El Gobierno incluirá en los presupuestos del año que viene una transferencia de 18.396 millones de euros para las pensiones, unos 4.500 millones más que los 13.929 millones que se traspasaron en 2021, según figura en la memoria económica de la reforma que se está tramitando en el Congreso. Esta transferencia empezó a realizarse en 2020, con 1.333 millones, como una aportación para apoyar el equilibrio del sistema. Ahora el ministro José Luis Escrivá está poniendo en marcha una reforma que tiene el respaldo del Pacto de Toledo y en la que enumera una serie de gastos que considera impropios y que está pasando desde la Seguridad Social a Hacienda. Además, recogida también dentro de esa transferencia, en 2022 la Seguridad Social se quedará con 1,5 puntos de cotizaciones que pertenecían al Ministerio de Trabajo y que se dedicarán a financiar las pensiones. Esto es: 5.084 millones de euros.
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Otras partidas que se traspasan al presupuesto del Estado son las prestaciones contributivas por maternidad y paternidad (2.880 millones); las reducciones de cotizaciones para favorecer el empleo (1.690 millones); las subvenciones a regímenes especiales como el agrario o los contratos de formación (996 millones); el coste de las jubilaciones anticipadas involuntarias (2.079 millones); la jubilación anticipada sin coeficiente reductor de algunas profesiones penosas (378 millones); la prestación para la reducción de la brecha de género (884 millones); la integración de lagunas en las carreras de cotización (468 millones); las pensiones en favor de familiares (387 millones), y los complementos de prestaciones contributivas como las que hay para viudedad, orfandad o incapacidades permanentes (3.549 millones).
La idea del ministerio es trasladar el agujero presupuestario donde hay más instrumentos con los que hacerle frente. Y así se pretende alcanzar en 2023 una transferencia total del Estado por valor de 22.567 millones. Si bien el ministerio admite que esa cantidad puede variar. Además, hay otras aportaciones que ya estaban, como los 7.000 millones para complementar las pensiones mínimas y otros 2.700 millones para las no contributivas.
La aspiración es que en dos años se logre el equilibrio presupuestario, justo cuando empiezan a jubilarse las primeras hornadas del baby boom, la generación más numerosa de España, que se corresponde con los nacidos entre finales de los años cincuenta y finales de los setenta, y cuya retirada elevará la presión sobre las cuentas durante tres décadas. No obstante, los expertos calculan que a pesar de esos 22.000 millones probablemente todavía falte algo más para cerrar el déficit.
En todo caso, con estas inyecciones se pretende reforzar el sistema y ganar margen para poder hacer frente a la jubilación del baby boom. En el pico de jubilaciones, allá por 2050, habrá unos 15 millones de prestaciones frente a los 10 millones de la actualidad.
El coste de subirlas con la inflación
Una vez se completen las transferencias, los ingresos se estabilizarán en un 12% del PIB. Sin embargo, el propio Gobierno reconoce en la memoria económica cuánto costará volver a revalorizar las pensiones con la inflación. El gasto anual en relación al PIB, y por tanto en función de la capacidad de ingresar, aumentará significativamente: en 1,4 puntos de PIB para 2030, unos 17.000 millones a día de hoy. Y hasta 2,7 puntos del PIB en 2050, unos 30.000 millones. Por dar una idea, esto supone respectivamente un 20% y un 40% de la recaudación anual del IRPF. Y el año pasado se gastaron en desempleo unos 36.000 millones, incluyendo los ERTE.
No obstante, el Ejecutivo dice en la memoria que este aumento es “razonable y manejable con los instrumentos adecuados”. Según los números enviados a Bruselas para el grupo sobre el envejecimiento, el gasto en pensiones pasaría del 12,3% del PIB hasta el 15,7%, incluyendo el efecto de volver a subir las prestaciones con el IPC. Además, la reforma de Escrivá plantea sustituir el factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional. El factor de sostenibilidad es una iniciativa que aprobó el PP, cuya entrada en vigor estaba suspendida y que recortaba la prestación en función del aumento de la esperanza de vida. Según la memoria de Escrivá, un 30% en términos reales. Si se suprime, el gasto en porcentaje del PIB se situará en el 16,5%. Son 0,8 puntos de PIB adicionales.
Un nuevo mecanismo de corrección
De ahí la importancia de que se ponga en marcha el mecanismo de equidad intergeneracional, señalan fuentes del Gobierno. Estaba previsto aprobarlo para el cuarto trimestre de 2022 reemplazando al factor de sostenibilidad. Pero los sindicatos exigieron que el factor de sostenibilidad se eliminase ya. Y Bruselas se negaba a que se derogase uno sin tener otro en vigor. Así que el acuerdo con los agentes sociales establece que patronal y sindicatos tienen que pactar para el 15 de octubre el nuevo mecanismo. Si no lo hacen, según consta en el acuerdo, el Gobierno legislará solo. En cualquier caso, en muy poco tiempo se tendrá que introducir como una enmienda a la reforma que está en el Congreso y que debería estar aprobada a finales de año. Se adivinan dificultades y obstáculos para tener el mecanismo aprobado a tiempo en un contexto de fragilidad parlamentaria y con los sindicatos reacios a cualquier ajuste.
Si no se consigue aprobar este mecanismo ideado para no sobrecargar a los más jóvenes, la proyección del Gobierno es que el gasto en pensiones subirá en 4,2 puntos de PIB para 2050. Y frente a ello la memoria solo contrapone unos pocos ahorros. Admite que el nuevo esquema de penalizaciones para evitar la jubilación anticipada es solo más duro en los meses 24 y 23 antes de jubilarse y para las pensiones máximas. En general es más generoso en la mayoría de supuestos y sus ahorros estimados son escasos o incluso inexistentes. Y apunta que el mayor ahorro puede provenir del alargamiento de la carrera laboral. Si el 40% de los que se jubilan demorasen unos 3 años su retirada, entonces se podría ahorrar un 1,13% del PIB para 2050, señala la memoria.
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