El arzobispo emérito de Toledo, Braulio Rodríguez, que dejó el cargo en 2019, desoyó durante al menos cinco años los avisos de presuntos abusos de un cura del seminario menor Santo Tomás Villanueva de la capital manchega sobre uno de los alumnos, que tenía 15 años en aquel momento y lo denunció siendo ya mayor de edad, según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico. La víctima informó de los abusos a otro sacerdote en 2009 y luego su madre se lo contó a varios curas de su confianza y al propio arzobispo en 2010. Sin embargo, Rodríguez no tomó ninguna medida, se desconoce si informó a las autoridades, y mantuvo al cura en el centro, en contacto con menores, hasta 2015. Preguntada por su versión de los hechos, a última hora de este miércoles la archidiócesis solo precisó que “desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, el anterior arzobispo procedió, con pleno respeto al principio de presunción de inocencia, conforme a la legislación canónica vigente”. No obstante, no respondió las preguntas de este diario sobre cuándo conoció las acusaciones y por qué mantuvo al sacerdote en su puesto. Tampoco ha aclarado si abrió un proceso canónico e informó al Vaticano, como era su obligación. Asegura que no hay más denuncias contra este religioso.
El caso, después de casi cinco años, está pendiente de que la Audiencia Provincial de León, donde se instruye, decida si acoge el recurso de la Fiscalía para reabrirlo tras el sobreseimiento provisional en primera instancia. La instrucción tiene lugar en León porque el joven presentó la denuncia en esta provincia, al suceder allí uno de los episodios de abusos. En su auto, la fiscal asegura que la Iglesia “prefirió guardar silencio, llegando a transmitir a la madre de la víctima el arzobispo de Toledo, ante quien relató los hechos, que lo que contaba su hijo obedecía a ‘sus afectos desordenados’ y que le pondría en oración”.
Rodríguez mantuvo al sacerdote en el seminario, un internado de educación secundaria y bachillerato, hasta que en 2015 lo nombró rector de la iglesia de San Ildefonso y santuario de los Sagrados Corazones de Toledo. Según un cura del centro de estudios que ha declarado como testigo, el acusado “fue sacado” del seminario. El joven presentó una denuncia en 2016, ya mayor de edad, contra el sacerdote, P.F.R.R., que niega las acusaciones, y la investigación se ha alargado hasta la actualidad. Pese al procedimiento abierto por un presunto delito que supone una pena de 8 a 12 años de cárcel, el cura ha seguido en su cargo estos años y ha dirigido retiros espirituales. El nuevo arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, tampoco ha tomado medidas e incluso lo nombró miembro de la vicaría para el clero hace seis meses. En internet se encuentran vídeos suyos con charlas formativas y conferencias, también podcast de ejercicios espirituales. La archidiócesis asegura que “el actual arzobispo al conocer la situación, está aplicando el vademécum publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe”.
Cinco informes psicológicos, entre ellos los del equipo psicosocial y el del forense del juzgado, han confirmado que el denunciante ha sufrido abusos. Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número uno de La Bañeza, León, ha sobreseído el caso al basarse en un nuevo informe que indica que “no hay una relación de causalidad inequívoca” entre el trauma y los hechos denunciados.
El chico entró en el seminario en 2003 y el sacerdote llegó al centro el curso siguiente, como director espiritual. Fue entonces, a partir de 2004, cuando comenzó a tener relación con el menor, que sufría problemas de acoso escolar. De ese modo el cura se convirtió en su persona de confianza, según relata la fiscal: “Desde que conoció a la víctima se convirtió en su director espiritual y confidente y desde 2006 sus encuentros eran habituales. En febrero de ese año, cuando tenía 14 años, le besó por primera vez en la boca; y en verano, aprovechando una visita al pueblo del menor, le volvió a besar. Durmieron en la misma habitación y al besarle le dijo que le besaba como su padre, por lo que no era pecado”.
