Xiomara Castro, presidenta de Honduras, reconoció, el pasado 9 de mayo, la responsabilidad del Estado en la muerte de Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista del “Colectivo Unidad Color Rosa”, ocurrida en San Pedro Sula el 28 de junio de 2009,
“Reconocemos, ante la comunidad internacional, el pueblo y familiares de Vicky Hernández, la responsabilidad del Estado de Honduras en los hechos que llevaron a su muerte ocurrida en San Pedro Sula el 28 de junio de 2009, al encontrar que la violencia ejercida fue en razón de su expresión de género”, señaló.
En el comunicado emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se señala que la noche del 28 de junio de 2009, Vicky Hernández se encontraba con dos compañeras en la vía pública de San Pedro Sula, durante la vigencia de un toque de queda decretado en el contexto del golpe de Estado que ocurrió ese día. Una patrulla de la policía habría intentado arrestarlas por lo que se dieron a la fuga y se perdieron de vista. Al día siguiente, Vicky Hernández fue hallada sin vida con heridas por arma de fuego.
El 28 de junio de ese año, la CIDH declaró que Honduras era responsable por violar el derecho a la vida de una mujer trans.
La presidenta Castro declaró que los derechos que se violaron fueron al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la libertad personal, a la privacidad, a la libertad de expresión y al nombre.
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Además, reconoció que la muerte de Hernández no fue investigada con la debida diligencia, vulnerando los derechos a la garantía al debido proceso y a la protección judicial.
El gobierno hondureño solicitó el perdón por este hecho y se comprometió a promover y continuar las investigaciones sobre el homicidio de Vicky Hernández, así como a realizar un documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en el país.
Al mismo tiempo, Honduras entregará una beca educativa llamada Vicky Hernández para las mujeres trans, capacitará en esta área a los agentes de los cuerpos de seguridad y adoptará un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia.
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Uno de los puntos más relevantes a los que se compromete es a diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI.
Por último, Alice h. Shackelford, coordinadora de la ONU en Honduras, resaltó que esta acción es histórica porque es la “primera vez que se reconoce una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en violación contra la comunidad LGTBI y toma responsabilidad el Estado”.
Histórico día en #Honduras y en la región! Derechos humanos y de Vicky Hernández son el corazón de Honduras. Primera vez que se reconoce una sentencia emitida por la @CorteIDH en violación de derechos contra la comunidad LGTBI y toma de responsabilidad del Estado @CATTRACHAS https://t.co/LATMjkJIEy
— Alice H. Shackelford (@aliceshackel) May 10, 2022