El factor EE UU ha irrumpido con fuerza en la crisis abierta tras las protestas del 11 y el 12 de julio en Cuba, que cada vez se internacionaliza más. Las nuevas sanciones anunciadas el jueves pasado por la Administración de Joe Biden, que hasta ahora había dicho que Cuba no era una prioridad y que estaba revisando su política hacia la isla, abren de nuevo el camino a la confrontación diplomática y amenazan con cerrar las puertas a la esperanza de que desde Washington pueda provenir algún tipo de alivio a la crítica situación económica que atraviesa el país.
No va a ser así, al menos de momento. La estrategia estadounidense complica la solución de un escenario explosivo, en momentos de gran malestar de la población por las penurias que se viven, con la economía en números rojos, la epidemia desbocada y el Gobierno achicando agua, y cuando han comenzado los juicios sumarísimos contra centenares de detenidos en las protestas, en su mayoría jóvenes.
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La dinámica de presión y sanciones de Washington suele provocar el enrocamiento de La Habana, advierten veteranos observadores. Y quizás por eso el jueves hasta los más críticos con el Gobierno de Miguel Díaz-Canel vieron como un mal augurio el anuncio de la Administración de Joe Biden de que sancionará al ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y la Brigada Especial Nacional —un cuerpo de élite del Ministerio del Interior popularmente conocido como boinas negras—, por la represión ejercida por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones que el 11 julio sacudieron la isla.
“Apaga y vámonos”, dijo, nada más conocer la noticia, un profesional jubilado cuyo hijo fue detenido en las manifestaciones del parque de la Fraternidad y liberado al día siguiente. Era una reunión de amigos, y en ese momento se hablaba con preocupación de las primeras condenas de los procesos sumarios, de hasta un año de cárcel por desorden público y desacato, enfatizando los reunidos que incluso voces cercanas a la oficialidad han demandado que todos los manifestantes pacíficos sean liberados y solo vayan a juicio los que participaron en hechos violentos.
Cuando el grupo supo de las declaraciones de Biden, en el sentido de que “esto es solo el principio” y que “Estados Unidos seguirá sancionando a los individuos responsables de la opresión sobre el pueblo cubano”, hubo varios que se echaron las manos a la cabeza. “Con Estados Unidos no hay arreglo, compadre”, se lamentó uno de los que hasta ese momento más había gritado contra las condenas a los manifestantes.
Inmediatamente después, lo que tenía que suceder, sucedió. El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, convocó una conferencia de prensa en la cual volvió a acusar a Washington de estar detrás de las protestas del 11 de julio, de promover la manipulación a través de las redes sociales para provocar la desestabilización del país y de exacerbar hasta límites imposibles el embargo económico para agravar la crisis y las penurias en la isla. Sobre las sanciones impuestas al ministro de las Fuerzas Armadas y a los boinas negras, afirmó que estas fueron “políticamente motivadas e intencionadas, y totalmente irrelevantes desde el punto de vista práctico”.
EE UU, dijo, no tiene “la menor autoridad, ni legal ni política ni moral, para andar sancionando a gente por el mundo cuando se sabe que tienen una conducta bastante reprobable en materia de represión”, y añadió que tampoco posee “ninguna autoridad moral para pedir que se libere a personas detenidas en Cuba: es un acto de injerencia e intervención en nuestros asuntos internos”. El canciller negó que la mayoría de los manifestantes fueran pacíficos, y emplazó a Washington a demostrar que hubiera “desaparecidos” y menores bajo arresto, asegurando que lo ocurrido no era “un estallido social”, sino que fueron disturbios violentos, y que los que serán procesados por ello contarán “con todas las garantías de la ley cubana”.
Todavía no hay cifra oficial de detenidos ni tampoco se ha informado de cuántas personas serán llevadas a juicio, tema que está ahora en el centro de los debates en las redes sociales —internet vuelve a funcionar—, donde cada vez más gente del mundo de la cultura se pronuncia en contra de la mano dura en los juicios y piden que se investiguen las denuncias de abusos policiales hechas por algunos de los arrestados.
En este tenso ambiente, con cada vez más voces críticas haciéndose escuchar, y en medio de una crisis profunda a la que no se ve final y que es la base del malestar que llevó a la gente a las protestas, el factor EE UU se convierte en clave. “Si tuvieran un mínimo de inteligencia quitarían el bloqueo ya, lo que están haciendo es fortalecer dentro las posiciones más duras”, dijo el padre del joven detenido el 11-J.
Hay bastante consenso en que EE UU en vez de echar más gasolina al fuego haría bien en proporcionar agua para apagarlo, y más cuando la crisis tiende a internacionalizarse. La Habana volvió a acusar a Washington de tener evidencias de sus presiones a varios Gobiernos de la antigua Europa del Este y también a países latinoamericanos para que condenen a Cuba, algo que ya han hecho algunos. Mientras, otras naciones como España tratan de mantener la equidistancia y piden solidaridad y ayuda humanitaria en estos momentos de pandemia, sin dejar de condenar la violencia policial empleada para acallar la protesta y criticar el embargo.
Este viernes, The New York Times publicó una carta de 400 intelectuales, políticos, artistas, científicos y exjefes de Estado en el que se hace un llamamiento para que la Casa Blanca levante inmediatamente las más de 240 sanciones adoptadas por Donald Trump durante su mandato “que obstaculizan los esfuerzos de Cuba para controlar la pandemia”. Firman figuras del cine como Jane Fonda, Susan Sarandon, Danny Glover y Mark Ruffalo, o ex presidentes como Lula da Silva (Brasil) y Rafael Correa (Ecuador).
Mientras los juicios sumarios y las condenas de cárcel llegan en avalancha, en La Habana y en otras localidades las colas y el desabastecimiento permanecen y la pandemia avanza. Reconocidos economistas cubanos han dicho por activa y por pasiva que el recrudecimiento del embargo, la persecución financiera y a los suministros de petróleo y el efecto de la ley Helms-Burton para desincentivar las inversiones han agudizado la crisis. Pero señalan que son la ineficiencia estructural del sistema productivo y las reformas económicas tantas veces pospuestas, además de la falta de espacios de debate para discutir las visiones distintas, las que han puesto al país contra las cuerdas. Hay consenso en que las soluciones son internas, y dependen solo de la voluntad del Gobierno de introducir reformas de calado, no parches, para aliviar la situación. Pero que el papel de EE UU es también un factor importante.
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