Después el cura le regaló un móvil con 100 euros y hablaban todas las noches. Ese verano volvieron a dormir juntos en el encuentro mundial de familias organizado con motivo de la visita de Benedicto XVI. Fue en Puzol, en las afueras de Valencia, y se repitieron los tocamientos. Días después fueron juntos a unos ejercicios espirituales en una residencia de monjas en La Bañeza, León, las Misioneras Apostólicas de la Caridad, en donde el cura ejercía de asesor. En este lugar le llevó a su habitación, introdujo su pene en la boca y le dijo que se masturbara, relata el ministerio público. En los meses sucesivos se repitieron los abusos, también en el seminario menor de Toledo. La situación se mantuvo hasta 2007, cuando el denunciante le dijo al cura que le gustaba una chica y no quería volver a verle. Después lo contó a su familia y finalmente presentó la denuncia años más tarde.
El cura acusado: “Realmente no merezco vivir”
El sacerdote, indica el escrito de Fiscalía, era “amigo, y casi parte de su familia, una persona de confianza a la que apreciaban y que acudía a visitarles siempre que el menor se encontraba con ellos, hasta que conocieron lo que había hecho con su hijo”. En una ocasión el cura llegó con el menor a casa a las tres de la mañana y les dijo que habían estado rezando. En 2009 el joven tuvo un intercambio de mensajes con el sacerdote que la policía extrajo de su móvil y en el que le recriminaba lo ocurrido. “Realmente no merezco vivir”, le contestó el cura, según consta en la documentación. Un detalle sorprendente de la defensa del sacerdote es que ha aportado a la causa unos escritos del menor, que el cura conservó en su poder, en los que intenta demostrar un supuesto desequilibrio mental del chico porque en ellos habla con Dios y la Virgen. Los informes forenses les negaron cualquier validez y la juez tampoco los ha considerado relevantes.
Ante la decisión de la juez de instrucción de archivar el caso, la Fiscalía recuerda que la declaración del joven cumple los requisitos para que sea considerada una prueba directa, por ser coherente, convincente y sin que haya un móvil espurio derivado de las relaciones con el querellado. Además señala que hay una circunstancia agravante de prevalimiento, al tener el acusado una relación de superioridad de la que se habría aprovechado. En este sentido, el informe psicosocial del Instituto de Medicina Legal de León y Zamora es claro: “Se detecta una situación de abuso sexual continuado en el que el evaluado se encuentra en una posición de especial vulnerabilidad y asimetría de poder con respecto al denunciado, debido a su corta edad, a la situación de necesidad de apoyo emocional debido a la inseguridad que le produce el rechazo de sus iguales y la situación de acoso escolar y a la convivencia con el denunciado en un centro cerrado. (…) Logrando el denunciado anular y aislar al denunciante para que contase con su único apoyo y manipulando el vínculo afectivo con el menor”.
El psicólogo forense diagnosticó al denunciante un trastorno depresivo ansioso y afirma que no observa patología psíquica como para “que se dude de la veracidad de su testimonio”. Concluye que “las declaraciones constituyen una prueba válida y suficiente y contienen gran cantidad de detalles y criterios propios de realidad”.
En el pasado, el acusado ejerció como vicario parroquial en Villacañas, Toledo, en los años noventa. También pasó por el seminario menor de Mora, en la misma provincia. Después fue trasladado a Granada, donde fue párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, en Guadix. Luego regresó a Toledo y fue nombrado director espiritual del seminario menor en 2004. También hizo visitas al seminario de Moyobamba, en Perú, la última vez el año pasado. En esta localidad la diócesis de Toledo envía sacerdotes como misioneros. Uno de ellos fue arrestado por abuso de menores en 2017 en el seminario Juan Pablo II de la localidad, donde era director espiritual, pero finalmente fue absuelto y regresó a España, según la información de la diócesis.
Este sacerdote no es el único acusado de abusos que ha pasado por el seminario menor de Toledo. Otro cura, José Luis Galán Muñoz, que está a la espera de juicio por abuso de menores en Talavera de la Reina, era profesor del seminario en los mismos años y fue secretario de estudios. En su caso, una joven le acusó de abusos cuando era director espiritual de su colegio, Hijas de María Nuestra Señora, de Talavera, entre 2010 y 2014. Tras presentar una denuncia, escribió al papa Francisco y al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y solo después el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, abrió un proceso canónico y lo trasladó como capellán a un convento en 2018. Rodríguez también desoyó los abusos de otro sacerdote en Salamanca, condenado en 2014 por un tribunal canónico, cuando era obispo de esta ciudad, entre 1995 y 2002.
Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es
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