Mauricio Macri se considera un perseguido político. El expresidente de Argentina convirtió una indagatoria judicial en un mitin donde acusó al Gobierno de movilizar fuerzas “oscuras y perversas” para meterlo preso. Ante unos 500 seguidores y casi todos los ministros que lo acompañaron hasta diciembre de 2019, Macri denunció lo que consideró “dos años de agresiones, descalificaciones, calumnias y persecuciones”. Se refirió así a la investigación que enfrenta por espionaje ilegal contra familiares del ARA San Juan, el submarino que el 15 de noviembre de 2017 se hundió en el Mar Argentino con 44 tripulantes a bordo.
Esta ha sido la tercera citación a Macri en la misma causa. La primera no se presentó porque estaba en el exterior; en la segunda intentó recusar al juez, sin éxito; en la tercera, organizó una plaza con simpatizantes y el núcleo duro de los políticos que lo acompañan. La puesta en escena intentó replicar aquella que en 2016 montó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner frente a los tribunales federales de Buenos Aires. Investigada por una operación de compra de dólares del Banco Central durante su Gobierno, Fernández de Kirchner convirtió su cita ante el juez en un multitudinario acto en el que acusó a los jueces de perseguirla y a Macri de acosarla en los Tribunales. Cinco años después, la imagen se repitió, pero en sentido inverso. El expresidente tuvo que viajar a Dolores, a 150 kilómetros de Buenos Aires, y no hubo multitudes; pero el mensaje fue el mismo.
Está probado que los servicios de inteligencia del macrismo hicieron un seguimiento de los familiares de los marinos muertos en el hundimiento del ARA San Juan. Los agentes se colaban en las manifestaciones organizadas para exigir el esclarecimiento del accidente, realizaban fichas de esposas, padres, hermanos e hijos de los muertos y luego informaban a la seguridad presidencial. En una ocasión, según consta en el expediente, adelantaron a la Casa Rosada el contenido de las demandas que los familiares presentarían a Macri durante una reunión programada. Los archivos del espionaje salieron a la luz en 2020, tas la intervención de la AFI, la agencia de inteligencia, ordenada por el recién asumido Alberto Fernández. Macri dijo entonces que desconocía que se hubiese realizado un seguimiento ilegal sobre las familias de los marinos muertos.
El juez Martin Bava no opinó lo mismo que Macri. Lo procesó y lo citó a su despacho, pero un inexplicable error le impidió este jueves tomarle declaración. Bava olvidó pedir que se releve a Macri del secreto de Inteligencia, como exige la ley cuando se trata de hacer pública información que se considera sensible o confidencial. La eximición corresponde al presidente, en este caso Fernández, quien apuró el trámite y firmó el decreto este mismo jueves, antes de embarcar en un vuelo a Roma para participar de la cumbre del G20.
El olvido del juez fue prueba, para Macri, de que la única intención era citarlo a poco de las elecciones legislativas del 14 de noviembre. “Estoy en Dolores, tratando de entender esta citación tan intempestiva, en medio de una campaña electoral. Pero estamos acá dando la cara, porque sabemos de lo que hicimos y de nuestras buenas intenciones. No somos lo mismo, no le tenemos miedo. El 12 de septiembre le dijimos basta [al Gobierno en las elecciones primarias] y el 14 de noviembre vamos a ratificarlo”, dijo Macri.
No es la primera vez que Macri es investigado por espionaje. En mayo de 2010, cuando era jefe de Gobierno de Buenos Aires, un juez lo procesó por haber presuntamente liderado una asociación ilícita integrada por policías de la capital y armada para interceptar comunicaciones telefónicas. Las víctimas fueron su cuñado, Néstor Leonardo, y Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del atentado a la mutual judía Amia, ocurrido en 1984. La causa cambió más tarde de juez y Macri fue sobreseído el 19 de diciembre de 2015, nueve días después de jurar como presidente.
Únete ahora a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites
Suscríbete aquí
La decisión de Macri de llegar a los tribunales acompañado de militantes y políticos afines no cayó bien entre los familiares del ARA San Juan, que se consideran víctimas del expresidente. Luis Tagliapietra, abogado y padre del tripulante Juan Alejandro Tagliapietra, dijo que la movilización macrista era “una falta de respeto” a las familias. “Es un tema de ellos, que quieren politizar este asunto. Nosotros nunca lo hicimos. Esto se trata de nuestros familiares fallecidos”, dijo. El juez Bava ya tiene la autorización del presidente Fernández para que Macri pueda violar el secreto Inteligencia. Deberá poner ahora una nueva fecha a la cita del expresidente.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región
Source link