A un día de que Joe Biden jure su cargo como presidente de Estados Unidos, la noticia de que el FBI lleva una semana investigando a los 25.000 miembros de la Guardia Nacional que protegerán el acto para extremar todas las precauciones ha incrementado el grado de ansiedad y preocupación por la seguridad del presidente electo, Joe Biden; de la vicepresidenta, Kamala Harris, y de todos los asistentes a la toma de posesión del demócrata en la capital estadounidense. El acto se produce solo dos semanas después del asalto contra el Capitolio que orquestaron partidarios del presidente saliente, Donald Trump.
No es fácil investigar a 25.000 personas en tan corto espacio de tiempo, pero es mucho lo que está en juego. En una toma de posesión normal, no después del ataque contra el Capitolio del pasado 6 de enero, el despliegue hubiera sido muy inferior (entre 8.000 y 10.000 efectivos). Según el secretario del Ejército, Ryan McCarthy, citado por la agencia Associated Press, los responsables de la seguridad son conscientes de la posible amenaza y han advertido a los superiores de que estén muy atentos si observan algún problema o actitud sospechosa dentro de las filas, según se ha ido aproximando el 20 de enero.
“No paramos de revisar, una, dos y hasta tres veces a cada uno de los individuos asignados a la operación” desplegada en la capital de la nación, recalcó McCarthy. La revisión que está haciendo el FBI se añade a la que, de forma rutinaria, llevan a cabo los mandos militares sobre sus hombres en este tipo de ocasiones. A las cautelas habituales se ha sumado en esta ocasión el temor a que mañana se pudiera repetir algo parecido a lo ocurrido el pasado 6 de enero y los indicios de que algunos de los participantes en el asalto pudieran haber contado con el conocimiento, más o menos directo, de miembros de las fuerzas de seguridad estadounidenses.
Desde el 11-S se da prioridad al terrorismo dentro de las fronteras estadounidenses porque, en muchos casos, los individuos se radicalizan en EE UU y se unen a Al Qaeda, el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) o a grupos semejantes. Pero la amenaza que pende sobre Biden en el día de su toma de posesión es de otro signo y ha sido alimentada y reforzada por fanáticos de Trump como los supremacistas blancos, la extrema derecha y otros grupos radicales que han hecho bandera del fraude electoral que el presidente anunció incluso antes de que se celebrasen las elecciones del pasado 3 de noviembre.
Para McCarthy, la mayor inquietud sería un ataque coordinado por parte de grupos de individuos armados, así como la colocación de explosivos u otro tipo de artefactos. El secretario del Ejército considera también, tras haber revisado los informes del espionaje, que podrían existir facciones planeando marchas con armas antes del día de la ceremonia de inicio de mandato de Biden y probablemente después.
Entre los grupos extremistas que participaron en el asalto al Capitolio, que dejó cinco muertos, se encuentran los llamados Oath Keepers (creado en 2009, se rigen bajo el lema constitucional de defender el país “contra todo enemigo, extranjero o interno”) y los Three Percenters (milicia nacida en 2008 basada en el concepto erróneo de que tan solo un 3% de los estadounidenses lucharon en la guerra de independencia contra los británicos). Stewart Rhodes, miembro destacado de los Oath Keepers, predijo tras la noche electoral del pasado noviembre que la nación se encaminaba hacia una guerra civil y que nunca reconocerían como legítima la victoria de Biden.
Detenidos
Entre los más de 100 detenidos contra los que el Departamento de Justicia ya ha dictado cargos por su participación en los hechos del pasado 6 de enero se encuentra Jon Schaffer, guitarrista de heavy metal de Indiana, miembro de los Oath Keepers y que se entregó al FBI el pasado domingo. Schaffer también participó en una concentración en noviembre a favor de Trump, donde declaró que jamás permitirían “un sistema comunista”. “No va a suceder”, dijo. “Si llegamos a ese punto habrá un baño de sangre, créame. Nadie quiere que esto pase, pero si siguen empujándonos en esa dirección llegaremos a un punto donde no nos quedará otra elección”, añadió.
Para el FBI, el grupo misógino y racista que se denomina Proud Boys es un foco de preocupación. Y, sin embargo, desde el allanamiento del Congreso, sus líderes se han retirado de las protestas y tampoco planean rebelarse mañana miércoles. Su presidente, Enrique Tarrio, planeaba estar en los actos del día 6, pero fue detenido al llegar a Washington acusado de destrucción de la propiedad por la quema de una bandera del movimiento Black Lives Matter. Tarrio asegura que está disuadiendo a sus miembros sobre sus planes para acudir a marchas armadas en los próximos días. Los Proud Boys, según Tarrio, están “en modo congelación en lo que se refiere a manifestaciones y no se va a organizar ningún evento durante el próximo mes”.
Falsa alarma
Con una ciudad sitiada, en la que sus ciudadanos cada día amanecen con nuevas imágenes y nuevos titulares de lo que podría haber sido una masacre en el Capitolio el pasado día 6, los ánimos están en el rango de la psicosis. Por eso, cuando ayer se desató un incendio en las proximidades del Congreso saltaron todas las alarmas. La ciudad, blindada ante la toma de posesión del demócrata Joe Biden como presidente, se temió lo peor.
Resultó ser un “exceso de cautela” —tras los graves fallos de seguridad vividos el pasado día 6—, la Policía del Capitolio se cubría las espaldas y alertaba el lunes de una “amenaza externa para la seguridad”. De inmediato, los accesos al Capitolio quedaron cerrados hasta que se aclaró lo sucedido. Pero hasta entonces, las autoridades evacuaron algunas zonas e incluso recomendaron permanecer lejos de las ventanas del Congreso, según informó la cadena de televisión CNN.
Cuando llegó la explicación por parte de los servicios de Bomberos, se relajaron los nervios. Se trataba de un pequeño incendio en una tienda de campaña donde vivía un indigente. Pero esta ciudad va a estar en alerta colectiva y personal durante bastante tiempo.
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