraguándose desde la pasada primavera, con el caso de los dos periodistas. Pero estalló el 26 de julio cuando el líder del partido socialista griego (Pasok), Nikos Androulakis, reveló que había recibido un SMS en su teléfono con un enlace que, de haberlo pinchado, le habría hecho caer en las redes del programa de espionaje Predator, gestionado por la empresa Intellexa, afincada en Grecia y dirigida por un antiguo general del Ejército israelí.
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Pocos días después de la denuncia del líder socialista, el 4 de agosto, el jefe de los servicios secretos admitía que su oficina había espiado al periodista Thanasis Koukakis, responsable en Grecia de la información económica de CNN Greece. Al día siguiente, el 5 de agosto, dimitieron Kontoleon y Dimitriadis, el sobrino del primer ministro.
Mitsotakis admitió que en el país se habían realizado escuchas ilegales mediante el programa Predator, pero negó cualquier implicación de su Ejecutivo. Al cabo de varios meses en los que el escándalo seguía generando titulares, el Gobierno decidió el pasado noviembre prohibir la venta del programa espía en el país.
Stavros Malichoudis, un periodista que trabajaba en temas de inmigración y el segundo que resultó espiado, según la prensa local, afirma desde Grecia: “Lo más decepcionante es que, a pesar de las muchas revelaciones que se han publicado, las autoridades y la justicia no han estado a la altura de su papel respecto a los ciudadanos”.
Malichoudis explica que en el Parlamento se abrió una comisión de investigación, pero asegura que el Gobierno, gracias a su mayoría absoluta, no permitió que se llegara al fondo del asunto. “Eligieron a los testigos a los que invitaban. Y ni Koukakis, el otro periodista espiado, ni yo fuimos invitados. Tampoco aceptaron que compareciesen las principales personas que están detrás de este escándalo, como el sobrino del primer ministro y el exjefe de los servicios secretos”, añade.
Una imagen internacional deteriorada
El caso de las escuchas, que el opositor Tsipras califica como el Watergate griego, ha deteriorado la imagen del Gobierno en el exterior. The New York Times publicaba este jueves un reportaje de investigación en el que revela que el Gobierno griego ha reconocido, ante preguntas efectuadas por el diario, que otorgó licencias a la empresa propietaria de Predator para vender el programa “al menos a un país con un historial de represión: Madagascar”.
Por su parte, el diario británico Financial Times publicaba el 10 de noviembre un artículo titulado: “El asunto del software espía empaña la imagen restaurada de Grecia”. El periódico concluía, tras ensalzar la buena evolución económica del país y recordar los elogios de la Unión Europea hacia Atenas por su ayuda en el control de la inmigración irregular: “Cuanto más se demora el Gobierno en dar una explicación [sobre las escuchas], más parece que tiene algo que ocultar”.
Una comisión parlamentaria europea, encargada de examinar el uso de programas de escuchas como Pegasus y equivalentes, visitó en noviembre Atenas. Una de sus integrantes, la eurodiputada holandesa Sophie in’t Veld, declaró que la comisión se marchaba de Grecia con más dudas de las que tenía cuando llegó.
Pavol Szalai, responsable de Reporteros sin Fronteras en Grecia, cree que el caso de las escuchas es el más grave de todos los que se han registrado este año en la Unión Europea contra la prensa. “Realizar escuchas a un periodista de forma ilegal”, explica Szalai, “es muy grave, porque se identifica a sus fuentes. Eso es atacar al corazón del periodismo y, por tanto, también de la democracia”. Szalai recuerda que Grecia ocupaba el último puesto de la Unión Europea en la clasificación mundial efectuada en 2022 por esta organización sobre 180 países de diferentes continentes y se situaba en el puesto 108.
Reporteros sin Fronteras ha asegurado, mediante un comunicado, que el proyecto de ley impulsado por el Gobierno solo ofrece “mejoras en gran medida cosméticas” que “están muy por debajo de las expectativas y estándares europeos”. Szalai argumenta que una persona que sea espiada solo será informada al cumplirse tres años de finalizar su vigilancia. “Y es una comisión cuya independencia e imparcialidad son cuestionables, la que decidirá si se informa o no al interesado”, subraya la organización en un comunicado.
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