El Estado de Bienestar, a debate en México | Artículo

Rogelio Muñiz Toledo

“Siempre he creído que la política tiene que ver, ante todo, con las ideas. Sin un decidido compromiso con objetivos y valores los gobiernos son ineficaces y van a la deriva, por grande que sea la mayoría que los apoye”: Tony Blair *

Las consecuencias sociales de la actual crisis económica podrían dar un nuevo impulso a los debates sobre la necesidad de encontrar una alternativa progresista y comprometida con la justicia social que permita replantear el proyecto socialdemócrata que hizo posible la construcción de los Estados de Bienestar en el siglo XX o, al menos, reformar el capitalismo para “restaurar el equilibrio entre las funciones del Estado y las del mercado”, como lo ha propuesto desde hace dos décadas el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, para que, como lo planteó hace cinco años Jürgen Habermas, los gobiernos puedan responder a las demandas de justicia social, lo cual, a juzgar por las crecientes desigualdades y los niveles de pobreza que ha dejado su implementación, no es posible con la política neoliberal.

Ante las proyecciones del Banco Mundial y de otros organismos multinacionales sobre el número de personas que como consecuencia de esta crisis caerán en la pobreza y en la pobreza extrema, crece el consenso, incluso entre los defensores del neoliberalismo, sobre la necesidad de construir Estados de Bienestar -o de reforzar sus capacidades fiscales ahí donde ya existen- para que los gobiernos puedan hacer frente a los retos que les ha dejado como herencia la fracasada política neoliberal: erradicar la pobreza, lograr una más justa distribución del ingreso y la riqueza y cerrar las crecientes brechas de desigualdad.

Al inicio de su gobierno, el presidente López Obrador dijo que su proyecto de transformación del régimen se sustentaría en dos paquetes de reformas, uno relacionado con la austeridad republicana y el combate a la corrupción y a la impunidad y otro para construir un Estado de Bienestar.

En el tema del bienestar social se ha avanzado con la aprobación de algunas reformas constitucionales y legales, la reorientación del gasto público, los inéditos aumentos a los salarios mínimos en 2019 y 2020 y un conjunto de políticas públicas y al menos seis programas sociales para garantizar el ejercicio de derechos sociales, algunos de los cuales incluso se han constitucionalizado; pero para construir un Estado de Bienestar aún faltaría gran parte del andamiaje jurídico -en gran parte constitucional- y de las bases fiscales y de política económica para su implementación.

Los artículos 1, 2, 3, 4, 25, 26 y 28 constitucionales (cuatro de ellos reformados durante este gobierno) contienen disposiciones que le permiten al Presidente implementar una política de bienestar y dar los primeros pasos hacia un modelo de desarrollo que se oriente hacia una más justa distribución del ingreso y la riqueza, tal y como lo establece expresamente el texto vigente del artículo 25; pero la creación de un Estado de Bienestar requeriría un conjunto de reformas constitucionales y legales para redefinir la función social del Estado e ir a un nuevo pacto fiscal que soporte la inversión pública necesaria para implementar la política y los servicios de bienestar.

La construcción de un Estado de Bienestar y la implementación de una nueva política económica, como lo propone el presidente López Obrador, solo será posible con una política fiscal que lo soporte y sobre la base de un auténtico Estado de Derecho, en el que el compromiso del Estado con la justicia social y con una más justa distribución del ingreso y la riqueza no se contraponga ni con la libertad económica ni con el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales y de las libertades -en particular los derechos a la igualdad jurídica, al trabajo, a la libre concurrencia y a la propiedad privada-, en el que se garantice la seguridad jurídica y en el que la actividad estatal respete la esfera jurídica de los gobernados.

Una alternativa al modelo neoliberal en la que se proponga la construcción de un Estado de Bienestar sobre la base de vulnerar los derechos, las libertades y sus garantías, como la del presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, es inaceptable e inviable.

Aunque a sus asesores les haya fallado la forma en la que presentaron la única gráfica con la que pretenden sustentar las afirmaciones del Presidente sobre el crecimiento económico, la desigualdad y la injusta distribución del ingreso en México en su documento “La nueva política económica en los tiempos del coronavirus”, el diagnóstico de López Obrador sobre el fallido modelo de desarrollo neoliberal imperante en el mundo desde hace cuatro décadas y sobre la desigualdad que ha provocado es acertado y los datos que lo demuestran son innumerables, aunque no se aporten como evidencia en su texto; pero al documento le faltan definiciones teóricas sólidas y es necesario desarrollar las ideas del Presidente y articular sus propuestas no solo en lo económico, sino en lo jurídico y lo político; lo que evidencia, por enésima ocasión, las deficiencias de la asesoría al Presidente en estas materias.

