El fin del Título 42 no ha revolucionado los ánimos en Tijuana. A unas horas de que caiga la medida que permite al Gobierno de Estados Unidos expulsar de forma inmediata a los migrantes que cruzan de forma irregular, la situación se mantiene tranquila en la veterana ciudad fronteriza. Apenas unos cientos de personas han instalado un campamento entre los dos muros para entregarse a las autoridades estadounidenses. Mientras, miles de personas esperan tranquilas dentro de los albergues de la ciudad con el teléfono en mano, con la esperanza de conseguir una cita en la aplicación del sistema de asilo de Estados Unidos. En Tijuana la pelea no está en el muro, sino en los celulares.
Son las nueve de la mañana y todavía con la mesa de café puesta, Yineysi Olalde se lleva las manos a la cabeza. Esta cubana de 34 años se regaña por el dedazo que la ha sacado de la app CBP One donde aguardaba su turno virtual para pedir refugio. Alrededor de ella, en el albergue Juventud 2000, en el centro de la ciudad, otros migrantes la consuelan: como cada día, desde enero, mañana habrá otra oportunidad. Olalde llegó hace un mes a Tijuana; salió de La Habana en diciembre y después de atravesar Centroamérica, la tuvieron tres meses esperando en Tapachula, en la frontera sur. Allí consiguió un permiso de un año para transitar México. Ese es su plazo máximo: si en ese tiempo no consigue cruzar a EE UU prefiere pedir refugio en el país. “Yo no pienso irme de ilegal”, dice segura. A ella la caída del Título 42 no le interesa: “No me voy a arriesgar”.
Yineysi Olalde, migrante cubana, revisa su celular en espera de una cita con las autoridades de Estados Unidos, en un albergue en Tijuana.
Gladys Serrano
Esa actitud se ha convertido en la norma en Tijuana. La labor informativa de los grandes albergues de la ciudad ha contenido la desesperación de los migrantes, que aguardan con paciencia a que las autoridades de EE UU les otorguen una cita. El Gobierno de Baja California ha reconocido que el aumento del flujo de personas en los últimos días ha terminado por llenar los 42 albergues del Estado, por lo que se van a abrir dos más en Tijuana. Gustavo Banda, director del centro Embajadores de Jesús, el mayor albergue de la frontera norte, que ahora resguarda a 1.670 migrantes, lo achaca todo a la información: “Es fundamental, de eso depende que estén bien tranquilos como están aquí, que para ellos no ha cambiado nada con que se acabe el Título 42, o que estén tratando de brincarse y los vayan a deportar a su país. De eso va a depender toda su vida”.
En esa misma línea insiste José María García Lara, director del albergue Juventud 2000: “Nosotros les recomendamos que esperen a entrar de forma normativa, cómo lo marca el sistema, que no se arriesguen con su familia, porque pueden caer en manos equivocadas con mala información. Y, por ahora, la gente está tranquila. Lo menos que podemos hacer es que no corran riesgos con todos los trágicos de nuestra franja fronteriza”.
La situación es muy distinta a las imágenes que llegan de Ciudad Juárez, donde se han multiplicado las detenciones de migrantes en los últimos días, mientras otros miles aguardan a la desaparición del Título 42 para entregarse. “La desinformación sigue siendo un tema muy importante aquí, los inmigrantes deben de tenerlo más claro: Estados Unidos no está abriendo la frontera, y que sobre todo ahora, al pasar al Título 8, las consecuencias por reincidir el cruce irregular son más fuertes”, apunta Rodolfo Cruz Piñeiro, investigador en migraciones del Colegio Frontera Norte en Tijuana.
Tras la caída esta noche del Título 42, a los migrantes irregulares se les va a aplicar el Título 8 para ser deportados a sus países de origen con una sanción añadida: cinco años sin poder entrar en EE UU. Un castigo que a partir de mañana los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos deberán cumplir en México. Después de que la Administración de Joe Biden llegó a un acuerdo con el de Andrés Manuel López Obrador para que las personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela —países con los que EE UU no tienen acuerdos de devolución— sean deportadas a México. Un convenio tácito que no tiene fundamento jurídico que va a convertir de manera crónica a México en una sala de espera.
Diana Álvarez, una migrante de Honduras, en el albergue Embajadores de Jesús en Tijuana, Baja California.Gladys Serrano
Cada día, antes de las 8 de la mañana, miles de personas se conectan desde Ciudad de México, Guadalajara y toda la franja fronteriza para tratar de acceder al sistema de refugio de EE UU. Una aplicación saturada que está otorgando ahora unos cientos de citas diarias, aunque el Gobierno de Biden se ha comprometido a ampliarlas a 1.000. Algunas personas llevan meses aguardando a que la aplicación les otorgue una oportunidad.
Diana Álvarez y su familia, procedentes de Honduras, todavía no lo han conseguido. Llevan ocho meses en Tijuana y nada se ha movido desde entonces. “Es muy difícil la espera, se nos pasó por la cabeza cruzar ilegal ahora, pero nos recomiendan que no lo hagamos”, señala la mujer, de 29 años, que huyó por las amenazas de las pandillas. Eso mismo expulsó a Óscar Díaz y a su madre Catalina Palencia de El Progreso, en Guatemala. “Teníamos una empresa de mototaxis, y la extorsión llegó a tanto que ya no pudimos pagar. Nos fuimos antes de que nos mataran”, cuenta Palencia, de 57 años, acompañada de sus dos nietas. Después de nueve meses de espera en Tijuana, acaban de conseguir una cita para pedir asilo en EE UU el próximo 20 de mayo.
El CBP One se ha convertido en el muro blando que previene a los migrantes de cruzar de forma irregular al país. Sin embargo, la investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Inés Barrios, advierte de sus fallas: “El hecho de conseguir una cita no garantiza que vayan a tener una resolución afirmativa de residencia. Lo que hemos visto es que las tasas afirmativas son muy bajas. Esto lo observamos por nacionalidad: por ejemplo, en Guatemala, Honduras y Salvador, la tasa afirmativa no rebasa el 6%, es decir, de 100 personas que inician el proceso solo a seis se les concede”.
Migrantes resguardados por la Custom Border Patrol (CBP) en un campamento improvisado entre los dos muros que dividen Tijuana con San Diego.
Gladys Serrano
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