El general Mario Montoya, quien era comandante del Ejército de Colombia en los años en que se produjeron la mayoría de los falsos positivos, el eufemismo con el que se conocen las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de las fuerzas militares, tuvo un rol clave en más de un centenar de estos asesinatos, ha dicho el fiscal, Francisco Barbosa. “Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado en concurso homogéneo simultáneo de 104 de los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en Colombia, dentro de las cuales hay cinco menores de edad”, anunció Barbosa a la revista Semana.
La noticia era un pedido desesperado de las víctimas y llega días después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional surgido de los acuerdos de paz, imputó a otros 15 militares por 127 asesinatos de civiles presentados como ‘falsos positivos’. La Fiscalía de Barbosa había sido criticada por no avanzar con las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que llevaban años en la justicia ordinaria. Con la decisión sobre el exjefe del Ejército, Barbosa busca alejar esa imagen de impunidad.
El fiscal agregó que habrá otras imputaciones contra miembros del Ejército, incluidos generales. La investigación contra Montoya, comandante durante el segundo Gobierno de Álvaro Uribe, indica que el general desconoció una orden del comandante de las Fuerzas Militares de privilegiar las capturas y desmovilizaciones de guerrilleros.
Era 2007 y ya se conocían denuncias sobre asesinatos de civiles a manos de soldados. A pesar de esto, durante todo el 2008, Montoya fue a brigadas militares promoviendo una “política de premios” a aquellos oficiales que presentaran más muertos, los comparaba en un ranking y presionaba para privilegiar las bajas en combate.
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Luego, las víctimas eran presentadas como resultados operacionales y servían a la narrativa de que el Gobierno estaba ganando la guerra contra la guerrilla de las FARC. Pero se trataba de civiles a los que los soldados disfrazaban de combatientes. “En las diligencias de muchos de esos crímenes aparecían personas vestidas donde ni siquiera los impactos de bala cruzaban la ropa. Encontramos víctimas en esos expedientes que tenían dos zapatos derechos o dos izquierdos en los pies”, dijo Barbosa.
Esas denuncias eran un secreto a voces desde esa época, pero solo después del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC se comenzó a conocer su dimensión. La JEP o Tribunal de Paz, el órgano encargado de juzgar los crímenes más graves del conflicto armado colombiano, elevó a 6.402 los ‘falsos positivos’ bajo el Gobierno de Uribe. Durante años, la Fiscalía informó de 2.248 casos entre 2002 y 2008.
Ante la JEP se han presentado cerca de 1.950 miembros de la fuerza pública, entre ellos soldados y generales, como Mario Montoya. Se han acogido a este Tribunal que les otorga beneficios jurídicos como libertad condicionada si dan información que contribuya a esclarecer los delitos.
En una de sus comparecencias ante ese tribunal, el exjefe del Ejército no aceptó su responsabilidad y sugirió que los falsos positivos ocurrieron por soldados díscolos y poco educados. “Los muchachos que van al Ejército son los de abajo, los de estrato uno, no van los estratos dos, tres y cuatro. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos”, dijo Montoya en ese momento. Sus palabras ofendieron a las víctimas que exigieron excluirlo de la JEP por no aportar a la verdad.
Los familiares de jóvenes presentados como guerrilleros también interpusieron una acción de tutela contra la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que avance en las investigaciones de un caso en el que Montoya está imputado desde 2016. Debido a que el general se sometió a la JEP y aunque eso no impide que siga la investigación ordinaria, la Fiscalía se ha abstenido de privarlo de la libertad.
La decisión de imputar al exjefe del Ejército ha sido celebrada como un logro de las víctimas. “Se trata de un paso importante para el derecho a la verdad de las víctimas”, dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas (HRW). Sin embargo, señaló la lentitud de la justicia ordinaria. “Es una lástima que esta decisión recién ocurra ahora. Debido a la competencia de la JEP, la relevancia jurídica de esta imputación hoy es mayormente simbólica. Durante años, HRW ha publicado varios informes que demuestran que la Fiscalía contaba con evidencias contra Montoya”, agregó.
Los abogados de las víctimas de falsos positivos también lo ven como un triunfo aunque lo reciben con cautela. Esto confirma la importancia de la complementariedad de las dos jurisdicciones, la ordinaria y la transicional, ha explicado Sebastián Escobar, defensor de los familiares. “Quienes llegan a la JEP con investigaciones más avanzadas muestran una vocación de contribuir a la verdad. Esperamos que eso pase ahora y Montoya comparezca en la JEP, no en esa tónica de presentarse como un héroe de la patria sino de reconocer que se presentaron crímenes y admitir la verdad como la responsabilidad. Este es un mensaje de que no hay nadie por encima de la justicia”, dice el abogado.
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