En el Informe sobre Desarrollo Humano 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se señala: “Hoy en día tenemos ante nosotros la cresta de una ola de desigualdad”. El CONEVAL ha documentado la persistencia de la desigualdad y de la injusta distribución del ingreso en México con los datos sobre la evolución de la población en pobreza en materia de ingresos: entre 1992 y 2012 el porcentaje de la población en pobreza por patrimonio casi se mantuvo igual, pasó de 53.1 a 52.3, y el de población en pobreza alimentaria disminuyó solo marginalmente, de 21.4 a 19.7; y de de 2008 a 2018 el porcentaje de la población con ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema se mantuvo igual, 16.8%, y el de la población con ingresos inferiores a la línea de pobreza tuvo una disminución insignificante, pasó de 49% a 48.8%.

En el documento “La nueva política económica en los tiempos del coronavirus” el presidente López Obrador utiliza la palabra bienestar en treinta ocasiones, pero solo en dos de ellas se refiere específicamente al Estado de Bienestar. Y aunque establece claramente los objetivos de su propuesta: “El Estado de bienestar igualitario y fraterno que estamos construyendo tiene como objetivo la protección de las personas a lo largo de la vida, desde la cuna hasta la tumba, haciendo realidad el derecho a la alimentación, al trabajo, la salud, la educación, la cultura, la vivienda y la seguridad social”, siguen faltando una clara definición sobre el diseño institucional y los alcances de su propuesta de Estado de Bienestar y de la políticas fiscal y económica para sustentarlo, sobre las reformas constitucionales y legales que se requerirían para establecerlo y sobre las bases de su “nueva política económica” para implementarlo.

A los principios enunciados por el presidente López Obrador para su nuevo modelo de política económica y de bienestar -democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar- habría que agregar otros: Estado de Derecho, justicia social, respeto a la propiedad privada, garantías para el ejercicio de los derechos y las libertades y seguridad jurídica.

Aunque el presidente López Obrador se ha mostrado contrario al desarrollo teórico de sus ideas sobre el cambio de régimen, creo que para institucionalizar su propuesta de Estado de Bienestar sería necesario que estuviera dispuesto a abrir el debate sobre el tema e incluso a la creación de una comisión plural encargada de elaborar los estudios necesarios para la construcción del Estado de Bienestar, en la que se analizaran, debatieran y desarrollaran sus ideas y propuestas, para facilitar un acuerdo nacional que le diera viabilidad a las reformas constitucionales necesarias para su implementación.

Cuando hace más de veinte años el primer ministro británico, el laborista Anthony Blair, planteó la “Tercera Vía” como una alternativa al proyecto socialdemócrata de la vieja izquierda europea y a la política neoliberal de la nueva derecha mundial, desarrolló un modelo sustentado teórica y políticamente -el sociólogo Anthony Giddens jugó un papel fundamental en ello- en el que definió con claridad los elementos económicos, jurídicos, sociales e internacionales de su propuesta.

De la misma forma, la propuesta de nueva política económica y de Estado de Bienestar del presidente López Obrador requiere un desarrollo teórico para enfrentar las resistencias de quienes defienden la permanencia de la política neoliberal y para deslindarse definitivamente de propuestas -empezando por las que vienen desde dentro de la 4T- que sean contrarias al Estado de Derecho, a la democracia liberal y al respeto de las libertades y los derechos fundamentales.

Para convocar al debate sobre el Estado de Bienestar y construir un acuerdo nacional para su establecimiento a nivel constitucional y su implementación en el corto plazo, el presidente López Obrador podría aprovechar la oportunidad que se le presenta a partir de dos acontecimientos: las reacciones a su “nueva política económica” y al contenido del comunicado de prensa de Morena, firmado por Alfonso Ramírez Cuéllar, en el que se hacen propuestas de reforma constitucional relacionadas con el Estado de Bienestar contrarias al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales y a las libertades, y que inoportunamente fue dado a conocer casi simultáneamente con el texto del Presidente, pero cuyo contenido fue rápida y contundentemente rechazado por López Obrador; y la exhortación de un amplio grupo de legisladoras y legisladores -de las oposiciones y de Morena- para que el Presidente contemple, como medida temporal ante la crisis económica, el otorgar un “ingreso único vital”, seguido del anuncio de que presentarán una iniciativa de reforma constitucional para su establecimiento definitivo, lo que sería un elemento central en la construcción de un Estado de Bienestar.